Fue autorizado a utilizar una billetera virtual desde la cárcel, en Neuquén

El hombre lo podrá utilizar para comercializar los pequeños productos que elabora en madera y cuero. Cuál es el panorama con la autorización de celulares en las superpobladas cárceles de la provincia.

Una persona que está privada de su libertad en Zapala fue autorizada a utilizar una billetera virtual para vender las artesanías que produce y comprar elementos personales, así como aportar a la cuota alimentaria de su hija.

Es el único caso en la provincia de Neuquén, y la autorización se le concedió luego de dos audiencias en las cuales se analizaron a fondo los pro y contra de la decisión, así como las disposiciones legales que condicionan el manejo de dinero por parte de las personas condenadas.

En la Unidad de Detención 11 de Neuquén capital el panorama es bien distinto. Existe un incipiente debate sobre el uso de los teléfonos celulares porque se conoce al menos un hecho de estafas cometidas desde la cárcel que está judicializado.

Inconvenientes familiares


En hombre detenido en Zapala cumple una condena, y como parte de su programa de resocialización fabrica pequeños artículos en cuero o madera. Hasta ahora los vendía una sobrina que con ese dinero le compraba más materiales; también alimentos y elementos de limpieza.

Pero el circuito se le volvió insostenible. La sobrina es menor de edad; los padres del interno son muy mayores y apenas salen de la casa, y de sus hermanas, ninguna puede -por diferentes razones- encargase de la comercialización de las artesanías, comprar los elementos que necesita y llevárselos a la cárcel.

El hombre, a través de quien era su defensor público -Félix Borgonovo, hoy juez- pidió autorización para utilizar una billetera virtual. En su cuenta, los compradores podrían depositarle el monto; el interno podría transferir dinero a sus familiares para que hagan las compras.

Con ese sistema podría solventar gastos de comida y artículos de higiene personal, que la cárcel le provee pero de mala calidad. Además estaría en condiciones de aportar alimentos a su hija, y también comprarse los anteojos que le recetaron y que el Estado no le provee.

Qué dice el Código Penal


El pedido se debatió en dos audiencias realizadas en julio del 2023 que no habían trascendido hasta ahora. La jueza de Ejecución Penal subrogante que intervino, Carolina González, citó como testigo al jefe de la cárcel, subcomisario Gastón Ponce.

Ponce recordó que por el artículo 12 del Código Penal, «está prohibido que los internos manejen dinero directamente». Esa norma señala que «la reclusión y la prisión por más de tres años (…) importan además la privación, mientras dure la pena (…) de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos».

La jueza González consideró que ese artículo «antiquísimo» no procura aumentar el castigo aparte de la sentencia. «Estas accesorias están para protegerlo, porque la persona privada de libertad tiene una limitación de proteger sus bienes e intereses».

«No veo inconveniente para que pueda manejar estos pequeños ingresos por su labor artesanal para solventar sus gastos», agregó.

Controlada por la AFIP


También dijo que esa billetera virtual «está absolutamente controlada por AFIP y detectadas sus operaciones, no veo motivo para prohibírsela».

De todos modos, le aclaró al detenido que la podrá utilizar «exclusivamente para administrar las cantidades producto de su trabajo, para su manutención dentro de la unidad, y para que haga viable su régimen de progresividad y sus capacidades laborales dentro de la unidad».

«Sólo perdió la libertad»


En diálogo con diario RÍO NEGRO, la jueza González indicó que en su opinión «el uso de los celulares con los fines previstos por la ley, para afianzar vínculos familiares y comerciar el producto de trabajo, deben estar permitidos. La persona perdió la libertad ambulatoria solamente».

Agregó que en la circunscripción de Zapala «no nos tocó ningún caso» de estafas u otros delitos cometidos con un celular desde la cárcel.

Por el contrario, señaló que «hace poco visité la Unidad 11, muchos internos me dijeron que estaban haciendo cursos on line. Cuando tengo audiencias de salidas, los jefes de la unidad reconocen que un interno que mantiene sus vínculos familiares es un interno con mejor comportamiento y mejor pronóstico de reinserción social».

El panorama en la Unidad 11


En la mayor cárcel de la provincia, donde hay 263 personas en un espacio para 254 (cifras de noviembre del 2023) la regulación del uso de los celulares es compleja.

Fuentes judiciales recordaron que se permitió el ingreso de teléfonos celulares a la Unidad 11 durante la pandemia del 2020/22, cuando estuvieron suspendidas las visitas. Fue una manera de que los internos pudieran mantener contacto con sus familiares y descomprimir la tensión interna.

El criterio de la jueza de Ejecución Penal de la capital, Raquel Gass, es que todos los celulares deben ser autorizados en una audiencia. No permite los teléfonos inteligentes, ni el uso de redes sociales.

Superada la cuarentena, la modalidad cambió: en este momento hay solo dos teléfonos por pabellón (en cada pabellón hay un promedio de 20 personas).

Derivaciones indeseadas


En el Poder Judicial está asumido que dentro de los muros existe un tráfico ilegal de teléfonos celulares y de chips. Incluso hay rumores de cuánto cotizan, así como versiones de que los aparatos secuestrados en las requisas vuelven a circular a través del mercado marginal.

La autorización de dos celulares por pabellón y su uso comunitario tuvo derivaciones indeseadas. Para cualquier individuo es imposible mantener la privacidad -los demás usuarios pueden rastrear sus contactos- de modo que floreció el comercio ilegal de chips. Así, cuando llega su turno, cada persona cambia el chip para tener uno de uso exclusivo.

Gestión de conflictos


También existen antecedentes de internos que aprovechan su turno de uso del celular para amenazar o presionar a familiares de otros presos. Los problemas de convivencia dentro de la cárcel son una materia amplia y diversa.

Gestionar esos conflictos para evitar que escalen es la tarea diaria de operadores judiciales y efectivos policiales. Hay vidas en juego: en menos de un mes se suicidaron dos internos que no recibieron visita y las muertes de personas bajo custodia traen consecuencias para los Estados.

Las ventajas y la contra


La defensora pública de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, señaló que «el uso de celulares permite el contacto familiar, con la sociedad, permite videollamadas para las personas que tienen niños o familiares muy lejos. Es una herramienta que garantiza el contacto», explicó.

Una de las fuentes de angustia más habituales para las personas privadas de la libertad son los problemas de salud de sus parientes. «El celular les permite una comunicación inmediata. Con el teléfono fijo en el pabellón, que no recibe llamadas entrantes, eso es muy difícil».

«La contra, como en todo, pero también pasa con la vida libre, es que pueden utilizarlo para cometer ilícitos», reflexionó.


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