Estafa con planes sociales: beneficiarios fantasma y sorprendente aparición de vehículos

A 48 días de explotar el escándalo por la estafa con planes sociales, el abogado defensor de los tres funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social involucrados entregó los automóviles que buscaba la fiscalía. Se trata de vehículos que aparecen en las filmaciones de los cajeros automáticos del Banco Provincia de Neuquén, conducidos por personas que hicieron retiros de dinero sin ser los titulares de las tarjetas de débito de los beneficiarios.

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El silencio del MPN y el cansancio moral

Por otra parte, y como se preveía, resulta complejo avanzar hacia funcionarios de jerarquía en la trama de complicidades dentro del Ministerio. Como viene informando Río Negro, la estafa no es una simple maniobra de un grupo aislado sino un sistema que lleva años, y los fondos sustraídos se destinan con toda probabilidad a financiar campañas políticas. Se especula que en dos años sustrajeron 123 millones de pesos, pero la cifra real podría triplicarla.

El escándalo se investiga al menos desde el 26 de julio. Hoy se cumplen 48 días, y el gobernador Omar Gutiérrez no sólo ha mantenido silencio, lo cual es malo porque se trata de un asunto de interés público, sino que tampoco separó de sus cargos a los funcionarios que fueron allanados por la fiscalía. Eso hubiera servido para demostrar que tiene una mínima voluntad de colaborar con la investigación y darle transparencia.

Por el contrario el funcionario de más alta jerarquía bajo sospecha, Ricardo Soiza, fue premiado con un cargo como titular en la Convención Provincial del Movimiento Popular Neuquino, que presiden Jorge Sapag y Ana Pechen.

Quien era ministra de Desarrollo Social cuando se imprimieron las tarjetas utilizadas para la estafa, Adriana Figueroa, tampoco quedó desamparada: la proclamaron jefa de la junta Collón Curá, con cabecera en Piedra del Águila, la ciudad de la que fue intendenta.

Los automóviles

El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó hoy a Río Negro que el viernes secuestraron seis vehículos que buscaban por su vinculación con la maniobra. Se suman al que ya habían encontrado la semana pasada.

Lo sorprendente es que los automóviles llegaron a poder de la fiscalía porque los entregó el abogado defensor de los imputados, Alfredo Cury. Los intentos de este medio por comunicarse con el defensor no dieron resultado.

Esos vehículos fueron registrados por las cámaras de vigilancia de los cajeros automáticos en los cuales hacían extracciones los sospechosos.

Cuentas fantasma

A cada paso que avanza la investigación, el escándalo no hace más que crecer. Según el informe del departamento Prevención de Fraudes del Banco Provincia que publicó Río Negro en exclusiva, el universo de tarjetas de débito involucradas asciende a 405. Ahora se supo que la fiscalía descubrió que por lo menos 30 o 35 figuran a nombre de personas que nunca se enteraron que eran beneficiarios de planes sociales.

Hasta ahora el funcionario de más alta jerarquía sospechado es el director general de Planes Sociales, Ricardo Soiza. Su vivienda fue allanada el 6 de septiembre y, según alardeó en una radio, desde entonces su vida sigue igual y trabaja en el mismo puesto.

El viernes lo proclamaron en el órgano de conducción del Movimiento Popular Neuquino, en el puesto 45. Un mimo.

Soiza tenía -tiene- atribuciones para definir a quién sí y a quién no darle un plan social. La fiscalía investiga qué funcionario o funcionaria, en un nivel superior, definía el monto de dinero.

Para dificultar el seguimiento de la ruta de las responsabilidades, hay una selva de leyes, decretos y resoluciones a través de las cuales se va perdiendo el rastro. Los controles fallan o no existen. Es un sistema.

Vignaroli le pidió a la fiscalía de Estado, que es querellante en la causa, un organigrama actualizado del ministerio de Desarrollo Social y los últimos decretos y resoluciones que delimitan responsabilidades de cada funcionario.

Decretos que no llevan a nada

Río Negro ya hizo la prueba de buscar en la web oficial del Boletín Oficial, y se encontró con varias sorpresas: por ejemplo, el número de decreto que designa a un funcionario corresponde, en realidad, a uno que delega el Ejecutivo en el vicegobernador Marcos Koopmann por un viaje de Gutiérrez. En otro caso, el decreto remite a una asignación de fondos para una municipalidad.

Posiblemente exista una norma que corrige esos errores, publicada o no. Se cita estos casos como muestra de que solamente con voluntad política se podrá llegar hasta el fondo de este escándalo. Y ni el gobernador, ni quien aspira a sucederlo, ni quien los apadrina, han dado gestos en esa dirección.