Denunciantes de la fiscal Cendón de Bariloche se quejan de la “inacción” y piden su suspensión
El Consejo de la Magistratura había postergado definiciones y se reúne este viernes con ese tema en la agenda. Aseguran que la dilación provoca "violencia institucional"
La acusación por maltrato y violencia laboral que pesa contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón entró en terreno de definiciones y los seis denunciantes -todos funcionarios del poder judicial– exigieron una vez más su suspensión inmediata, como única medida para terminar con la “desprotección” de la que se sienten víctimas.
El reclamo público recae en forma directa sobre el Consejo de la Magistratura, que hace dos meses decidió postergar el tratamiento del caso, y volverá a reunirse mañana, con la denuncia contra Cendón como parte medular del orden del día.
En un “resumen de la situación” que difundieron ayer, los denunciantes se quejaron de que a la “inacción” del Consejo, desde que decidió “congelar” las actuaciones, se sumó la de la Oficina de Violencia Laboral del Poder Judicial rionegrino, que se declaró incompetente, en lo que definieron como un acto de “violencia institucional”.
La denuncia radicada el 9 de septiembre
Las denuncias contra Cendón por mal desempeño, violencia y acoso laboral fueron formalizadas el pasado 9 de septiembre por los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto (ya renunciado), los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora pública Mónica Goye y el jefe de división Germán Torres.
Ocho días después el Consejo de la Magistratura se reunió en Bariloche y por unanimidad resolvió diferir cualquier pronunciamiento sobre el pedido de suspensión de Cendón hasta una próxima reunión, la que se convocó para mañana. Lo justificó en la “envergadura de la temática”.
Los denunciantes, patrocinados por la abogada Carla Orticelli, se quejaron de lo que consideran un “blindaje institucional” en favor de Cendón y citaron fuentes “no oficiales”, según las cuales la decisión fue evitar cualquier avance o definición antes de las elecciones del último 26 de octubre “a fin de evitar un costo político al oficialismo”.
Subrayaron que esta presunta protección “es utilizada por Cendón para infundir miedo, ya que se arroga a viva voz tener contactos políticos”.
La fiscal conserva “un poder jerárquico inmenso”
Aunque hubo medidas del procurador general Jorge Crespo para desdoblar equipos en el Ministerio Público Fiscal de Bariloche, los denunciantes resaltaron que la convivencia de Cendón con sus presuntas víctimas continúa y el ambiente de trabajo “se volvió intolerable”.
Dijeron también que la fiscal jefe conserva “un poder jerárquico inmenso” y la demora en apartarla de sus funciones genera “un clima de intimidación y el riesgo de represalias”.
Insistieron en que el Consejo de la Magistratura debe disponer “la suspensión inmediata” de la funcionaria, como única forma de garantizar “la integridad del proceso y romper el ciclo de la violencia institucional”.
Los denunciantes señalaron que la situación actual “envía un mensaje peligroso” al instalar “el riesgo de impunidad”, como consecuencia de la inacción del Consejo de la Magistratura “y el fracaso del Observatorio de Violencia Laboral”.
Señalaron además que el sistema disciplinario del Poder Judicial en la provincia pone en situación de “extrema vulnerabilidad” a las víctimas del maltrato, al no admitirlas como parte activa del proceso.
Subrayaron que el agravamiento de la situación en los últimos dos meses generó “consecuencias directas en la salud y la seguridad del personal” que debe convivir con Cendón, a quien acusaron de ejercer “amedrentamiento directo a testigos”.
La abogada Orticelli dijo que “llama mucho la atención” la dilación del Consejo en este caso y su escasa voluntad resolutiva. “Desde mi punto de vista es escandaloso, porque es un caso sin antecedentes en Río Negro”, afirmó.
Organizaciones y gremios designaron veedores
La expectativa de los denunciantes es que mañana “se trate el tema, se abra el sumario y se defina la suspensión de Cendón”. La definición está en manos del Consejo de la III Circunscripción, que preside la titular del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, e integran legisladores, abogados designados por el Colegio, el procurador Crespo y un juez en ejercicio.
Los denunciantes destacaron que la gravedad de los hechos convocó la atención de organismos de derechos humanos, entidades gremiales como el Sitrajur, la Asociación Argentina de Fiscales, la Asociación Civil de la Defensa Pública, así como el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro.
Algunas de esas organizaciones, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, participarán con “veedores externos” en la reunión de la Magistratura. La APDH expresó su “profunda preocupación” por la prescindencia demostrada por el Observatorio de Violencia Laboral y consideró que los hechos denunciados constituyen “una clara violación a los derechos humanos”.
La continuidad de Cendón en sus tareas, según los denunciantes, genera el silencio forzoso de posibles testigos y la indefinición que se prolonga desde hace dos meses derivó en “evidencias de amedrentamiento” y “daño psicológico verificado” de algunos agentes del Ministerio Público.
Insistieron en señalar que el régimen de intervención previstos en el Poder Judicial de la provincia para estos casos arrastra “una falla estructural” que desprotege a quienes denuncian a sus superiores.
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