Cuestionan el costo que genera la designación del juez electoral de Neuquén

Otra vez hay disidencias en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Al igual que cuando se designó juez electoral a Matías Nicolini, en junio del año pasado, el nombramiento de Jorge Sepúlveda generó rispideces.

La designación por decreto de Jorge Rubén Sepúlveda como juez Electoral de Neuquén reabrió la grieta entre vocales del Tribunal Superior de Justicia. Esta vez fue Germán Busamia quien cuestionó la forma y el fondo elegidos por la presidenta, Soledad Gennari, para cubrir la vacante en ese puesto estratégico.

Sepúlveda, juez de Familia desde 2019, fue designado en Electoral el lunes 4 de marzo por un decreto de la presidenta del Tribunal Superior. La escueta norma legal no desarrolla los motivos por los cuales la elección recayó en este magistrado. «Porque trabaja», fue la respuesta extraoficial que recibió diario RÍO NEGRO cuando preguntó.

Como un DNU


El decreto 90/24 es una especie de DNU presidencial que debe ser aprobado por el Acuerdo de vocales. Sin embargo, en su artículo 3 (el llamado «de forma») expresa: «Notifíquese, cúmplase por la Secretaría de Superintendencia», en vez de agregar «y sométase a ratificación del Cuerpo en el próximo Acuerdo».

Este fue uno de los cuestionamientos que le hizo al decreto el vocal Germán Busamia en la reunión de acuerdo del miércoles 6.

En su voto Busamia observó: «desde lo externo y formal el decreto no contiene la disposición de someterlo a ratificación de este Cuerpo, lo que implica que pretende ser una orden directa de Presidencia sin dar intervención al pleno, más allá de haber sido incluido en el Acuerdo de esta semana, cuando la regla sostenida en el pasado ha sido que se incorporan decretos emitidos hasta el viernes de la semana anterior y este fue firmado el lunes de la corriente semana».

«El pleno, no la presidencia»


El vocal también puso en dudas las facultades de la presidencia para proceder mediante decreto. «Resulta claro que no le corresponde a la Presidencia obrar como lo ha hecho y cuya ratificación pretende, toda vez que el artículo 176 de la Ley 3053 dispone que la designación del Juez Electoral provincial debe ser por el Tribunal Superior, lo que alude al Pleno, y no a la Presidencia«.

«El modo en que se ha procedido a la pretendida designación suprime una función de deliberación del Pleno, al limitarlo a ratificar o no ratificar una decisión individual de la Presidencia», añadió.

Por otra parte, dejó sentado que no existen ni están justificadas las razones de urgencia para realizar la designación de esa manera.

Cuánto cobra el juez Electoral


A continuación ingresó en el costo salarial que implica la designación. Dijo Busamia: «no se precisa qué razones habría en este momento para proceder a la cobertura de esa función, con el costo salarial asociado que genera, en un contexto en que se proyecta al interior y al exterior del Poder Judicial una política de supuesta austeridad y control de gastos».

El juez Electoral percibe una remuneración equivalente al 30% del sueldo de un juez de primera instancia (que supera los 3.200.000 pesos). En el caso de Sepúlveda, sigue ejerciendo como juez de Familia y percibe el salario correspondiente.

En esta época del año, la única actividad que ocupa al juez Electoral es la de pedir a los partidos políticos la revisión de los gastos de campaña. En esa tarea estaba la jueza electora suplente, María Victoria Bacci (jueza de Juicios Ejecutivos), a quien se convocaba según la necesidad. Si su trabajo en Electoral le demanda menos de 15 días continuos, no cobra nada.

Los motivos de la elección


Sigue el interrogante respecto del motivo por el cual eligieron a Sepúlveda, quien sería cercano al vocal Evaldo Moya. Además es conjuez, por lo que reemplaza a un vocal del Tribunal Superior en caso de necesidad.

Moya era presidente del Consejo de la Magistratura cuando Sepúlveda ganó el concurso para ser juez. Obtuvo apenas unas décimas más que la segunda, María Vanina Sobisch: sumó 57,83 puntos contra 57,21.

Busamia fue el único que votó en contra de la ratificación del decreto. El acuerdo fue presidido por Gennari y participaron además Moya, Alfredo Elosu Larumbe y el fiscal general José Gerez.

El caso de Nicolini


El vocal Gustavo Mazieres estuvo ausente. El 7 de junio del 2023, cuando se designó a Matías Nicolini como juez electoral, Mazieres se opuso al desplazamiento de la anterior jueza, Alejandra Bozzano. Quedó en minoría y se plegó al resto de sus pares.

Nicolini era entonces juez Procesal Administrativo del interior de Neuquén, y llegó al juzgado Electoral por pedido del entonces candidato a gobernador Rolando Figueroa.

Después de asumir, Figueroa lo nombró ministro de Seguridad y síndico del Banco Provincia de Neuquén, cargos que ocupa en la actualidad.


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