Crimen de un joven de 16 años en Viedma: rechazan el pedido de jurado y el debate será ante un tribunal colegiado
Un tribunal técnico colegiado juzgará en Viedma a un acusado por homicidio agravado, amenazas y tenencia ilegal de arma. La defensa había solicitado que el proceso sea por jurado popular tras el revés al pedido de sobreseimiento.
En Viedma, una causa por el homicidio agravado de Jorge Yamir “Coco” Nahuelcheo ocurrido en el barrio Mi Bandera avanzó hacia la etapa de debate oral y público, tras la audiencia de control de acusación. La jueza interviniente rechazó un pedido de sobreseimiento para el imputado, Isaías Barrera y confirmó que el caso será juzgado por un tribunal técnico colegiado.
El hecho principal ocurrió el 9 de mayo de 2024. Ese día, el adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en plena vía pública. La fiscalía atribuyó la autoría del homicidio a Barrera, quien además enfrenta cargos por amenazas calificadas y tenencia ilegal del arma de fuego utilizada ese mismo día.
Los hechos bajo análisis
La causa reúne tres hechos: el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la amenaza calificada también por un arma y la tenencia ilegal del mismo armamento. La fiscalía sostuvo que se trata de hechos independientes y que debían encuadrarse en un concurso real.
El Ministerio Público Fiscal y la querella presentaron un requerimiento conjunto de apertura a juicio, con la descripción de los hechos, la calificación legal y la pretensión punitiva. Ambos señalaron que existen elementos suficientes para sustentar la acusación.
El pedido de sobreseimiento y la respuesta judicial
Damián Torres, a cargo de la defensa de Barrera, solicitó el sobreseimiento por el homicidio, bajo el argumento de que el imputado actuó en legítima defensa. Según su postura, había pruebas objetivas suficientes para descartar responsabilidad penal. Tanto la fiscalía como la querella rechazaron ese planteo y sostuvieron que los elementos disponibles no acreditaban ninguna causal de justificación.
La jueza Daniela Elisabet Zagari coincidió con esa mirada y resolvió que las discusiones sobre la valoración de la prueba deben dirimirse en juicio. Con ese criterio, rechazó el pedido de sobreseimiento y declaró que los hechos reunían condiciones legales para ser debatidos en etapa oral y pública.
Tribunal técnico y no jurado popular
Uno de los ejes de la audiencia fue la definición del tribunal que juzgará el caso. La defensa pidió que interviniera un jurado popular, considerando que la pena en expectativa superaba los doce años de prisión. Argumentó que la fiscalía había sido irrazonable al plantear una pretensión inferior a ese umbral.
Sin embargo, la fiscalía explicó que la competencia se define por la pretensión punitiva del órgano acusador y no por la expectativa teórica de pena. Justificó la elección de un tribunal técnico en la complejidad jurídica del caso y la necesidad de brindar una respuesta clara a la sociedad. La jueza avaló esa postura, citando jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que respalda este criterio.
Próximos pasos del proceso
La magistrada declaró admitidos los tres hechos y las calificaciones legales propuestas por la acusación. Además, fijó que el juicio se desarrollará ante un tribunal colegiado integrado por jueces técnicos. Las partes acordaron un cuarto intermedio para seguir con el análisis de la prueba y definir convenciones probatorias.
Se dejó abierta la posibilidad de retomar conversaciones que permitan explorar una salida alternativa al conflicto, aunque todo indica que la causa avanzará hacia un juicio oral y público.
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