Tras la muerte del operario, gremios petroleros apuntaron contra el Poder Judicial: las razones
Petroleros Privados y la UTPA indicaron que hay una persecución contra los delegados sindicales. Es por una serie de causas penales que afronta el gremio en la provincia.
Tras la muerte del operario en un yacimiento petrolero en Río Negro, tanto el sindicato de Petroleros Privados como la Unión de Trabajadores Petroleros de Argentina (UTPA) apuntaron contra al Poder Judicial. El gremio de base aseguró que el trágico incidente «no sorprende» porque se trata «de lo que venimos denunciando de manera constante» y que lo que reciben son «falsas denuncias». La UTPA repudió la «persecución» a los delegados sindicales.
Los comunicados responden a las causas que el gremio afronta en el poder judicial rionegrino, tanto en Cipolletti como en Roca. Hace aproximadamente un mes, una empresa de servicio cipoleña le inició una demanda por extorsión. Pero no es la única, en Cipolletti una causa fue elevada a juicio por el mismo delito, por un hecho en Medanito, un yacimiento cerca de Catriel.
El escrito de UTPA, además de enviar las condolencias a la familia de Víctor Vázquez, el operario fallecido anoche en Río Negro, hace foco sobre la «persecución» del poder judicial en Río Negro.
«Repudiamos el procesamiento de dirigentes petroleros que están siendo perseguidos por el poder judicial de la provincia de Río Negro producto de las inspecciones de seguridad e higiene que el gremio ha realizado sistemáticamente con las empresas que no cumplen con la normativa provincial y sindical».
Se refiere a la causa que se encuentra en la fiscalía Nº 3 de Roca. Fuentes de la empresa DeltaP le indicaron a RIO NEGRO tras la acusación que el gremio realiza una política extorsiva a fin de «manejar» el personal que contrata la pyme.
La respuesta del sindicato fue que la pequeña empresa no cumplía con las normas de seguridad tanto para el personal como para el medio ambiente y que por eso se inició una medida sindical en el yacimiento Puesto Flores que opera President Petroleum. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que hay dos causas contra el gremio en esa circunscripción.
«Siempre nos culpan por hacer nuestro trabajo y dejan que los poderosos hagan cualquier cosa con tal de ahorrar un peso… eso se traduce en tragedias fatales. Esto es muy triste y en lugar de tirar todos para el mismo lado vemos que algunos hacen cualquier cosa», agregó Rucci en la nota del sindicato de Petroleros Privados.
Medanito
El caso más grave que afronta el gremio es el que sucedió en Medanito. Ya fue elevado a juicio y solo resta que la Oficina Judicial disponga la fecha para el debate. El fiscal jefe de Cipolletti Gustavo Herrera encabezó la investigación contra seis delegados del sindicato en Catriel.
Fue por un hecho que aconteció el 21 de julio de 2020, en el yacimiento Medanito. Según la acusación se produjo un incidente en el bloque que opera Petróleos Sudamericanos (PS) por un conflicto gremial. El sindicato pretendía que la operadora reincorporese a 10 operarios de la firma AESA que habían sido desafectados.
Herrera aseguró que extralimitaron sus derechos gremiales y que pusieron en grave riesgo ambiental la zona. Agregó que pusieron en riesgo la seguridad de las personas que trabajaban en el lugar y sobre todo un gran riesgo ambiental.
«El corte de energía eléctrica en la Subestación Transformadora Eléctrica constituyó el anuncio de un mal grave lo que representó un severo riesgo al medio ambiente y la seguridad común, dado que los pozos que producen gas y petróleo se encontraban operativos, pero las instalaciones en donde se debe captar ese hidrocarburo estaba sin alimentación eléctrica, corriendo riesgos la integridad física de las personas y el medio ambiente», sostiene la teoría de fiscalía.
Ceferino Leiva, Javier Rivero, Walter Pizarro, Carmelo Mongada, Rolando Gutiérrez y Juan Leiva están imputados por los delitos de coacción y de impedir el normal funcionamiento de los transportes por tierra y el servicio público de electricidad o de sustancias energéticas.
La postura del abogado y apoderado del gremio, Marcelo Hertzriken Velasco, es que se trata de una criminalización de la protesta. También criticó a los acusadores en el caso de DeltaP. En su momento indicó que la protesta gremial respondía a una falta de atención de la empresa en las cuestiones de seguridad y medioambiental.
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