Freno a las prepagas: la Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación de cuotas de Javier Milei
or unanimidad, el máximo tribunal invalidó los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 en una causa contra Swiss Medical y ordenó que el Gobierno reasuma el control de los aumentos bajo la Ley 26.682. La sentencia consolida el criterio de la Cámara Federal de La Plata, aunque revocó el tope automático atado a la inflación.
Foto: Gentileza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre de 2026 la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las dos normas con las que el gobierno de Javier Milei eliminó el control estatal sobre los valores de las cuotas de la medicina prepaga.
Con la firma digital unánime de los ministros Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió el expediente «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986» y restituyó las facultades de fiscalización y autorización del Ministerio de Salud de la Nación a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.
De conformidad con el dictamen de la Procuración Fiscal, los jueces declararon admisibles los recursos extraordinarios interpuestos por Swiss Medical S.A. y el Estado Nacional (Ministerio de Salud), y confirmaron parcialmente la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
En concreto, la Corte avaló la invalidez constitucional de la desregulación dispuesta por el decreto y el retorno al esquema de la ley 26.682, pero revocó el fallo de segunda instancia en todo lo demás —es decir, dejó sin efecto el remedio judicial que limitaba las subas al Índice de Precios al Consumidor (IPC)— y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a estas pautas, con imposición de costas.
La decisión del máximo tribunal respalda la línea jurisprudencial que la Cámara Federal de La Plata venía consolidando en los últimos meses a raíz de un fallo dictado el 30 de octubre por la Sala III de ese mismo tribunal —integrada por los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Emilio Santiago Faggi— también contra Swiss Medical S.A.
Al mismo tiempo, la Corte aclaró de manera expresa que este pronunciamiento no implica emitir opinión sobre otros capítulos del DNU 70/2023, los cuales serán evaluados en cada caso concreto que llegue a sus estrados.
El origen del amparo, la suba del 110% y por qué la causa no quedó abstracta
El litigio se inició a partir de una acción de amparo promovida por María del Carmen Bobbio —con el patrocinio jurídico de la abogada María Inés Grieco— contra Swiss Medical S.A. —representada por Andrea Eliana Torres—, proceso al que luego se integró el Estado Nacional, representado por Santiago Varni. En su presentación inicial, la afiliada explicó que integra el «Plan SM02» y denunció que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 su cuota sufrió un incremento del 110%, al pasar de $136.161,21 a $301.218,02. Además, detalló que, bajo la vigencia de la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, la actualización correspondiente a enero de 2024 habría sido apenas del 6,26%.
En primera instancia, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata rechazó el amparo. Sin embargo, tras la apelación de la demandante, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa resolución, declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, ordenó topear los ajustes según el IPC y dispuso que la autoridad de aplicación reasumiera sus funciones legales para fijar el valor de la cuota.
Para sostener su postura, la alzada remitió a sus propios precedentes —las causas FLP 3112/2024 «Decara», FLP 8522/2024 «G., J. C.» y FLP 1863/2024 «V., N. y otros»— y advirtió que el decreto dejaba a los usuarios expuestos a la cartelización del sector, una situación que consideró reconocida por el propio Ejecutivo cuando luego fijó topes transitorios.
Antes de ingresar en el fondo del asunto, la Corte Suprema coincidió con la Procuradora Fiscal —quien remitió a su dictamen en la causa CCF 4145/2024/CS1 «Cainelli, Elsa Angélica c/ OMINT S.A. de Servicios»— en que el reclamo no había devenido abstracto. Aunque en el expediente tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 3 homologó un acuerdo para devolver los montos cobrados por encima del IPC entre enero y mayo de 2024, el tribunal señaló que ese pacto abarcó un período acotado y no satisfizo la pretensión de fondo.
Los jueces remarcaron que esa vigencia del conflicto quedó confirmada por normas posteriores, como el decreto 102/2025, que modificó el artículo 17 del decreto 1993/2011 para establecer expresamente que las empresas comprendidas en la ley 26.682 «podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud».
Los argumentos de la Corte: falta de urgencia y rechazo a la «mera conveniencia»
El máximo tribunal repasó el alcance de la reforma introducida por el Poder Ejecutivo. El artículo 267 del DNU 70/2023 derogó el inciso g del artículo 5° de la ley 26.682, precepto que facultaba al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Servicios de Salud a «revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones». A su vez, el artículo 269 sustituyó el artículo 17 de la misma ley, que obligaba a la autoridad estatal a fiscalizar y garantizar «la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales» y a autorizar subas únicamente cuando estuvieran sustentadas en «variaciones en la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos». Con la modificación del decreto, solo subsistió la facultad de las prepagas de fijar precios diferenciales por franjas etarias al momento de la contratación, con una brecha máxima de tres veces entre la primera y la última categoría.
Para evaluar la validez constitucional de esas derogaciones, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti aplicaron la doctrina fijada en el reciente precedente «Cencosud» (Fallos: 349:769) y en una extensa serie de fallos históricos. En esa línea, recordaron que el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente reviste carácter rigurosamente excepcional y exige acreditar una de dos situaciones extremas: que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por razones de fuerza mayor —como acciones bélicas o desastres naturales—, o que la urgencia de la medida resulte incompatible con los plazos ordinarios de sanción de una ley.
Al analizar los considerandos del DNU 70/2023, la Corte concluyó que el Ejecutivo incumplió de manera absoluta ese estándar constitucional. «El Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una ‘crisis del sistema de salud’ que exige ‘aumentar la competitividad del sistema’ para lo cual ‘se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga’. Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley«, sostuvo la sentencia.
Los jueces subrayaron además que los fundamentos del propio decreto reconocen que no basta con «invocar una emergencia genérica», sino que resulta indispensable justificar «la emergencia existente y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto».
Según el fallo, el texto oficial no explicó qué vínculo concreto existía entre la alegada «crisis económica y social del país» y la supresión de los controles estatales sobre las cuotas. El tribunal agregó un argumento adicional: como las normas modificadas otorgaban facultades regulatorias a órganos del propio Poder Ejecutivo —con margen de discrecionalidad dentro de la ley para imprimirles una orientación política determinada—, el Gobierno debía realizar un esfuerzo de fundamentación todavía mayor para demostrar por qué resultaba imprescindible, y no solo conveniente, alterar el régimen legal por decreto. En ese punto, los magistrados enfatizaron que corresponde descartar de plano «criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo», ya que la Constitución Nacional no habilita a optar discrecionalmente entre el trámite parlamentario y la imposición rápida de reformas mediante un DNU.
Prepagas: el alcance de la sentencia y qué pasa con el DNU de Javier Milei
En el tramo final de la resolución, la Corte Suprema abordó dos aspectos institucionales clave. Por un lado, aclaró en el considerando 10 que la declaración de inconstitucionalidad alcanza exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y no adelanta criterio sobre la validez o justificación del resto del decreto. Por otro lado, en el considerando 11 advirtió que la continuidad del trámite de control legislativo previsto en la ley 26.122 —sobre cuya constitucionalidad tampoco abrió juicio— no sustrae al decreto del control judicial cuando produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas, ni puede desnaturalizar los frenos y contrapesos propios del Estado de Derecho.
Respecto de los efectos prácticos del fallo, el máximo tribunal explicó que la invalidez de los artículos cuestionados implica que la Superintendencia de Servicios de Salud debe reasumir de inmediato las funciones previstas en el texto original de la ley 26.682 para fiscalizar y autorizar los valores de los planes. Por esa razón, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata en cuanto había fijado directamente una pauta de actualización atada al IPC y ordenó dictar un nuevo fallo ajustado al régimen legal restituido.
La sentencia de la Corte llega exactamente dos semanas después de que se conociera el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, dictado el 30 de octubre de 2026 en una acción meramente declarativa también contra Swiss Medical S.A. En aquella ocasión, los jueces Vallefín y Faggi habían declarado la inconstitucionalidad de los mismos artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 bajo argumentos coincidentes: la ausencia de impedimentos para el funcionamiento del Congreso —que incluso fue convocado a sesiones extraordinarias por el propio Ejecutivo—, la insuficiencia de las referencias genéricas a la crisis económica y la «trascendental función social» que cumplen las empresas de medicina prepaga en la protección del derecho a la salud y a la vida. Con el pronunciamiento de este jueves en el caso «Bobbio», ese criterio quedó respaldado por la máxima instancia judicial del país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre de 2026 la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las dos normas con las que el gobierno de Javier Milei eliminó el control estatal sobre los valores de las cuotas de la medicina prepaga.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios