Juicio Escuelita VIII: llega el tiempo de la sentencia en Neuquén para el juez y fiscal de la dictadura

«Es una oportunidad histórica para que los jueces de la democracia, le brinden a la sociedad neuquina, una sentencia que estamos esperando: si Duarte y Ortiz fueron como decían Noemí (Labrune) y Oscar (Ragni), personeros del régimen», dijo el fiscal federal Miguel Palazzani al término de los alegatos y de los cruces legales del final de juicio por delitos de lesa humanidad.

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El cruce de abogados, con argumentos técnicos para lograr la condena o la absolución del ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, finalizó alrededor de las 5 de la tarde de ayer en el salón de AMUC, donde se hicieron ya 7 juicios anteriores por delitos de lesa humanidad, ninguno que involucrara a civiles o a la Justicia de esa época.

El último, que tuvo por imputados a los funcionarios judiciales de Neuquén, terminó ayer con la certeza de que hay dos alternativas contrapuestas para el Tribunal Oral Federal: o considera que el Juzgado Federal de Neuquén fue parte de la persecución política en el Alto Valle y son responsables por las desapariciones, tormentos y secuestros; o eran jueces que no supieron hasta 1985 qué hacían los grupos de tarea en la zona, pese a que intervinieron en más de 31 expedientes de hábeas corpus con las descripciones de los familiares.

El veredicto se conocerá el 17 de diciembre, luego de las palabras finales de los imputados, que se escucharán a las 9. El juez Alejandro Silva aclaró que no era una nueva instancia de indagatoria (hubo 7 audiencias durante el juicio de los acusados) a pesar de que los acusados, que son abogados y fueron juez, secretario y fiscal, conocen los detalles del proceso.

Los equipos de la Defensa no asistieron a la sala de audiencias y resolvieron las dúplicas por videoconferencia. Los abogados Eduardo Peralta, María Laura Irastorza, Gabriela Labat y Celia Delgado insistieron en que Duarte y Ortiz no podían ser condenados por delitos de lesa humanidad.

A pesar de los argumentos rebatidos por la fiscalía y las querellas (la de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ceprodh), las abogadas sostuvieron que no se acreditó en el juicio que los funcionarios judiciales fueron pare del plan criminal, e insistieron con un planteo de que, para la fiscalía, cualquier delito cometido entre el 76 y el 83, podría ser causal de lesa humanidad.

El querellante Marcelo Medrano, contabilizó 38 inconsistencias del planteo de las Defensas: citas falaces sobre la prueba que tanto la fiscalía como las querellas presentaron a lo largo del juicio, que comenzó en octubre de 2023. «Las acusaciones armamos un relato coherente, que es fundamental sobre qué sucedía en la dictadura y cómo esas conductas deberán ser juzgadas y quiénes son los responsables», dijo Medrano en rueda de prensa.

La fiscalía rechazó las incongruencias que le fueron atribuídas por los dos equipos de defensoras, recalcó que Duarte y Ortiz tuvieron 33 audiencias para defenderse «porque apostaban a la impunidad» y a retrasar el juicio y no porque desconocieran los hechos de los que se les acusaba.

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la voz de Ciro Annichiarico, recalcó que los defensores de Duarte y Ortiz no presentaron prueba adversa, sino que se dedicaron a refutar las pruebas de cargo con «negativas ingeniosas» cuando las imputaciones fueron claras: «se trató de lo que no hicieron, cuando debían actuar: por eso el prevaricato y la omisión: fueron parte del plan criminal con otros actos que causaron sufrimiento y se constituyen en delitos de lesa humanidad», dijo Annichiarico.

Desde la APDH se atacó los reclamos de juzgamiento en «plazo razonable» que hizo la defensa y les recordaron a los jueces los 2 años con más de 40 recursos interpuestos por Duarte y Ortiz que impedían llegar al juicio, con la recusación de 6 jueces, dijo Bruno Vadala. «Se tergiversa mediante la descontextualización, hubo un sesgo grave, pedimos que se rechacen las nulidades por falaces: se imputaron delitos de lesa humanidad respetando todas las garantías», planteó Medrano.

Desde el Ceprodh, Natalia Hormazábal reforzó que este juicio comenzó en 2013 y los que reclamaban justicia hace más de 48 años fueron los familiares, que fallecieron sin poder conocer el veredicto. «El planteo de genocidio, no es nuevo, lo hemos argumentado en los juicios anteriores y en el actual: se buscó la eliminación del sector obrero, fueron parte de un plan, con distintos roles, le pedimos al tribunal que recoja la verdad histórica»; blandieron.

Las defensas tergiversaron los dichos de Labrune

Tanto la fiscalía como la APDH cuestionaron severamente el uso parcial del testimonio de Noemí Labrune en los alegatos de la defensa para reforzar el planteo de que Víctor Ortiz, no era parte del plan sistemático de persecución política. «Hubo 38 inconsistencias y lo de Noemí Labrune, fue una muestra grave de esto: decir que Noemí Labrune dijo que Ortiz no había pergeñado el plan criminal, cerrar el alegato con letra mayúscula y subrayada para reforzarlo, es mentira, no es cierto. Se le preguntó a Noemí Labrune y contestó claramente que no sabía si lo había pergeñado, pero que era parte, estaba segura», insistió Medrano.

Ambos recordaron la carta documento enviada por Labrune y Oscar Ragni al Congreso en 1984, para evitar la confirmación como jueces de la democracia, por los antecedentes tanto de Duarte como de Ortiz, como «cómplices y encubridores de los delitos de secuestros, torturas y presuntos asesinatos» de neuquinos; con ofrecimiento de documentación y testimonios.

El fiscal Miguel Palazzani le pidió al tribunal que volviera a escuchar los 38 segundos de esa contestación en la sala de audiencias para corroborar que el sentido que le atribuyeron las defensoras al testimonio de Labrune, era erróneo. Luego, en rueda de prensa agregó que «Noemí fue clara, explicó cómo fueron parte del plan, ella no está y nos pareció una reivindicación histórica: se manipuló su testimonio, había que señalarlo», dijo.

Agregó que en Bahía Blanca, cuando no habló de Ortiz, fue porque «el objeto procesal no fue juzgar a Ortiz, y lo que dijo fue acá, en este tribunal: en Bahía fue valiosísimo el trabajo que hizo con (la identificación de) los guardias de la Escuelita, consiguió establecer que eran parte del RIM 26″, recordó.

«Fue un militar (Pedro Duarte) y su co equiper (el fiscal Ortiz) en el juzgado Federal, es muy grosero y burdo lo que pasó acá: ocuparon el Juzgado Federal para asegurar la impunidad y es lo que planteamos en el alegato. Estamos convencidos de lo que dijimos: no hay un caso similar en el país de un militar (auditor del Comando) puesto en el Juzgado Federal, así como al médico militar lo pusieron en La Escuelita y la subsecretaría de Salud y otro integrante de la cúpula militar en la policía provincial, en la intendencia y la gobernación», insistió Palazzani.

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