El pacto de silencio de los civiles por los crímenes de la dictadura en Neuquén y Río Negro
El viernes 3 seguirá el juicio contra Pedro Duarte (exjuez) y Víctor Ortiz (exfiscal) por la cobertura de impunidad para los grupos de tarea en la dictadura. Inés Rigo y Oscar Ragni abrirán la acusación sobre el rol del Juzgado Federal en la desaparición de su hijo.
El tribunal oral decide si los acusados Pedro Duarte y Víctor Ortiz estarán en la sala para las indagatorias o declararán de modo virtual, por las pantallas y el sistema zoom. (Matías Subat)
La nieta que recuperó su identidad en 2008 Sabrina Gullino Valenzuela Negro declaró en dos juicios de lesa humanidad en la que se puso en tensión la responsabilidad de civiles en los crímenes de la dictadura. Fue por la participación de médicos tanto en su apropiación, como en la de su hermano mellizo que continúa con una identidad falseada.
Describió que hubo pediatras que cobraron por más de 20 días de atención neonatológica de mellizos -un hombre y una mujer- que no estaban acompañados de adultos, con profesionales que les ordenaron a las enfermeras cuidados para esos bebés y rotular como “NN” en las cunas.
Su mamá y su papá, militantes montoneros, siguen desaparecidos.
“Fue distinto el rol de las enfermeras que declararon en el juicio. Ellas se rebelaron, dijeron lo que sabían y fue fundamental para conocer nuestro origen y cómo fue nuestro derrotero, no así los médicos, que mantuvieron el pacto de silencio sobre lo que ocurrió: mientras esto ocurre, mi mellizo sigue desaparecido, con vida, con la identidad cambiada”, dijo Sabrina.
Ella fue depositada en una sala cuna y luego entró en el circuito de adopción por vía judicial, pero de su hermano se perdió el rastro tras salir de la clínica privada de Entre Ríos.
Gullino Valenzuela Negro estuvo en Neuquén y en Roca cuatro días previos al inicio del juicio contra el ex juez Duarte y el ex fiscal Ortiz, como parte de la campaña por la identidad que cerró en redes el 22 de octubre, Día Nacional por la Identidad.
El 20 de octubre comenzó en Neuquén el primer juicio por delitos de lesa humanidad que avanzó sobre la responsabilidad civil, en este caso de abogados del fuero federal, en los crímenes de la dictadura.
Según el fiscal federal Miguel Palazzani, de los pocos juicios en los que se cuestionó el rol de los jueces en el plan cívico militar de la dictadura (Mar del Plata, Mendoza o Tucumán) y es el único en el que un mayor del Ejército se hizo cargo de la Justicia Federal para favorecer la impunidad de los operativos y de no investigar las desapariciones.
“Sostener que se enteraron con la llegada de la democracia, es una burla a la inteligencia y herir el sentimiento de todos. Es la excusa general”, adelantó el fiscal en la previa a lo que será la declaración de los ex magistrados en la indagatoria.
Pedro Duarte (exjuez) y Víctor Ortiz (fiscal federal hasta 1985) informaron que hablarán en la indagatoria.
Ambos residen en Buenos Aires y la fiscalía rechazó el planteo de que sea por Zoom. Exigió que declaren en Neuquén. Sus defensoras plantearon inconvenientes médicos para la presencialidad y el tribunal definirá luego si el 3 de noviembre o el 17, los acusados estarán en la sala de audiencias de AMUC, en la avenida Argentina al 1700 o seguirán en las pantallas.
Palazzani adelantó que en la instrucción, se excusaron en que hicieron lo que marcaba el código, sin embargo -agregó- nunca citaban a los testigos de los secuestros, o consultaron a los sobrevivientes cuando aparecían qué ocurrió, ni ordenaron allanamientos, ni llamaron a los militares para indagatorias, aunque en esos mismos expedientes, cuando llegó el momento de la justicia (en el caso de Ortiz), derivaron las actuaciones al tribunal militar.
Para el fiscal, los grupos de tareas actuaban con tranquilidad porque “tenían los jueces con ellos. Al que hacía algo, lo echaban”.
Agregó que en el caso de Ortiz, estuvo presente en la delegación Neuquén de la Policía Federal cuando uno de los perseguidos políticos, era interrogado a golpes.
Sobre la responsabilidad de Duarte, reiteró que además de ser mayor del Ejército con cargo de auditor antes de ser instalado en el juzgado, participaba de las reuniones, según lo declaró en indagatoria el comandante José Luis Sexton.
Palazzani dijo “sabía de los operativos” porque iba a las reuniones con las cúpulas militares y luego algunos de esos casos, le eran denunciados en el juzgado.
“Hay 14 desaparecidos en este juicio, un bebé que sigue apropiado y que no hemos encontrado; hasta ahora la estrategia ha sido confrontar y desacreditar a Noemí” Labrune, cuestionó Palazzani.
El fiscal insistió en que “si declaran, que vengan personalmente. Si bien el juicio se planteó mixto, con modalidad presencial y virtual, en este acto (indagatoria) es importante que estén”.
En la primera audiencia del 20 de octubre, la fiscalía expuso los detalles de por qué consideró que Duarte y Ortiz fueron partícipes secundarios de los secuestros, responsables de la omisión de promover la acción penal y en el caso del exjuez, de prevaricato.
El 3 de noviembre el juicio seguirá con el planteo de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) patrocinantes de Inés Rigo y Oscar Ragni, padres de Oscar Ragni, desaparecido el 23 de diciembre de 1976.
Con el final de la acusación del Ceprodh, vendrá el turno de Duarte y Ortiz. Las defensoras oficiales informaron que hablarán, pero no aclararon si responderán preguntas.
El juicio cuenta con 22 expedientes con denuncias no investigadas por 25 víctimas de secuestros, tormentos, desapariciones forzadas y homicidio.
Para Palazzani, sin este accionar judicial, no se podría haber llevado a cabo el plan represivo.
“El juzgamiento de los civiles, permite ver otro entramado de las responsabilidades en la dictadura cívico militar: los beneficiarios económicos como perpetradores, como el caso de los dueños de las multinacionales que también participaron como Ford y Mercedes”, destacó Sabrina Gullino Valenzuela Negro, la nieta recuperada 96.
Insistió en que los médicos que los atendieron por 22 días, cobraron honorarios por los bebés a los que ordenaron clasificar como NN y entregaron a personas que no eran sus padres, hacia algún destino.
En los juicios declaró por la participación necesaria de los médicos en el secuestro y cambio de identidad, luego de que su mamá Raquel Negro dio a luz en un hospital militar y fueron derivados a la clínica privada.
En una de las audiencias, se le pidió que opinara por la rebaja de pena que habían planteado los profesionales, ya condenados. “Ellos sostienen el pacto de silencio hasta hoy. Yo lo que quiero es encontrar a mi hermano y ellos saben a quién se lo dieron y dónde está. Mientras ellos sostienen ese pacto, el melli sigue desaparecido, con vida, cada día que pasa con su identidad cambiada”, respondió.
Abogados y cobertura legal a secuestros
El rol de los abogados durante la dictadura militar incluyó, en el Juzgado Federal de Neuquén, la cobertura de impunidad para los secuestros y desapariciones que, según dijo la fiscalía, los magistrados conocían.
“Era muy difícil encontrar abogados que nos ayudaran con una presentación” para denunciar el secuestro o presentar un hábeas corpus tras una desaparición, coincidieron los familiares en diferentes juicios previos -siete- que se realizaron en AMUC.
En la jornada de apertura, el abogado Sergio Mayorga, ante la consulta de Río Negro, respondió que fue “muy fuerte la descripción. Es la falta de cumplimiento de los deberes básicos ante planteos de hábeas corpus por la desaparición de sus hijos en la mayoría de las veces (de la descripción de los casos) y la falta absoluta de cualquier tipo de diligencia tendiente a esclarecer los hechos, como determinar paraderos”, describió.
Dijo que la requisitoria fiscal llegó “con las responsabilidades ya determinas, se trae a juicio la participación necesaria del juez y el fiscal de aquel entonces, donde la conclusión, es que conocían o que suponían que eran personas privadas de la libertad por el Ejército o la Policía Federal y hubo incumplimiento de cualquier tipo de procedimientos, protocolos, códigos procesales, no hubo actividad judicial mínima tendiente a tramitar esos procesos que protegen lo más importante de las personas: la vida y la libertad”, dijo.
Enumeró que ante las reiteradas denuncias, las únicas pruebas solicitadas fueron informes a las reparticiones oficiales del Ejército, todas con resultados negativos “sin disponer de otras medidas básicas de prueba. Y lo que apareció como grosero, es la imposición de costas a las familias: no solo archivaban, sobreseían y rechazaban los habeas corpus, sino que obligaban a los familiares a pagar los gastos del proceso judicial”, destacó.
“Como abogado y operador del sistema judicial me resulta interesante analizar las responsabilidades civiles de la dictadura, el rol del poder judicial como una pata ineludible de la legitimación del Terrorismo de Estado; avanzar en el esclarecimiento de los hechos, el contexto histórico y pensar en aquel poder judicial para que sirva como espejo de lo que hay y lo que no hay”, opinó.
Querella Ragni
Inés Rigo (Madre de Plaza de Mayo) y Oscar Ragni, padres de Oscar Ragni, no estuvieron en la primera audiencia del juicio, como en los anteriores procesos, debido a que son testigos de cargo contra el exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz.
El viernes, en la segunda audiencia del juicio por la responsabilidad de ambos en los crímenes de la dictadura, las abogadas Mariana Derni y Natalia Hormazábal abrirán el debate oral con el requerimiento por la desaparición de Oscar Ragni, hijo, el 23 de diciembre de 1976.
“Esta instrucción llevó demasiado tiempo y chicanas judiciales. Inés y Oscar son dos luchadores incuestionables de los derechos humanos que vuelven a este lugar para acusar a funcionarios de la dictadura, demostrando que el plan genocida también incluyó la actuación de la justicia para el resultado tortura, desaparición y muerte”, dijo la patrocinante Natalia Hormazábal.
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