Denuncian a un juez penal de Roca por hostigamiento: una jueza dispuso medidas preventivas
Se trata de Gastón Martín quien negó la acusación. En 2018, la actual magistrada del Tribunal de Impugnación Rita Custet Llambí lo denunció por maltrato.
El juez penal de Roca Gastón Martín negó los hechos.
Los tribunales de Roca quedaron nuevamente en el centro de las críticas por la denuncia que involucra a un magistrado del fuero penal. La víctima acusó actos de hostigamiento y rápidamente una jueza de familia tomó medidas. No es la primera vez que se reportan este tipo de conductas, incluso con casos más graves de abuso sexual.
Oficialmente se informó que sobre el juez de juicio Gastón Martín pesa una prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier vía, personalmente o por intermedio de terceras personas.
El juzgado de Familia dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario para entrevistar a la denunciante y al denunciado. La Defensa Pública le asignó a la denunciante un defensor oficial y el magistrado contrató a un abogado particular. La víctima no pertenece al entorno del juez penal.
Martín se puso a disposición del proceso y negó conocer a la denunciante y aseguró que «los hechos denunciados son falsos de toda falsedad… mi abogado realizó las presentaciones en la justicia», dijo a Diario RÍO NEGRO. Hasta el momento no se sabe si se iniciaron actuaciones administrativas internas. Mientras tanto el juez continúa cumpliendo con sus funciones.
Antecedente de Martín
El juez Martín había sido sancionado hace unos años por descalificar a una funcionaria judicial de la provincia. En octubre de 2019, el Superior Tribunal de Justicia le aplicó un apercibimiento y le recomendó que implemente “mejores prácticas”, a fin de “resguardar la dignidad de la función, la confianza pública y el prestigio que le cabe al Poder Judicial”.
La decisión fue en el marco de un sumario que se le había iniciado a Martín en 2018, por una denuncia presentada por la exdefensora general del Poder Judicial, Rita Custet Llambí.
Custet Llambí, hoy jueza del Tribunal de Impugnación, adujo que en una audiencia de control de acusación realizada en noviembre del 2017 hubo una serie de descalificaciones verbales de parte del magistrado, situación que a su criterio merecía el inicio de un proceso disciplinario.
En ese momento el gremio Sitrajur, que tiene Espacio de Género, integrado por mujeres diversas trabajadoras del Poder Judicial, emitió un documento, en el que repudió » toda forma de agresión, acoso y violencia en todas sus modalidades”.
Antecedentes en la Segunda Circunscripción
La Segunda Circunscripción, con sede en Roca, es la jurisdicción con mayores antecedentes respecto a la conducta de magistrados. El jubilado Daniel Tobares enfrentó una formulación de cargos por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven de 24 años. El juicio está suspendido porque el imputado sufrió un ACV y no puede enfrentar la audiencia.
En 2021, el Consejo de la Magistratura destituyó al juez penal de Garantías de Villa Regina Federico Dalsasso, tras el juicio político en el que se lo declaró responsable de “graves desarreglos de conducta”.
Los hechos reprochados al juez ocurrieron el 28 de mayo de 2018 en Villa Regina y tuvieron como víctimas a dos niños, de 10 y 11 años de edad, a quienes Dalsasso reprochó de manera agresiva y con insultos -en un caso personalmente y en el otro por teléfono- su participación en un incidente que había tenido como principal afectado a otro niño, cercano al magistrado.
Otro juez de Villa Regina Alberto Cariatore también fue destituido por un procedimiento ilegal, al igual que el exjuez penal Carlos Vila denunciado por su esposa por haberla agredido físicamente mientras se encontraba en “estado de ebriedad” y de haberle apuntado con un rifle bajo amenaza de “quitarle la vida”.
El listado es extenso y pone en foco la evaluación o revalidación periódica que debieran tener las y los magistrados, quienes resuelven permanente sobre la vida y los bienes de las personas. En Neuquén existe un proyecto en ese mismo sentido, sin aplicación práctica por ahora.
En Río Negro, los jueces y las juezas son designados y destituidos por el Consejo de la Magistratura, cuya actividad está al tope del ranking nacional en materia de sanciones a magistrados. Un informe de 2017 dio cuenta que desde el año 1996 se desarrollaron en la provincia de Río Negro 19 juicios políticos en ámbito del Consejo de la Magistratura. Seis terminaron en suspensiones de entre 3 y 60 días. Otros cuatro culminaron con la absolución de los magistrados o funcionarios sometidos a proceso. Un juez fue apercibido y ocho fueron destituidos.
“La explicación de este fenómeno requiere de múltiples enfoques y excede al ámbito jurídico”, dijo el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, aunque no descartó que entre las variables a tener en cuenta se encuentren una mayor participación y conocimiento ciudadano y la aceleración de lo que se denominan “juicios paralelos” llevados a cabo en ámbitos mediáticos y de la opinión pública.
La auditoría del Poder Judicial a cargo de Juan Montoto Guerrero acumula también un número importante de denuncias no sólo por disfuncionalidades procesales sino por conductas rayanas a la falta de ética de algunos magistrados. Telefóno para los legisladores y mayores evaluaciones a la Magistratura.
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