El historial de juicios políticos en Río Negro: corrupción de menores, estafas y violencia de género

El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de controlar a los funcionarios del Poder Judicial. En los últimos años la cantidad de causas contra jueces y juezas creció exponencialmente. Un repaso de los casos más graves y recordados.

Corrupción de menores, estafas, demoras excesivas de sentencias y extrema violencia de género fueron algunas de las causales de destitución en la última década en el Poder Judicial de Río Negro. El Consejo de la Magistratura está al tope de las estadísticas en comparación con otras provincias. En un síntoma de buena salud: el control en el comportamiento y en la celeridad de los magistrados y magistradas es exhaustivo.


Una multitud de mujeres se congregó en las puertas de los tribunales de Viedma el 27 de marzo de 2017 para seguir el fallo contra el exjuez Carlos Bernardi, acusado de abusar sexualmente de niñas en situación de vulnerabilidad.

Cerca del mediodía un tribunal lo condenó a cinco años de prisión por el delito de corrupción de menores. Meses antes, en 2016, el Consejo de la Magistratura de Río Negro lo había destituido en lo que hasta ahora es el caso de conducta más grave de un funcionario judicial en la provincia. Se trató de un escándalo sin precedentes para la justicia rionegrina que tuvo un fuerte impacto a nivel nacional.


Pero hubo otras varias causas que conmocionaron a la opinión pública y tuvieron el mismo desenlace. También en 2016 se concretó la destitución del camarista de Roca Diego Broggini acusado de demorar sentencias.

Le atribuyeron demoras en seis acciones de amparo, seis expedientes de procesos de menor cuantía y 58 causas en las que intervenía en calidad de juez de la Sala II de la Cámara Laboral, además de seis expedientes en los que intervenía en calidad de juez de la misma Cámara, con segundo voto. Es la misma acusación que hoy transita el recientemente suspendido juez laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén: demoras en las sentencias con riesgo de pérdida de jurisdicción.


El caso de excamarista Carlos Villa Llanos también es muy recordado en el mundillo jurídico. Fue destituido en 2013 por desarreglos de conducta. Había sido denunciado por lesiones y amenazas de muerte en contexto de violencia de género por su pareja. Incluso intentó llevarse una computadora del Poder Judicial luego de la primera suspensión.

La votación entre los consejeros quedó empatada y se definió por el voto doble del entonces titular del STJ, Enrique Mansilla. Como ocurrió con Bernardi fue condenado en el fuero penal, a 2 años de prisión en suspenso. De estos nombres Vila Llanos es el único que sigue en actividad y recientemente participó de dos juicios con mucho impacto social en la región: el homicidio de Facundo Castillo en Cipolletti y la causa de fraude contra el Ipross en Roca: en ambos ejerció la defensa.


A diferencia de Neuquén, en el que los miembros del Consejo de la Magistratura tienen un sueldo, en Río Negro es un trabajo gratuito. El Poder Judicial abona el sueldo de un secretario y de una secretaria y de un staff mínimo de empleadas que se ocupan de tramitar los concursos.

Más casos

Un caso muy recordado y de los pocos con decisión unánime fue la destitución del exjuez Guillermo Leskovar Garrigós de Roca en 2006. El magistrado era prestamista y un exempleado judicial lo denunció. “Acusado de haber actuado ávidamente, sin fines humanitarios, en donde lo reprochable es su desmesura en el intento para el cobro del préstamo y la compra de bonos a empleados del Poder Judicial al que él pertenece”, sostiene parte de la resolución del Consejo.

Fue la segunda destitución en Río Negro, ocho años después del caso de Fernando Bajos en 1998. Bajos era juez penal de Roca y lo sometieron a juicio político por la investigación en un doble homicidio en Río Colorado.


En un informe que publicó el STJ se reveló que entre 1996 y 2017 se desarrollaron 19 juicios políticos en el ámbito del Consejo de la Magistratura rionegrino. Seis de ellos terminaron en suspensiones de entre 3 y 60 días. Otros cuatro culminaron con la absolución de los magistrados o funcionarios sometidos a proceso. Un juez fue apercibido y ocho fueron destituidos.


“La explicación de este fenómeno requiere de múltiples enfoques y excede al ámbito jurídico”, expuso el por entonces presidente del STJ, Ricardo Apcarian, aunque no descartó que entre las variables a tener en cuenta se encuentren una mayor participación y conocimiento ciudadano y la aceleración de lo que se denominan “juicios paralelos” llevados a cabo en ámbitos mediáticos y de la opinión pública.


La historia reciente marca un flujo intenso de investigaciones contra funcionarios y funcionarias judiciales que pasan por el control del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de revisar el comportamiento de los magistrados. En diciembre de 2020 la jueza Daniela Zagari fue suspendida por 50 días por su actuación en la investigación del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, mientras era fiscal en Viedma.


Hace unas semanas, se resolvió el primer juicio político de 2024: la destitución de la jueza de Familia de Roca Moira Revsin que fue acusada por gran parte del staff del juzgado por maltrato y hostigamiento. A pesar de las disculpas que hizo la abogada en el jury, el tribunal no tuvo piedad y la echó del Poder Judicial. Además, el procurador Jorge Crespo derivó las actuaciones a la fiscalía para que investigue si incurrió en algún delito penal.


No es la primera jueza destituida: en 2021 la magistrada multifueros de El Bolsón Erika Fontela fue separada del cargo por mal desempeño en la función y graves desarreglos de conducta: por mayoría, 6 a 2. Otra mujer, la jueza María del Carmen García, fue destituida por inhabilidad psíquica sobreviviente.

Para el Consejo de la Magistratura fue casi un trámite porque la magistrada venía de una extensa licencia psicológica a raíz de la investigación por el femicidio de Otoño Uriarte. Por consejo médico, ni siquiera se presentó a su propio juicio político. Después demandó al Estado por haberla sobrecargado de trabajo, aunque el STJ no le reconoció indemnización alguna.


En 2018, el Consejo suspendió por 60 días al fiscal Daniel Zornitta que, el Día de la Mujer, posteó en su Facebook: “pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen”. Lo acusaron por mal desempeño y graves desarreglos de conducta.

El 2021 fue el año con más juicios políticos en la provincia, además de la destitución de Fontela, el Consejo echó al juez penal de Garantías de Villa Regina Federico Dalsasso. También suspendió a la defensora de Villa Regina -Ana Gómez Piva- por 25 días y a un funcionario del mismo organismo -Cristian Klimbovsky- por 15 días por haber “restringido indebidamente” la atención al público. Ambos sin goce de haberes.


En noviembre del año pasado la misma sanción recibió el titular de la Defensoría Descentralizada de Río Colorado, Gerardo Grill: 50 días sin goce de sueldo.


Actualmente la causa más firme es contra Guerra Labayén. Además del sumario que se le inició, el legislador Lucas Pica pidió un nuevo informe que fue derivado a la auditoría para determinar si incurrió en otra falta con una serie de fallos que también salpica a sus colegas del tribunal: Rolando Gaitán y Carlos Marcelo Valverde.

En esas resoluciones la Cámara Laboral de Viedma cuestionó el trabajo de abogados que forman parte del Estado pero también en causas en contra del Poder Ejecutivo.


Otra investigación en curso, que también solicitó Pica, es contra la defensora pública de Cipolletti Silvana Ayenao
por filtrar información sensible en la causa por el femicidio de Agustina Fernández. En ese procedimiento también se indaga sobre el comportamiento del fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna.


De un tiempo a esta parte, el STJ ha incrementado los controles sobre todo con los tiempos de resolución. El máximo tribunal provincial resuelve las causas en casi un tiempo récord y con esa vara exige la misma respuesta al resto de los organismos. El rol del auditor Juan Manuel Montoto Guerrero es central en ese control.

De hecho, el funcionario tiene a casi todas las Cámaras Laborales y Civiles de la provincia con planes de recuperación. También a un Juzgado Civil de Cipolletti. Sin ir más lejos, un camarista de Roca renunció porque sabía que no iba a poder eludir los controles de Montoto. Se especuló con que Guerra Labayén iba a ir por el mismo camino pero el juez contestó el embate y llevó al terreno de la confrontación a sus dos colegas.

El juez de Cipolletti que renunció tras ser absuelto

Pablo Iribarren, el juez del triple crimen de Cipolletti salió victorioso del juicio político. A pesar de que le habían atribuido varios cargos, no se pudieron demostrar todos sus comportamientos y el Consejo de la Magistratura lo absolvió.

En ese juicio participó como legisladora la exgobernadora Arabela Carreras y Broggini por la representación de los magistrados. Iribarren salió empoderado del jury y renunció a su cargo de juez. Como no probaron la acusación, tranquilamente podría haber regresado al juzgado. Desde entonces ejerce la profesión libre.


El juez de Ejecución penal de Roca, hoy defensor, Juan Pablo Chirinos se fue con una suspensión en un juicio cuya acusación podría haber terminado en destitución. El Consejo de la Magistratura resolvió suspender por 30 días al juez de ejecución de Roca, Juan Pablo Chirinos, por hallar responsabilidad funcional en una de las causas atribuidas, mientras que también de manera unánime lo absolvió en otras dos causas.


El magistrado fue acusado de mal desempeño en sus funciones por autorizar las salidas transitorias de Jonathan Luna y de Ramón Geldres, que mató al comerciante cipoleño Claudio Araya. Jonathan Luna es el joven que logró autorización para salir de su lugar de detención en Roca, se fugó y luego asesinó en Bahía Blanca a Micaela Ortega, de 12 años.

También lo acusaron por un cómputo de pena mal realizado que dejó detenido a un hombre de apellido Lara más tiempo de lo previsto. Por unanimidad, el magistrado de Roca fue absuelto en los casos Geldres y Lara. En el caso Luna fue suspendido por 30 días.


En el fuero de Ejecución el juez de Cipolletti Lucas Lizzi también zafó del juicio político. Su expediente llegó al Consejo de la Magistratura pero tuvo el apoyo político de los legisladores y del Colegio de Abogados. El STJ votó por enviarlo a jury pero quedó en minoría.


Lizzi quedó en el ojo de la tormenta después de las irregularidades advertidas en el control de la ejecución de la pena de Matías Baldebenito, que estaba en libertad condicional cuando asesinó al rugbier Joaquín Vines. El auditor Montoto lo tiene en la mira con varias investigaciones, aunque ninguna concluyente.


Otro cipoleño que evitó el juicio político fue Guillermo Moyano, en ese momento juez de Choele Choel. Lo acusaban por retardo de justicia y mal desempeño pero renunció a su cargo cuando el proceso ya tenía fecha de juzgamiento.

Después intentó entrar al Poder Judicial y se anotó en varios concursos. En el último, desistió de su postulación a juez de garantías por su compromiso con el Colegio de Abogados que lo había convocado, gratuitamente, a integrar el Consejo de la Magistratura para los temas del fuero penal. Desde entonces es consejero suplente.


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