Después de 9 meses, la fiscalía se acordó de pedir una prisión preventiva por abuso

Un taxista de Villa La Angostura fue declarado responsable del abuso sexual de una vecina, y afronta una pena de prisión mínima de 6 años. Está en libertad, y desde diciembre del 2021 no rige ningún impedimento para que se acerque a la víctima o salga del país. En todo este tiempo, no hizo ni una cosa ni la otra. La fiscalía se acordó ahora de pedir que le impongan prisión preventiva, pero un tribunal se lo rechazó por unanimidad.

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El hecho tuvo cierta difusión mediática días atrás, enfocada en la decisión del tribunal de dejar en libertad a un hombre declarado responsable de violación. Pero los casos judiciales son complejos y antes de sacar una conclusión es conveniente tratar de reconstruir la trama detrás de las decisiones. Eso puede llevar un tiempo.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual, se preservan las identidades de las personas involucradas. El 20 de septiembre pasado, un tribunal de juicio integrado por Juan Pablo Balderrama, Gustavo Ravizzoli y Raúl Aufranc declaró responsable de abuso y amenazas a un hombre de Villa La Angostura que violó a su vecina, madre de 3 niñas, y le dijo que las mataría si lo denunciaba.

Primer rechazo a la preventiva

El hecho había ocurrido el 26 de abril del 2020. La formulación de cargos la realizó el fiscal Adrián De Lillo el 19 de agosto del 2021 -la víctima tardó en hacer la denuncia- y en esa ocasión pidió que le impongan prisión preventiva.

El juez Juan José Nazareno Eulogio le rechazó el pedido, y en cambio le impuso al acusado la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, de ejercer actos de violencia o amenazas, de salir del país, y la obligación de presentarse una vez por semana en la comisaría 28 de La Angostura.

Caducidad, sin renovación

Esas medidas tuvieron vigencia por cuatro meses, y caducaron en diciembre del 2021. El fiscal no pidió la renovación ni la modificación. Tampoco lo hizo en la audiencia de control de acusación, el 10 de marzo de este año, ni en su alegato de clausura del juicio oral, en septiembre.

Recién volvió a pedir la prisión preventiva el 20 de septiembre, día en que el Tribunal de Juicio dictó el veredicto de responsabilidad. Esto dio lugar a un farragoso intercambio de resoluciones entre jueces de Garantías y del Tribunal de Impugnación porque había interpretaciones distintas respecto de a quién le correspondía responder el pedido del fiscal.

Así se llegó a una audiencia del 27 de septiembre pasado, con un tribunal integrado por Raúl Aufranc, Maximiliano Bagnat y Leticia Lorenzo. El fiscal De Lillo pidió la preventiva del imputado invocando peligro de fuga, riesgo de entorpecimiento de la investigación y por el temor de la víctima a su agresor.

El defensor público Gonzalo Crespo se opuso. Argumentó que desde diciembre del año pasado, su asistido está en absoluta libertad, sin ninguna medida de restricción, y no se fugó, ni se acercó a la víctima ni la amenazó.

Debida diligencia reforzada

El Tribunal le dio la razón. «Ha sido claro el fiscal al reseñar las obligaciones de cuidado y la debida diligencia reforzada en casos que tengan como víctimas a mujeres, pero los hechos que se presentan en esta audiencia no nos indican que haya habido esa debida diligencia en preservar las cautelares que fueron impuestas el 19 de agosto del 21 y que vencieron el 9 de diciembre», señalaron en su resolución, por unanimidad.

«No hay ningún indicio de que después del veredicto de culpabilidad haya habido ninguna conducta del imputado que indicara un riesgo de fuga o de obstaculización», añadieron.

Por lo tanto le impusieron como medidas cautelares la prohibición de ejercer violencia, contacto o amenazas con la víctima, acercarse a menos de 300 metros, presentación diaria en la comisaría, prohibición de salir del país y uso de tobillera electrónica por 3 meses.