La despidió y negó conocerla: ahora debe pagar triple indemnización por trabajo en negro
La dueña de un geriátrico de Roca deberá abonar 2,4 millones de pesos a una empleada que fue echada por reclamar mejores condiciones laborales.
La empleadora negó conocerla tras el inicio de las acciones legales. Foto archivo
La persona beneficiada por el fallo de la Cámara Laboral Segunda de la ciudad, trabajó cerca de cinco años en total informalidad. Ahora su empleadora que negó conocerla tras su despido injustificado, deberá compensarla con 2.400.000 pesos.
«Quedó demostrado que la demandada menospreció el trabajo, la integridad psicofísica y la salud de su dependiente«, sentenció el fallo de la Cámara. Las condiciones laborales de la persona afectada, que no solo implicaban salarios por debajo de la escala, también le imposibilitaban acceder a beneficios de seguridad social.
El reclamo por la correcta regularización se repitió en varias oportunidades y en todas ellas fue amenazada con ser despedida, situación que finalmente llegó en plena vigencia del decreto nacional de Emergencia Ocupacional. Por ese motivo se debió recurrir a la justicia, donde se encontró una pronto respuesta.
La sentencia obliga a la dueña del geriátrico a liquidar los sueldos adeudados y a pagar una triple indemnización. La suma final que se estableció incluye el básico por el despido sin causa, la falta de preaviso, los salarios y aguinaldos no percibidos, los reajustes de haberes de los últimos dos años y los intereses acumulados.
Lo paradójico del hecho es que tras ser despedida de palabra, la damnificada envió una carta documento pidiendo ser «blanqueada«. Como respuesta obtuvo otra en donde la administradora del lugar dijo “no haberla visto nunca”.
La mujer trabajaba seis horas, de lunes a lunes y con un franco semanal en el puesto de asistente geriátrica. El cargo requería la limpieza de las habitaciones de la institución y espacios comunes, servir alimentos, cuidar, vestir, higienizar, suministrar medicamentos y efectuar curaciones a los adultos residentes.
El mayor agravante para la obligación a pagar de los más de dos millones de pesos radica en la informalidad y la violación de un decreto presidencial vigente de 2019 que establecía el doble pago por despido.
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