La campaña de Dilma

Redacción

Por Redacción

Ya es tradicional que en América Latina los mandatarios nuevos inicien su gestión comprometiéndose a luchar denodadamente, caiga quien caiga, contra la corrupción. También lo es que pronto lleguen a la conclusión de que, por motivos pragmáticos, les convendría tolerarla, puesto que son tantos los corruptos que intentar asegurar que todos reciban el castigo merecido los privaría del apoyo político que necesitan para gobernar. Es lo que está sucediendo en Brasil, un país que conforme a la organización no gubernamental Transparencia Internacional, cuyo cuartel general está en Berlín, es mucho menos corrupto que el nuestro pero que así y todo dista de ser un dechado de honestidad. Para asombro de sus compatriotas, parecería que la presidenta Dilma Rousseff toma realmente en serio la campaña de “limpieza ética” que ha emprendido y se niega a prestar atención a quienes le aconsejan respetar los supuestos derechos adquiridos de los miembros de la clase política local. Aunque la mayoría de los brasileños aprueba los esfuerzos de Dilma por luchar contra la corrupción, corre el riesgo de verse abandonada por algunos de los diez partidos que integran la coalición gobernante que, bajo pretextos diversos, se han solidarizado con los hasta ahora cuatro ministros que renunciaron al ser acusados de estar involucrados en escándalos. El desafío que enfrentan tanto Dilma como otros mandatarios que están convencidos de que la corrupción consentida está en la raíz de buena parte de los problemas de los muchos países de la región que se han acostumbrado a ser gobernados por clanes políticos de mentalidad mafiosa es muy grande. Como sus adversarios le han señalado, siempre es necesario privilegiar “la gobernabilidad”, lo que a su entender supone resignarse a prácticas que, si bien se ven condenadas por la ley y el código ético que todos reivindican, son, por desgracia, propias del país real. Para muchos, son irrefutables los argumentos esgrimidos por quienes insisten en que hay que dejar las cosas como están porque virtualmente todos los políticos, funcionarios, militares y policías han sido cómplices, aunque sólo fuera por omisión, del saqueo supuesto por la corrupción, pero si Brasil aspira a salir del subdesarrollo no podrá optar por convivir con un mal que lo debilita. Además de servir para desprestigiar a la clase política en su conjunto, la corrupción y la hipocresía cínica que siempre la acompaña equivalen a impuestos leoninos que ha de pagar el resto de la sociedad y suponen el uso irracional de los recursos económicos disponibles. Por lo tanto, no es ninguna casualidad que en los países más corruptos propenda a ampliarse cada vez más la brecha entre una minoría reducida de ricos y una multitud creciente de pobres e indigentes. En su lucha contra la corrupción, Dilma cuenta con el apoyo del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y de muchos activistas independientes que se han propuesto organizar manifestaciones callejeras similares a las que se han realizado últimamente en otro integrante del club exclusivo de los BRIC, la India. En ambos países, se ha difundido la convicción de que la corrupción, lejos de ser un fenómeno pintoresco atribuible a la importancia dada a las relaciones personales, es un flagelo que es necesario eliminar o, cuando menos, marginar, ya que constituye un freno al desarrollo. Al tomar conciencia cada vez más brasileños –e indios– de que no se trata meramente de un problema ético que sólo preocupa a algunos moralistas puritanos sino también de uno que tiene consecuencias concretas sumamente negativas, están poniéndose en marcha movimientos que podrían hacer un aporte enorme a la modernización de sus países respectivos y a muchos otros, incluyendo a algunos en Europa, ya que en el mundo globalizado actual las protestas de este tipo no suelen respetar las fronteras nacionales. Puede que por ahora la Argentina se haya resignado a figurar entre los países más corruptos de América Latina, pero de multiplicarse las dificultades económicas en los meses y años próximos, la indiferencia de la mayoría hacia los escándalos bochornosos que siguen repitiéndose podría verse reemplazada por una actitud muy distinta, una que sea mucho más afín a la reivindicada por Dilma en Brasil que a la resumida por la consigna nada humorística “roban pero hacen”.


Ya es tradicional que en América Latina los mandatarios nuevos inicien su gestión comprometiéndose a luchar denodadamente, caiga quien caiga, contra la corrupción. También lo es que pronto lleguen a la conclusión de que, por motivos pragmáticos, les convendría tolerarla, puesto que son tantos los corruptos que intentar asegurar que todos reciban el castigo merecido los privaría del apoyo político que necesitan para gobernar. Es lo que está sucediendo en Brasil, un país que conforme a la organización no gubernamental Transparencia Internacional, cuyo cuartel general está en Berlín, es mucho menos corrupto que el nuestro pero que así y todo dista de ser un dechado de honestidad. Para asombro de sus compatriotas, parecería que la presidenta Dilma Rousseff toma realmente en serio la campaña de “limpieza ética” que ha emprendido y se niega a prestar atención a quienes le aconsejan respetar los supuestos derechos adquiridos de los miembros de la clase política local. Aunque la mayoría de los brasileños aprueba los esfuerzos de Dilma por luchar contra la corrupción, corre el riesgo de verse abandonada por algunos de los diez partidos que integran la coalición gobernante que, bajo pretextos diversos, se han solidarizado con los hasta ahora cuatro ministros que renunciaron al ser acusados de estar involucrados en escándalos. El desafío que enfrentan tanto Dilma como otros mandatarios que están convencidos de que la corrupción consentida está en la raíz de buena parte de los problemas de los muchos países de la región que se han acostumbrado a ser gobernados por clanes políticos de mentalidad mafiosa es muy grande. Como sus adversarios le han señalado, siempre es necesario privilegiar “la gobernabilidad”, lo que a su entender supone resignarse a prácticas que, si bien se ven condenadas por la ley y el código ético que todos reivindican, son, por desgracia, propias del país real. Para muchos, son irrefutables los argumentos esgrimidos por quienes insisten en que hay que dejar las cosas como están porque virtualmente todos los políticos, funcionarios, militares y policías han sido cómplices, aunque sólo fuera por omisión, del saqueo supuesto por la corrupción, pero si Brasil aspira a salir del subdesarrollo no podrá optar por convivir con un mal que lo debilita. Además de servir para desprestigiar a la clase política en su conjunto, la corrupción y la hipocresía cínica que siempre la acompaña equivalen a impuestos leoninos que ha de pagar el resto de la sociedad y suponen el uso irracional de los recursos económicos disponibles. Por lo tanto, no es ninguna casualidad que en los países más corruptos propenda a ampliarse cada vez más la brecha entre una minoría reducida de ricos y una multitud creciente de pobres e indigentes. En su lucha contra la corrupción, Dilma cuenta con el apoyo del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y de muchos activistas independientes que se han propuesto organizar manifestaciones callejeras similares a las que se han realizado últimamente en otro integrante del club exclusivo de los BRIC, la India. En ambos países, se ha difundido la convicción de que la corrupción, lejos de ser un fenómeno pintoresco atribuible a la importancia dada a las relaciones personales, es un flagelo que es necesario eliminar o, cuando menos, marginar, ya que constituye un freno al desarrollo. Al tomar conciencia cada vez más brasileños –e indios– de que no se trata meramente de un problema ético que sólo preocupa a algunos moralistas puritanos sino también de uno que tiene consecuencias concretas sumamente negativas, están poniéndose en marcha movimientos que podrían hacer un aporte enorme a la modernización de sus países respectivos y a muchos otros, incluyendo a algunos en Europa, ya que en el mundo globalizado actual las protestas de este tipo no suelen respetar las fronteras nacionales. Puede que por ahora la Argentina se haya resignado a figurar entre los países más corruptos de América Latina, pero de multiplicarse las dificultades económicas en los meses y años próximos, la indiferencia de la mayoría hacia los escándalos bochornosos que siguen repitiéndose podría verse reemplazada por una actitud muy distinta, una que sea mucho más afín a la reivindicada por Dilma en Brasil que a la resumida por la consigna nada humorística “roban pero hacen”.

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