Declaran inconstitucional la quita del 33% a indemnizaciones: el fallo que emitió la Cámara de Trabajo sobre la reforma laboral
Un nuevo revés judicial volvió a poner en jaque uno de los capítulos más sensibles de la ley de modernización laboral impulsada por el Ejecutivo nacional. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, al determinar que la norma vulnera garantías constitucionales e impone un recorte efectivo de hasta el 33% en los créditos reclamados por los trabajadores en la Justicia.
El fallo se originó a partir de una demanda por el despido de un empleado de un lavadero en 2022. Los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez concluyeron que la legislación aplicaba un tratamiento discriminatorio sobre los expedientes que ya estaban judicializados antes de la sanción de la ley.
Los tres ejes que voltearon el artículo en la Cámara
En el voto del juez Catani, respaldado por la jueza Vázquez, el tribunal argumentó que el mecanismo impuesto por el Gobierno excede la simple regulación de intereses y se transforma en un perjuicio económico directo sobre los montos que deben percibir los exempleados.
Los magistrados fundamentaron la inconstitucionalidad en tres puntos centrales:
- Afectación del derecho de propiedad: al reducir el valor económico final de los créditos laborales reconocidos por sentencia.
- Violación de la igualdad ante la ley: por establecer un esquema desfavorable únicamente para quienes recurrieron a los tribunales a exigir sus indemnizaciones.
- Quita legal injustificada: la resolución sostuvo que la norma impone un recorte forzoso sobre la acreencia del trabajador sin sustento jurídico válido.
Cómo funcionaba la fórmula del recorte
El artículo 55 fija un piso de cobro equivalente al 67% del monto total que resultaría de actualizar la deuda mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés del 3% anual.
Para la Sala I, esta calculadora legal terminaba perjudicando a los trabajadores con expedientes en trámite. Los jueces advirtieron que la ley castigaba el acceso a la Justicia sin ofrecer fundamentos razonables que justificaran esa diferencia de trato frente a otros regímenes indemnizatorios.
El pronunciamiento de la Sala I se suma a un fallo en la misma línea dictado por la Sala VI. No obstante, la batalla judicial está lejos de ser uniforme: las salas II y VIII de la misma Cámara avalaron la constitucionalidad de la norma y respaldaron su aplicación, configurando un escenario de fuerte incertidumbre jurídica para empresas y trabajadores.
Mientras la CGT celebró la resolución en el marco de su ofensiva contra la reforma, la disparidad de criterios entre los jueces laborales anticipe que el choque de interpretaciones terminará dirimiéndose en las máximas instancias, con apelaciones que apuntan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un nuevo revés judicial volvió a poner en jaque uno de los capítulos más sensibles de la ley de modernización laboral impulsada por el Ejecutivo nacional. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, al determinar que la norma vulnera garantías constitucionales e impone un recorte efectivo de hasta el 33% en los créditos reclamados por los trabajadores en la Justicia.
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