Temen por la vida del profesor acusado de abuso: lo custodiarán fuerzas federales
Entre las víctimas hay hijos de policías provinciales, y el docente de música fue golpeado en todas las comisarías donde estuvo detenido.
La casa del docente acusado de abuso fue saqueada el martes a la noche. Foto: Yamil Regules
La jueza de Garantías Carina Álvarez dispuso hoy que fuerzas federales se encarguen del traslado y alojamiento del profesor de música acusado de abusar de 16 niños y niñas del jardín 31 de Neuquén. Fue a pedido de la defensora oficial Verónica Zingoni, y ante el riesgo de vida que corre el imputado en manos de la policía provincial.
«Está en tela de juicio el accionar de la policía de Neuquén», dijo la jueza Álvarez, y por eso dispuso que se hagan cargo de su custodia agentes federales. Ordenó que una fiscalía le reciba la denuncia al maestro por los golpes que recibió desde que fue detenido, el martes a la noche, y que lo revise un médico del Poder Judicial.
En una audiencia realizada este jueves al mediodía, la defensora oficial Zingoni denunció que el imputado, quien debe cumplir seis meses de prisión preventiva, estuvo alojado en las comisarías 16, 18, 17 y Primera. En todas recibió amenazas y golpes de personal policial o de otros detenidos.
La abogada lo relacionó con que «algunos de los denunciantes son personal policial».
Fuentes de la defensa oficial y de la fiscalía confirmaron que desde el primer momento se manejó la información de que hijos e hijas de policías asisten a ese jardín de infantes.
En la comisaría 18
El hecho más grave ocurrió en la comisaría 18, adonde fue trasladado el docente el miércoles a la noche. Según explicó Zingoni, lo alojaron en una celda con otros seis detenidos quienes lo agredieron con golpes de puño, patadas y elementos punzantes.
El personal policial no le quiso tomar la denuncia, no le permitió comunicarse con su defensor, y elaboró un informe oficial «donde parte de lo que dice no es cierto», aseveró la defensora. Habla de autolesiones, y de que el imputado agredió e insultó al personal de salud cuando acudió a asistirlo.
El fiscal Manuel Islas y la querellante institucional Andrea Rapazzo no se opusieron al traslado a dependencias federales. Tampoco el querellante particular Gustavo Lucero, que representa a al menos un policía padre de una de las víctimas. Por el contrario, dijo que si lo que denuncia la defensora es cierto «sería un escándalo institucional».
«Peligroso precedente»
La jueza Álvarez señaló que «es un pésimo y peligroso precedente que quien tiene la custodia de un detenido, sea cual sea el motivo por el que ha sido privado de su libertad, infrinja este tipo de tratos degradantes e inhumanos. Esta magistrada no puede permitir este tipo de prácticas».
«Realmente no puedo creer que no se pueda alojar en condiciones como se debe a una persona procesada, que la policía local tenga estos reparos, de así comprobarse los hechos. Hoy está en duda la capacidad de trato humanitario de la fuerza policial neuquina, así que voy a disponer que sea alojado en un lugar que no tenga jurisdicción la policía provincial», añadió.
Justamente en la audiencia de formulación de cargos del miércoles a la noche, la parte acusadora -Islas, Rapazzo, Lucero- argumentó que la mejor manera de mantener a salvo la integridad física del imputado era con su detención en una comisaría. Esto en atención a que su vivienda fue saqueada por padres de las víctimas, y que su vida correría peligro si lo dejaban en libertad.
El estado de derecho
Según pudo reconstruir Río Negro, la jueza Álvarez respondió a ese argumento que «en un estado de derecho no se puede invocar esto. Tampoco se puede justificar que desbordes pasionales o vindictas irracionales den lugar a una medida cautelar como una preventiva».
«Tampoco se puede invocar que la preventiva sirva para proteger al imputado», continuó. «De ninguna manera en un estado de derecho se pueden legitimar estas vindictas particulares, sería retroceder a un estado primitivo, y hemos avanzado muchísimo como sociedad para volver a eso».
«El estado de derecho nos impone aplicar la ley, el debido proceso para toda persona que esté investigada de un delito, por más aberrante que sea, con todas las garantías constitucionales. La única forma de resolver un conflicto es mediante un juicio», afirmó también.
Allá por 2014, el entonces gobernador Jorge Sapag intentó modificar el Código Procesal Penal para introducir un nuevo motivo para dictar la prisión preventiva: «Que la liberación del imputado pueda poner en riesgo la seguridad y la paz social«. El proyecto no prosperó, pero sigue teniendo adherentes.
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