Imputaron al intendente de Campo Grande por fraude millonario y a cuatro acusados más

La Justicia formuló cargos este jueves contra el intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, otros tres exfuncionarios municipales y una particular por una presunta defraudación contra la administración pública vinculada a la compra de terrenos destinados a la construcción de la Escuela Primaria N° 300 de San Isidro.

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti, donde el Ministerio Público Fiscal expuso la acusación y solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el avance de la investigación.

Tanto los dos abogados particulares y como el defensor oficial objetaron la acusación. Todos coincidieron en que no se trató de una maniobra defraudatoria y que no hay pruebas suficientes, argumentando en el caso de los concejales que ellos no tienen manejo de las arcas públicas.

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Qué maniobra atribuye la Fiscalía en la compra de los terrenos

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Según la acusación, en septiembre de 2024 Hernández, entonces presidente del Concejo Deliberante, junto a tres concejales -uno de ellos desempeñándose como secretario de Gobierno y Hacienda-participaron de la adquisición de 14 lotes que iban a ser destinados a la construcción del edificio de la Escuela Primaria N° 300.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal jefe, el municipio pagó 204 millones de pesos por esos terrenos, equivalentes a unos 165.182 dólares al valor de cambio de ese momento.

La teoría del caso sostiene que la mujer acusada vendió los lotes como propios cuando sólo contaba con un boleto de compraventa. Además, indicó que los ofreció como 14 parcelas independientes pese a que registralmente conformaban un único lote.

La Fiscalía también afirmó que la operación no fue tratada en el Concejo Deliberante ni declarada de utilidad pública. Agregó que la compra se realizó sin tasación previa y sin informes de dominio.

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El perjuicio económico que investiga la Justicia

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Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existió un posible beneficio económico indebido para la presunta vendedora.

Según la acusación, la mujer habría impulsado reclamos por un terreno para la construcción de la escuela, presentándose como vocera de un grupo de padres, para luego ofrecer al municipio un predio que estaba sobrevaluado.

Los investigadores señalaron que el inmueble tendría un valor de 28 mil dólares si se considera como un único bloque. En caso de analizarlo como 14 lotes subdivididos, la valuación ascendería a 96.400 dólares.

Con esos parámetros, la Fiscalía calculó que el perjuicio para el municipio alcanzaría los 137.182 dólares en el primer escenario o 68.782 dólares en el segundo.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por dos concejales, quienes advirtieron presuntas irregularidades en la operación inmobiliaria.

Las defensas cuestionaron la acusación y rechazaron la existencia de una maniobra defraudatoria. También sostuvieron que no hay pruebas suficientes para sustentar los cargos y argumentaron que los concejales no administran fondos públicos.

El juez de Garantías consideró que se encontraban reunidos los requisitos legales para admitir la formulación de cargos solicitada por la Fiscalía y habilitó el inicio de la etapa penal preparatoria por cuatro meses.