La ausencia del jefe de Estado

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La función del jefe de Estado es doble en un sistema presidencialista como el nues-tro. Ejecutor de las leyes por un lado y símbolo de la unidad del Estado por otro. Presidente y ‘vice’, por lo tanto, son figuras que deben hacer un esfuerzo permanente por mantenerse de algún modo por encima de las disputas políticas coyunturales, por salirse del juego cotidiano de las fuerzas en juego y los intereses más inmediatos de una sociedad.

Ya Alberdi señalaba que el presidente de nuestro sistema debía ser una especie de sucedáneo del rey de las monarquías constitucionales, concepción derivada del presidencialismo norteamericano, creador de este modelo de organización de los poderes.

La necesidad de una figura de este carácter queda demostrada en que allí donde las monarquías desaparecieron, los sistemas parlamentarios ponen por encima del primer ministro a un presidente, cuyas funciones son básicamente simbólicas y que de ningún modo deben tomarse en este contexto como carentes de importancia, sino más bien en toda la significación que posee el reconocimiento de la necesidad de todo Estado de recordar permanentemente que es una unidad. Lo que las banderas y los him-nos representan en tiempos de guerra lo debe representar un presidente en tiempos de paz.

La dificultad práctica y teórica del modelo presidencialista norteamericano es que unifica la figura del rey con la del administrador, lo cual exige una fuerte conciencia de parte del presidente y de la sociedad para no confundir los poderes simbólicos con los fácticos. Y es esta conciencia la que falta en nuestra cultura política.

Es necesario entonces abrir la distinción entre la Jefatura de Estado y la jefatura de la administración, que junto a la representación exterior son las funciones básicas del Poder Ejecutivo, pero que se mueven en planos distintos y no deben ser confundidas.

La Jefatura de Estado es una función de carácter más simbólico que efectivo. En el rey de las monarquías constitucionales, o el presidente en los sistemas parlamentarios, yacen un poder y una función muy difíciles de comprender para una cultura política de caudillos como la nuestra, residente en el poder emanado de la pura investidura, del carácter de representante de la totalidad del Estado, no de la fracción política a la que pertenece. Es la unidad del Estado personificada, su universalidad particularizada en una figura. En tanto jefe de Estado, carece de poderes efectivos y su valor es el de un reaseguro último de la unidad que puede ser puesta en peligro por la disputa de fracciones, como el rey Juan Carlos cuando el Tejerazo, y una especie de unificador de las orientaciones y rumbos genéricos del Estado, como cuando Clinton dice que los padres de EE. UU. deben leerles media hora por día a sus hijos. En ambos ejemplos no han hecho uso de un poder efectivo, sino del reconocimiento que la sociedad les da como factor de unidad y como representantes del todo social. He aquí el auténtico poder de un presidente, imprescindible para la fuerza y existencia del Estado mismo, poder que no procede de facultades coactivas, ni de astucias políticas, ni de falta de escrúpulos para forzar las leyes, sino del prestigio y la autoridad que deviene de su capacidad de elevarse a la alta y decisiva función de jefe de Estado. El presidente debe ser una presencia moral cotidiana en la que la sociedad pueda ver el símbolo de que, más allá de las diferencias y conflictos de intereses, un Estado es una unidad orientada hacia el futuro.

Las funciones de jefe de la administración son de una naturaleza completamente distinta, lo que en los parlamentarismos está recogido como dualidad de órganos, en la diferencia entre presidente o rey y primer ministro. Aquí sí hay un poder real, propio y exclusivo, pero paradójicamente, un poder de rango inferior en la arquitectura republicana. Su poder es el necesario para ejecutar las leyes, para que la voluntad legislativa, la del pueblo, se cumpla adecuadamente. En este punto, un presidente no es mucho más que un gerente de una empresa, fuertemente limitado por una constitución que no deja espacios para que haga otra cosa que ejecutar una voluntad que no le pertenece y por las leyes que le ordenan qué hacer.

Nunca un presidente argentino ha sido un auténtico jefe de Estado, jamás ha intentado siquiera ser una figura por encima de las disputas y expresión de una unidad por encima de las fracciones. Para esto ha hecho históricamente un uso desmesurado y anticonstitucional de sus atribuciones como jefe de la administración, pretendiendo que más que ejecutar las leyes, su función es intentar imponer su propia voluntad a la del Legislativo y al Judicial. Esto ha provocado invariablemente la reacción de las otras fracciones, que ven legitimado así un comportamiento que no reconoce en el presidente más que un líder de sectores al cual se puede legítimamente combatir del mismo modo que a cualquier otro. La inestabilidad política de nuestro Estado y el fenómeno de la ingobernabilidad se explican en buena parte por este deformado comportamiento.

La fractura de la sociedad y la incapacidad de encontrar objetivos comunes frente a los cuales las diferencias deben someterse, está nítidamente expresada, ya sea como causa o como efecto, en esta ausencia inmanente de un jefe de Estado y en la hipertrofia del poder administrador al servicio de la fracción circunstancialmente a cargo del Poder Ejecutivo.

La absoluta incapacidad de fijar las esquivas “políticas de Estado”, propia de nuestra tradición política, es el efecto seguro de la ausencia de una función que deja sin un elemento esencial a nuestra arquitectura constitucional e imposibilita la constitución de un auténtico Estado.