La Cancillería como botín
Con escasas excepciones, los militantes oficialistas temen que, una vez terminada la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, les esperará una larga temporada en el llano y que para muchos será muy difícil conservar la cómoda sinecura en las organizaciones creadas por la clase política para ahorrarles a sus miembros la necesidad humillante de buscar trabajo en el sector privado. A fin de prepararse para tal eventualidad, los integrantes de La Cámpora se han puesto a colonizar distintas reparticiones del Estado. Con la ayuda imprescindible de Cristina, que les regaló Aerolíneas Argentinas y, de no haber sido por la resistencia de Miguel Galuccio, les hubiera dado YPF, los militantes de La Cámpora han conseguido ocupar una cantidad notable de puestos públicos, sobre todo en el Ministerio de Economía. Entre sus principales objetivos está el servicio exterior nacional. Para alarma del excanciller Dante Caputo y otros como el embajador César Mayoral, y ante la impotencia –o con la complacencia– del canciller actual Héctor Timerman, están alistándose para tomar “por asalto” una institución que hasta hace poco se destacaba por el profesionalismo y la capacidad de los funcionarios. Lo que temen los diplomáticos de carrera es que la Cancillería sufra el mismo destino que el Indec que, antes de producirse el desembarco de los matones del entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, tenía una reputación muy buena no sólo en nuestro país sino también en el resto del mundo pero que, merced a los kirchneristas, se las ha arreglado para convertirse en un hazmerreír internacional. No sería fácil sobreestimar los costos para el país de la transformación del Indec en una especie de Unidad Básica; con toda seguridad, alcanzan a muchos miles de millones de dólares, además de contribuir a empobrecer a una franja sustancial de la población. De salirse con la suya la gente de La Cámpora que sueña con apoderarse de la Cancillería, los resultados serían igualmente negativos. Puede que en la edad de las comunicaciones electrónicas ubicuas e instantáneas, el papel de los embajadores y otros diplomáticos sea menos decisivo que en el pasado, pero ello no quiere decir que las relaciones con los demás países hayan dejado de ser importantes. Por el contrario, en un mundo cada vez más globalizado, permitir que improvisados ignorantes manejen la política exterior podría tener consecuencias desastrosas. Una razón por la que los inversores extranjeros están boicoteando a la Argentina consiste precisamente en los penosos errores perpetrados por los encargados de la política exterior que, según parece, están más interesados en congraciarse con el régimen chavista del venezolano Nicolás Maduro o con los teócratas belicosos de Irán que con los gobiernos occidentales. Es posible argüir que un país rico y poderoso como Estados Unidos puede darse el lujo de llenar sus embajadas de individuos designados por motivos políticos o a cambio de aportes a la campaña electoral más reciente –parecería que, una vez más, la superpotencia nos enviará un personaje de este tipo–, pero la Argentina no tiene por qué dejarse influir por la irresponsabilidad norteamericana en dicho ámbito. Por razones que deberían ser evidentes, no le convendría en absoluto que la política exterior quedara en manos de “cuadros” ineptos que carecen por completo de las cualidades y aptitudes precisas para cumplir sus tareas con eficacia. Lo mismo podría decirse de todas las demás reparticiones públicas. Como señaló Caputo hace poco, aquí el Estado, que desde hace mucho tiempo es botín de los partidos políticos, “se ha ido disolviendo, descomponiendo”. Están en lo cierto tanto el excanciller radical como otros que se sienten preocupados por los estragos que está provocando el gobierno kirchnerista en un esfuerzo por incorporar el Estado a su propio aparato clientelista. Sucede que cuando Cristina y otros populistas hablan de la presunta necesidad de fortalecer el sector público no tienen en mente medidas que ayudarían a hacerlo más eficaz porque lo único que les interesa es aumentar la cantidad de puestos aptos para los militantes de la facción coyunturalmente dominante. Lo que realmente quieren es que su propio movimiento se adueñe del Estado, o sea, que lo privatice desvinculándolo de las instituciones democráticas.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 25 de mayo de 2014
Con escasas excepciones, los militantes oficialistas temen que, una vez terminada la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, les esperará una larga temporada en el llano y que para muchos será muy difícil conservar la cómoda sinecura en las organizaciones creadas por la clase política para ahorrarles a sus miembros la necesidad humillante de buscar trabajo en el sector privado. A fin de prepararse para tal eventualidad, los integrantes de La Cámpora se han puesto a colonizar distintas reparticiones del Estado. Con la ayuda imprescindible de Cristina, que les regaló Aerolíneas Argentinas y, de no haber sido por la resistencia de Miguel Galuccio, les hubiera dado YPF, los militantes de La Cámpora han conseguido ocupar una cantidad notable de puestos públicos, sobre todo en el Ministerio de Economía. Entre sus principales objetivos está el servicio exterior nacional. Para alarma del excanciller Dante Caputo y otros como el embajador César Mayoral, y ante la impotencia –o con la complacencia– del canciller actual Héctor Timerman, están alistándose para tomar “por asalto” una institución que hasta hace poco se destacaba por el profesionalismo y la capacidad de los funcionarios. Lo que temen los diplomáticos de carrera es que la Cancillería sufra el mismo destino que el Indec que, antes de producirse el desembarco de los matones del entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, tenía una reputación muy buena no sólo en nuestro país sino también en el resto del mundo pero que, merced a los kirchneristas, se las ha arreglado para convertirse en un hazmerreír internacional. No sería fácil sobreestimar los costos para el país de la transformación del Indec en una especie de Unidad Básica; con toda seguridad, alcanzan a muchos miles de millones de dólares, además de contribuir a empobrecer a una franja sustancial de la población. De salirse con la suya la gente de La Cámpora que sueña con apoderarse de la Cancillería, los resultados serían igualmente negativos. Puede que en la edad de las comunicaciones electrónicas ubicuas e instantáneas, el papel de los embajadores y otros diplomáticos sea menos decisivo que en el pasado, pero ello no quiere decir que las relaciones con los demás países hayan dejado de ser importantes. Por el contrario, en un mundo cada vez más globalizado, permitir que improvisados ignorantes manejen la política exterior podría tener consecuencias desastrosas. Una razón por la que los inversores extranjeros están boicoteando a la Argentina consiste precisamente en los penosos errores perpetrados por los encargados de la política exterior que, según parece, están más interesados en congraciarse con el régimen chavista del venezolano Nicolás Maduro o con los teócratas belicosos de Irán que con los gobiernos occidentales. Es posible argüir que un país rico y poderoso como Estados Unidos puede darse el lujo de llenar sus embajadas de individuos designados por motivos políticos o a cambio de aportes a la campaña electoral más reciente –parecería que, una vez más, la superpotencia nos enviará un personaje de este tipo–, pero la Argentina no tiene por qué dejarse influir por la irresponsabilidad norteamericana en dicho ámbito. Por razones que deberían ser evidentes, no le convendría en absoluto que la política exterior quedara en manos de “cuadros” ineptos que carecen por completo de las cualidades y aptitudes precisas para cumplir sus tareas con eficacia. Lo mismo podría decirse de todas las demás reparticiones públicas. Como señaló Caputo hace poco, aquí el Estado, que desde hace mucho tiempo es botín de los partidos políticos, “se ha ido disolviendo, descomponiendo”. Están en lo cierto tanto el excanciller radical como otros que se sienten preocupados por los estragos que está provocando el gobierno kirchnerista en un esfuerzo por incorporar el Estado a su propio aparato clientelista. Sucede que cuando Cristina y otros populistas hablan de la presunta necesidad de fortalecer el sector público no tienen en mente medidas que ayudarían a hacerlo más eficaz porque lo único que les interesa es aumentar la cantidad de puestos aptos para los militantes de la facción coyunturalmente dominante. Lo que realmente quieren es que su propio movimiento se adueñe del Estado, o sea, que lo privatice desvinculándolo de las instituciones democráticas.
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