Estafa al Ipross: llegan los alegatos, después de casi 100 audiencias con más de 300 testigos

El juicio contra cuatro farmacéuticos que empezó hace ocho meses en Roca ingresa a la recta final. La fiscalía adelantó el año pasado que pediría penas de entre 3 y 11 años de prisión.

Ocho meses después de su inicio, el juicio por la millonaria estafa al Ipross llegará este viernes a la audiencia final de testimoniales. Desde el martes próximo, las partes comenzarán la etapa de alegatos y a partir de esa instancia se ingresará a la recta final para saber si los cuatro farmacéuticos acusados son declarados responsables o no por el fraude a la obra social del Estado rionegrino.

Los testigos de esta semana completarán una grilla definitiva superior a las 300 personas que declararon desde fines de junio del año pasado ante la Justicia, en los tribunales provinciales de Roca.

El proceso ya tiene acumuladas 91 audiencias y la lista de convocados hasta hoy suma 315 personas, muchas menos que las previstas originalmente, cuando se estableció que medio millar de afiliados, peritos, farmacéuticos y hasta dirigentes políticos respondan preguntas de los representantes de cada parte.

Una serie de acuerdos entre el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado -en su rol de querellante- y las defensas permitió reducir esa extensa nómina, aunque de todas maneras hubo jornadas con tediosas exposiciones, donde algunos de los citados tuvieron que repasar registros línea por línea, para certificar la documentación que sustentó el esquema de pruebas reunidas por los acusadores.

Los acusados son los farmacéuticos roquenses Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró, junto a su colega allense Sandra Fasano, quien actuaba hasta el momento en que se conocieron los hechos como auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

La denuncia penal sobre las irregularidades partió precisamente desde esa institución, en abril del 2019, cuando directivos detectaron anomalías en el sistema de facturación y al advertir que estaban ante una maniobra de enorme magnitud, decidieron llevar el caso a la Justicia.

La teoría de los fiscales y querellantes está basada en la existencia de una serie de maniobras desplegadas desde farmacias de Roca y de Allen, para cobrarle al Ipross -con la connivencia de la entonces auditora del Colegio- medicamentos que no habían sido entregados o en su defecto, cantidades mayores a las efectivamente dispensadas.

Las defensas buscaron de manera permanente desarticular esa teoría, apostando principalmente a la declaración de peritos, como ocurrió la semana pasada con Gustavo Presman, un especialista en seguridad informática.

Ese ingeniero declaró durante ocho horas y la evaluación desde las defensas fue que permitió derribar los puntos centrales de la estrategia de los fiscales.

Los representantes de los farmacéuticos también valoraron declaraciones como las realizadas por el extitular del Ipross en la gestión de Miguel Saiz, Alcides Pinazo, por haberse ratificado que la obra social estaba obligada por ley a realizar las auditorías, sin poder delegar esa facultad, como ocurrió con el Colegio de Farmacéuticos.

Los alegatos que comenzarán el martes próximo prevén una duración de dos horas por cada parte. Luego de esa instancia está previsto también que los acusados puedan expresarse ante el tribunal, que finalmente pasará a la fase de deliberación, para emitir su sentencia.

En la etapa previa al juicio los fiscales adelantaron que pedirán penas de prisión efectiva, entre 3 y 11 años de prisión.

Hay que recordar que por el mismo caso ya existen personas condenadas. Se trata de las expropietarias de farmacias roquenses Marcela Gil y Marianela Guidi, quienes aceptaron sus responsabilidades y en el marco de juicios abreviados acordaron penas de tres años de prisión en suspenso.


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