Femicidio de Guadalupe: el sargento que no custodió a Quintriqueo en el hospital pagará una multa de $4.000

Producto de la omisión del policía, el hombre intentó matarse. Eso agravó su estado de salud y murió el 2 de marzo de 2021, sin ser juzgado por el crimen de la joven.

Guadalupe Curual fue asesinada el 23 de febrero de 2021 por Juan Bautista Quintriqueo, su expareja, en el centro de Villa La Angostura. Él la persiguió, la mató y huyó. Fue detenido cuando se autolesionaba y trasladado al hospital local. Al día siguiente, a las 15 horas aproximadamente, mientras estaba internado realizó una maniobra de ahorque con un cable acerado, lo que agravó su estado de salud. Debió ser derivado a San Martín de los Andes, donde murió el 2 de marzo. El sargento que estaba a cargo de su custodia era Héctor Quichán, que hoy asumió su responsabilidad por lo ocurrido ante el juez de Garantías, Juan Pablo Balderrama.

En la audiencia se realizó un acuerdo pleno: esto significa que el imputado admite el hecho por el que la fiscalía lo acusa, no lo discute. A su vez se pacta una pena en función del tipo de delito, que en este caso tiene prevista una inhabilitación y multa.

Quichán reconoció ser culpable de la omisión de los deberes de funcionario público. Ese día se le había encomendado, explicó el fiscal Adrián De Lillo, «tareas de custodia y seguridad» en el sector interno del hospital de Villa La Angostura, donde estaba internado Quintriqueo, en el consultorio tres.

«Permitió que la puerta de la habitación donde se encontraba Quintriqueo esposado a la cama permaneciera cerrada y sin posibilidad de su control visual, situación que facilitó que atentara contra su propia vida», dijo De Lillo. Manifestó que eso está constatado por las cámaras de seguridad del hospital.

El fiscal sumó un dato muy importante: la puerta no poseía ningún tipo de ventana «por lo cual impedía cualquier tipo de control de la parte externa».

El imputado se conectó vía zoom.

El fiscal citó el testimonio del comisario inspector Juan Carlos Ibarra, a cargo de la Dirección de Seguridad de Junín de los Andes, quien afirmó que las instrucciones pertinentes en situaciones de custodia a los detenidos «en principio, es especificada en cada caso en particular» sin perjuicio de que «existe un conocimiento previo que tienen todos los agentes» en su etapa de formación. Aclaró que no está protocolizado.

En cuanto a la pena, Del Lillo pidió que el sargento sea condenado a dos meses de inhabilitación especial para el traslado y custodia de personas detenidas. Aseguró que no tiene antecedentes sancionatorios en su trayectoria como policía, ni penales. La defensa, a cargo de Alejandra Casas, prestó conformidad. Además se le impuso una multa de $4.000.

Balderrama aceptó las condiciones acordadas, e indicó que el monto es «de acuerdo a la posibilidades económicas» del acusado.


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