La captura criminal del Estado

Columnistas

Un reciente informe del periodista y escritor mexicano Héctor Aguilar Camín -titulado “La captura criminal del Estado. Una historia mexicana”- alerta sobre el grado de expansión que puede alcanzar el crimen organizado. Resulta tranquilizador pensar que el caso de México es muy especial y no puede ser trasladado mecánicamente a otro contexto. Sin embargo, ofrece un dato preocupante: la aparición de las organizaciones criminales fue relativamente inesperada, como la caída de un rayo en un cielo despejado. En el 2007 la tasa de homicidios en México era de ocho por cada cien mil habitantes, cercana a la de Estados Unidos. En pocos años se disparó a 24 por cada cien mil habitantes.

El primer dato que asombra es la cantidad de víctimas mortales que ha dejado la denominada “guerra contra el narco”. Entre el 2008 y el 2013 se han registrado 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos en México, una cifra escalofriante y a la altura de cualquier conflicto bélico si se tiene en cuenta que la segunda Guerra del Golfo (2002) dejó un saldo de 112.000 civiles muertos en Irak. Algunos atribuyen este exceso de víctimas a la declaración de guerra al narcotráfico efectuado por el gobierno de México en el 2007. Pero la responsabilidad, si cabe, debería ser endosada a quienes toleraron la expansión anterior, no a quien adopta la decisión política de poner freno al crimen organizado.

Entre la variedad de causas que dieron lugar al recrudecimiento de la violencia se menciona que los operativos militares del ejército vinieron a fracturar una serie de acuerdos previos de tolerancia, una suerte de códigos privados que establecían zonas de influencia entre las grupos criminales. Al romperse estos pactos se produjeron desplazamientos y actos de extrema violencia para ocupar nuevos espacios. Se ha mencionado que la propia estrategia oficial buscaba este objetivo, consistente en quebrar a las grandes bandas de narcotraficantes para volverlas pandillas más manejables. Al producirse el descabezamiento de una de estas organizaciones, la lucha por recomponer un nuevo poder disparaba la violencia en variadas direcciones.

Un salto en la intensidad del conflicto se produjo cuando el denominado Cártel del Golfo decidió construir un brazo armado a partir del reclutamiento de militares y policías provenientes de las organizaciones especiales que habían sido instruidas para encarar este tipo de lucha. Nacieron así los Zetas, un grupo de sicarios preparados para librar combates en situaciones límites, de extraordinaria ferocidad. Para intimidar a las bandas rivales no dudaban en asesinar, torturar salvajemente y decapitar a sus víctimas. No sólo buscaban controlar las rutas del narcotráfico, sino también asentarse en un territorio, apropiándose de cuanto negocio ilegal -robo, prostitución, juego- estuviera situado en el área.

No puede dejar de mencionarse otra circunstancia que contribuyó decisivamente a incrementar los niveles de violencia: la facilidad con que las bandas podían hacerse de modernas armas de asalto en las cerca de 8.000 armerías norteamericanas que pueblan la frontera que separa Estados Unidos de México. Fue en el 2004, durante el gobierno de George W. Bush, que se levantó el embargo de armas de asalto que pendía sobre la industria de armamentos. Según el gobierno mexicano, el 90% de las armas secuestradas a los grupos de narcotraficantes tiene este origen.

Algunos grupos de narcotraficantes intentaron consolidar su presencia territorial mediante el uso de políticas de cooperación con la población civil, adjudicándose la realización de obras públicas de interés social como hospitales, la pavimentación de una calle o la provisión de agua potable a ciertas zonas. De esta manera, se presentaban como formas de articulación más eficaz que el propio Estado para paliar fuertes necesidades sociales. Se afianzó así la relación entre estas organizaciones y las autoridades municipales, como lo muestra el secuestro de 43 estudiantes en Iguala, propiciado por el alcalde del pueblo y efectuado por policías municipales.

Los enormes padecimientos sufridos por la sociedad mexicana deben servir de voz de alerta en el resto de los países latinoamericanos, incluyendo a la Argentina. Ninguno está exento del riesgo de sufrir una lenta pero continuada expansión del narcotráfico, que crece en forma invisible pero que en cualquier momento puede estallar en sorprendentes erupciones de violencia. Las sociedades que no han sabido crear empleo genuino y han acudido a formas de mitigación de la pobreza con planes y ayudas sociales de reducida consistencia están entregando mano de obra desocupada a las redes de la criminalidad organizada.

En la Argentina, desde el arco político se vienen haciendo propuestas variadas para poner límites a la expansión del narcotráfico. Algunas iniciativas, como la autorización del derribo de aeronaves que no respondan a la intimación efectuada por las autoridades aéreas, han dado lugar a interminables polémicas. Es notable la capacidad de los argentinos para tratar de solucionar problemas complejos acudiendo a fórmulas simples pero llamativas.

Sería pretencioso, dentro de la brevedad de una nota periodística, hacer un recuento de las iniciativas que podrían implementarse para atacar el problema. Se trata de una cuestión de elevada complejidad que demandará una estrategia sistémica de laboriosa implementación, con el asesoramiento de expertos.

El primer paso que cabría dar cuando estamos ante problemas de semejante magnitud es sensibilizar a la población de los riesgos que se corren al no actuar con presteza y energía. Lo acontecido en México debería servir de luz de alarma. Los problemas de esta envergadura no se resuelven postergando indefinidamente su abordaje integral.

ALEARDO F. LARÍA

aleardolaria@rionegro.com.ar

ALEARDO F. LARÍA