Escándalo en Chos Malal: querían que abusadores sexuales tengan salidas a un gimnasio
Las víctimas, sus familiares y una organización en defensa de los derechos de las mujeres encabezaron la resistencia. La jueza de Ejecución las desoyó y dijo que debía cumplir con la ley. Hasta el intendente se involucró.
El CPEM 40 está frente al gimnasio municipal. (Gentileza)
«Voy a autorizar las salidas, y ordeno que si llega a haber algún clamor social los reintegren de inmediato a la unidad de detención, y vamos viendo», dijo la jueza de Ejecución Penal del interior de Neuquén, Alicia Rodríguez.
No se llegó al «vamos viendo». La autorización para que un grupo de condenados por abuso sexual salga de la Unidad de Detención 51 de Chos Malal hasta el gimnasio municipal quedó trunca antes de cumplirse, justamente por el clamor social que despertó.
«Hoy el intendente Hugo Gutiérrez nos hizo saber que nunca existió un pedido formal para utilizar el gimnasio, y nos informó que no lo va a prestar para ese fin», dijo a Río Negro el fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes.
En una entrevista radial, el intendente amplió: «hubo una consulta verbal, nunca algo formal. No vamos a prestar el gimnasio, de ninguna manera».
«Sorprendidas e indignadas»
Por su parte Mónica Pardo, de la agrupación Las Peludas, afirmó en declaraciones a RTN que «estamos sorprendidas e indignadas por la decisión de la jueza Rodríguez», quien autorizó a un grupo de internos a concurrir al gimnasio municipal para realizar actividades recreativas dos lunes al mes, de 7 a 8 de la mañana.
«El gimnasio está frente a la plaza San Martín, a 50 metros está el ingreso al CPEM 40; a la biblioteca popular; a 100 metros está la parada del colectivo; es un área céntrica de Chos Malal», escribió Pardo.
El fiscal jefe Fuentes amplió: «nos opusimos porque el gimnasio está frente a un CPEM, y uno de los internos está condenado por abusar de siete alumnas» de un colegio de otra localidad.
«Un espacio distinto»
La audiencia ante la jueza Rodríguez se realizó el 3 de mayo, a pedido de las y los defensores de los diez internos de la Unidad 51. Señalaron que el docente a cargo del taller de educación física propuso que una de las clases se hiciera «en un espacio distinto», y se pensó en el gimnasio municipal.
Las víctimas y familiares de las víctimas, que asistieron a la audiencia en forma presencial o virtual, expresaron vivamente su rechazo.
Siete custodios
La jueza las escuchó, pero de todos modos resolvió que a los internos les correspondía ese derecho. Dijo que los condenados saldrían esposados, custodiados por siete penitenciarios, y que no tomarían contacto con nadie de la población de Chos Malal. Y si se produjera «clamor social», volverían de inmediato a la unidad.
La fiscalía pidió la revisión de la medida. Mientras tanto, se conoció la resistencia pública a la decisión judicial, y el rechazo del intendente a prestar el gimnasio, por lo cual la autorización quedó en la nada.
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