Doble revés en el caso Otoño: rechazan el pedido de un defensor y la indemnización para la primera jueza
El Tribunal de Impugnación desestimó el pedido del defensor oficial . En otro fallo, la nueva Cámara Laboral rechazó el pedido de indemnización que había formulado la primera jueza del caso, luego destituida, María del Carmen García.
El 23 de octubre se cumplen 17 años de la desaparición de Otoño Uriarte. Foto: Archivo.
El defensor público Juan Pablo Piombo sufrió otro revés en la causa por el femicidio de Otoño Uriarte, esta vez por parte del Tribunal de Impugnación. En otro fallo, la nueva Cámara Laboral rechazó el pedido de indemnización por “bourn out” que había formulado la primera jueza del caso, luego destituida, María del Carmen García.
La causa por el femicidio de la joven de Fernández Oro sigue generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la sociedad. La causa se encaminaba a juicio, pero la fuga de Maximiliano Lagos demoró la realización del control de acusación, etapa previa al juicio oral.
El que no pierde el tiempo, o gana tiempo según como se mire, es el abogado público Juan Pablo Piombo que asiste a los imputados Néstor Ricardo Cau y José Hiram Jafri. Piombo protagonizó una polémica defensa pero no logró torcer el pulso ni de la jueza de garantías Agustina Bagniole ni del juez de juicio Guillermo Merlo. Ninguno hizo lugar al pedido de sobreseimiento por el paso del tiempo.
Para el jefe de los defensores de la provincia Ariel Alice, Piombo es el profesional más preparado y por eso le otorgó, sin concurso, la subrogancia del cargo de defensor de menores. De todas formas, el abogado aspira a irse a Neuquén y está tercero en tres concursos.
Después del rechazo del sobreseimiento, se fue al Tribunal de Impugnación. Pero no consiguió ninguna respuesta. En otras palabras, un fallo de los jueces Miguel Ángel Cardella, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann le cerró todas las puertas. No existe, al menos en este código procesal, la revisión de la revisión. Con ese sencillo argumento anularon los argumentos de la defensa: Cau y Jafri van a juicio.
¿Y María del Carmen?
La Cámara del Trabajo, conformada especialmente para tratar el caso, rechazó la pretensión de la primera jueza del caso Otoño María del Carmen García García. La funcionaria planteó que padeció «burn out «(quemarse por el trabajo) a raíz de la investigación del femicidio. Sostuvo que estuvo sobrecargada, que no recibió apoyo de sus superiores y que soportó muchas presiones políticas y del periodismo.
El tribunal fundamentó que la exjueza destituida no logró demostrar cuáles fueron en forma concreta y precisa las acciones que debió realizar el Poder Judicial o caso contrario cuál fue la omisión en que incurrió, que de haberse realizado no hubiera llevado a la funcionaria a soportar el daño psicológico que motivó su destitución. Es decir que ella superó todos los mecanismos para ser designada, pero no probó la conexión entre su padecimiento y el accionar (o las omisiones) del Poder Judicial.
El rechazo fue firmado por la flamante jueza de cámara María Marta Gejo, junto con la jueza civil Soledad Peruzzi y el juez Mauro Marinucci. El primer tribunal conformado por Raul Santos, Luis Lavedan y Luis Méndez (ya jubilado) hizo lugar al reclamo y fijó una indemnización en favor de la jueza destituida.
Pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó un durísimo fallo de casación en el que estableció que la función judicial no es riesgosa y que se exige a las y los magistrados que administren las presiones políticas, de la ciudadanía y del periodismo. El voto fue del cipoleño Ricardo Apcarián, aunque algunos jueces todavía no terminan de asimilar la doctrina y activan insólitos reclamos cada vez que se sienten observados por los medios de comunicación.
Después de ese revés, la Cámara Civil de Cipolletti conformada por Marcelo Gutiérrez y sus colegas Emilce Álvarez y Alejandro Cabral y Vedia incumplieron con el fallo del STJ y volvieron a otorgarle la indemnización a García.
Nuevamente el voto rector de Apcarián anuló la sentencia de la Cámara y cuestionó el procedimiento de los magistrados que se desviaron de la doctrina legal de la provincia. Ahora el reclamo tuvo su cierre definitivo, al menos para García García.
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