Seguirán detenidas las mujeres mapuches imputadas por usurpaciones en Villa Mascardi
La jueza federal de Bariloche rechazó los pedidos de los defensores para excarcelar a las acusadas. Además, la magistrada cerró la instrucción y el 6 de enero último elevó a juicio la causa en la que están incriminadas por las tomas de predios.
El 4 de octubre pasado efectivos de la Policía Federal desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que mantuvo durante casi 5 años varios predios usurpados en Villa Mascardi y detuvieron a un grupo de mujeres. (foto de archivo de Alfredo Leiva)
La jueza federal María Silvina Domínguez clausuró a principios de este mes la instrucción y elevó a juicio la causa en la que están imputadas Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil, que integran la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por las usurpaciones de dos predios pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN) y otro lote particular, ubicados en Villa Mascardi.
Además, Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, rechazó el viernes los pedidos para excarcelar a las cuatro mujeres mapuches. Los defensores habían planteado que como Domínguez elevó la causa a juicio, la instrucción finalizó. En consecuencia, no existe riesgo de que las mujeres puedan entorpecer la investigación en libertad. Por eso, señalaron que no hay motivos para mantenerlas detenidas.
La jueza entendió, en sintonía con la fiscalía federal de Bariloche, que persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento con el avance del proceso judicial con las mujeres en libertad. Por eso, denegó el cese de la prisión preventiva les impuso hace unos tres meses, pero que cumplen de manera domiciliaria, en una vivienda de esta ciudad. Los defensores apelaron este sábado la resolución de la jueza, informó el abogado Virgilio Sánchez que asiste a una de las mujeres.
Las cuatro imputadas están detenidas desde el 4 de octubre pasado, cuando un numeroso contingente de efectivos de la Policía Federal desalojó por orden de la jueza a los miembros de la comunidad mapuche que mantenían usurpados 13 predios desde finales de 2017 y principios de 2018, en la zona de Villa Mascardi.
Antecedentes de la causa
A finales de octubre, la magistrada procesó con prisión preventiva a las imputadas por haber perpetrado las usurpaciones, junto con otros miembros de la comunidad mapuche, que permanecen prófugos. La jueza les permitió cumplir la preventiva en una casa de Bariloche.
La causa que Domínguez elevó a juicio el 6 de enero último -en plena feria judicial- es por dos hechos delictivos atribuidos a las imputadas. El primero es por la usurpación de dos predios de la APN, donde se encontraba el exHotel Mascardi; el segundo, por la usurpación de la propiedad “La Escondida”, perteneciente a María Magdalena Giménez de Tournier, esposa de Juan Grehan.
En el requerimiento de elevación a juicio que la fiscal federal interina de Bariloche Cándida Etchepare presentó a finales de diciembre último acusó a Colhuan, que es la machi de la comunidad, a Jaramillo y Romina Rosas por la usurpación por despojo de los predios de la APN, donde está el exHotel Mascardi, y de “La Escondida”, mientras que a Ardaiz Guenumil solo por el segundo hecho.
Etchepare consignó en la requisitoria todas las pruebas recolectadas durante la investigación que incriminan a las imputadas. “Esa ilícita ocupación se mantuvo a lo largo de más de cuatro años por medio del ejercicio de violencia contra las personas, puesto que efectivos de la Policía de Río Negro, guardaparques, abogados y autoridades de Parques Nacionales, miembros de Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal Argentina, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la administración de justicia fueron sistemáticamente atacados por medio de piedras y bombas molotov al momento de intentar acceder al lugar para materializar mandas judicialmente ordenadas”, recordó la fiscal.
Mencionó que esa permanencia en el predio “se dio por medio de la fuerza ejercida contra las instalaciones del Hotel, que fue dañado, vandalizado y desmantelado al punto que, en la actualidad, la estructura tiene peligro de derrumbe y es completamente inservible en su totalidad”.
“Muchos de los materiales forzados del inmueble fueron utilizados para construir casillas en la parte trasera del predio, con las vigas, aberturas y revestimientos de allí obtenidos”, relató Etchepare.
Conflicto de competencias por las excarcelaciones
Cuando se reanude la actividad judicial, tras la feria de enero, la causa elevada por Domínguez la recibirá el Tribunal Oral Federal (TOF) de Roca, que definirá la fecha del juicio oral.
Sin embargo, la decisión de la jueza que subroga el juzgado federal de Bariloche originó un conflicto de competencias que se dirimió en plena feria y sin levantar polvareda. Sánchez explicó que Domínguez se había excusado de resolver en un primer momento respecto de los pedidos de excarcelación de las mujeres imputadas porque argumentó que ya no era su competencia porque había elevado la causa a juicio. Señaló que la competencia era del TOF de Roca.
El TOF rechazó el argumento de Domínguez y replicó que no les correspondía resolver por más que la jueza haya elevado la causa a juicio, porque técnicamente no lo está todavía porque está la feria judicial de este mes.
Sánchez contó que cuando el TOF le devuelve el expediente, Domínguez ratifica su postura de que no es competente para resolver los pedidos de excarcelación y manda el expediente al Tribunal de Casación Penal en Buenos Aires, para que decida a quién le corresponde resolver. Al final, el Tribunal de Casación indica que Domínguez tiene que resolver. Y el viernes la jueza desestimó los pedidos de los defensores para excarcelar a las mujeres imputadas.
Imputadas en la "causa madre"
Además, Colhuan, Jaramillo y Rosas están imputadas, junto a otros 6 miembros de la comunidad mapuche, de la usurpación de un predio de la APN que ocurrió a principios de noviembre de 2017. Fue la primera toma de tierras.
Pocos días después, ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi. Por ese hecho hay cinco albatros de Prefectura imputados, que están a un paso del juicio oral. Se los acusa el homicidio agravado pero cometido en exceso de la legítima defensa. Tras la muerte de Nahuel, las fuerzas de seguridad se retiraron y la comunidad mapuche avanzó y usurpó lotes contiguos de particulares y de Parques Nacionales en la zona en conflicto.
El juicio por esa primera usurpación tenía que comenzar a mediados de diciembre pasado. Pero el juez federal Hugo Greca resolvió posponerlo hasta el 13 de febrero próximo a la espera del resultado de la “mesa de diálogo” entre funcionarios del gobierno nacional y autoridades mapuches y representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu. La fiscalía federal y los apoderados legales de la APN, que es querellante en esa causa, se habían manifestado en contra de aplazar el juicio.
En su respuesta a Greca, Etchepare recordó los sucesivos intentos por resolver el conflicto en una instancia de diálogo que nunca prosperó por la negativa de los miembros de la comunidad mapuche e imputados.
“No existe ya a estas alturas, a entender de este Ministerio, duda alguna en cuanto a que la dilación tiene por solo objeto evitar ad eternum el cierre definitivo de estas actuaciones y, en un futuro, lograr la prescripción de la acción penal”, afirmó la fiscal, en su dictamen. “A esto se suma que la inmiscusión del Poder Ejecutivo dentro de ámbitos propios del poder judicial torna, cuanto menos, peligrosa”, advirtió la fiscal.
Comentarios