Estafa con planes sociales: sancionan a cajeros del Banco Provincia de Neuquén
Serían los que entregaron algunas de las tarjetas utilizadas para cometer la maniobra. La investigación se congeló otra semana, ¿para no superponerse con la presentación de la fórmula del oficialismo?. Asociación ilícita, la figura fetiche.
La maniobra de estafa fue a través de un virus en el homebanking del BPN. Foto: archivo Matías Subat.
Un grupo de empleados del Banco Provincia de Neuquén, en particular cajeros, fueron sumariados y en algunos casos suspendidos hasta cinco días por haber entregado tarjetas de débito que luego fueron utilizadas para la millonaria estafa con planes sociales. Al parecer los cargos que les formularon fue no haber cargado en el sistema informático los datos de las personas que retiraron los plásticos.
La información fue confirmada a Río Negro por el secretario general de la Asociación Bancaria, Francisco Melo, quien aseguró que el gremio se encarga de la defensa de los sancionados.
Otras fuentes indicaron que a los cajeros no se les brindó derecho de defensa: se los sumarió y suspendió sin darles la oportunidad de que dieran su versión. En algunos casos, al parecer, no cargaron la información por fallas en el sistema pero tendrían en soporte papel los datos de las personas que retiraron las tarjetas.
Es una de las tantas historias colaterales a la gran estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia mediante la utilización de tarjetas de débito por parte de personas que no son los titulares. En estos días, el Banco Provincia promociona un nuevo sistema con el simpático lema de «arriba los pulgares» para utilizar la huella digital en vez del tradicional plástico. Río Negro preguntó si estaba previsto que sea de uso obligatorio para beneficiarios de planes sociales pero no obtuvo respuesta.
Mientras Pasa Nada
Para esta semana desde la fiscalía de Delitos Económicos se prometió que habría novedades. Traducido, que podría producirse la formulación de cargos al menos contra las 11 personas cuyos domicilios fueron allanados hace ya un mes y medio. Entre ellos figuran tres funcionarios de Desarrollo Social, el de más alta jerarquía Ricardo Soiza, director provincial de Planes Sociales.
Sin embargo el fiscal jefe Pablo Vignaroli, un reconocido tiempista, prefirió dejar pasar los días. No era cuestión de arruinar la fiesta del oficialismo del Movimiento Popular Neuquino, el partido-gobierno-Estado, que esta semana presentó su fórmula para la gobernación y su lista de candidatos a diputados provinciales.
Lista en la que conviven petroleros de Guillermo Pereyra con el concejal sapagista Claudio Domínguez, lo cual confirma lo afirmado por este medio: la presunta pelea entre ellos tuvo tanto de cierta como discusión de talk show en la TV de la tarde.
Domínguez se presentó a declarar en la fiscalía, Pereyra todavía no.
Corrimiento
Se rumoreó que Pereyra intentó sacar de su puesto al ministro Abel Di Luca para que lo reemplace un diputado del oficialismo, en una jugada de caída de fichas de dominó: de esa manera ingresaría a la Legislatura un suplente que le responde.
Parece un costo muy alto hacer renunciar a un ministro en este momento delicado de la interna para darle ese premio consuelo al inestable socio político. Aunque Di Luca tambalea en el cargo -ya debería haberlo abandonado hace mucho- el gobernador Omar Gutiérrez no entregará ese trofeo como muestra de su debilidad. Mucho menos mientras el tema siga en el diario.
Ahora, la lista no está
El Poder Ejecutivo volvió a cambiar el modo de publicitar la entrega de subsidios. En el Boletín Oficial de ayer se publica el decreto 1992, que reparte 68.875.000 pesos entre 4184 beneficiarios del subsidio para la Desocupación Laboral, uno de los que se encuentra bajo investigación.
A diferencia del decreto 1960, sobre el subsidio Social Transitorio revelado por este medio, no está la lista de beneficiarios ni el monto que recibirá cada uno.
La norma legal la firman el gobernador Gutiérrez y el ministro Di Luca.
El fetiche de la asociación ilícita
La formulación de cargos algún día ocurrirá. Uno de los interrogantes es cuál será el delito que les imputarán a los acusados.
Hay un fetiche alrededor de la figura de asociación ilícita, que podría ser una de las figuras. Por un lado, no es sinónimo de prisión preventiva. Para aplicar esa medida cautelar hay que probar el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, no importa la figura penal.
Que yo recuerde, en la historia reciente de la provincia un solo funcionario fue preso preventivamente: Osvaldo Ferreyra, ex administrador del ISSN (después absuelto, como corresponde). El juez que lo encarceló, Juan José Gago, ya fallecido, no tuvo una carrera feliz. Méritos aparte, marcó -y lo marcaron- como un hito que aleccionó al resto: jamás ningún otro juez o jueza se atrevió a imitarlo.
Por el otro, la asociación ilícita es un delito que ha recibido cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Más allá de este debate, exige varios requisitos para ser probado: entre ellos, demostrar primero el delito base. El fiscal aún no decidió si será fraude en perjuicio de la administración pública o peculado.
Construir hoy un edificio sobre esa base puede significar, a futuro, quedarse con un montón de escombros. Pero calma, la calificación en la formulación de cargos es provisoria, puede modificarse con la marcha de la investigación. Eso significa: agravarse, o atenuarse.
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