La causa Zalesky-Sánchez, a punto de prescribir

VIEDMA (AV)- «Si la Justicia es lenta no es Justicia». Esta frase, que suelen reiterar incluso los jueces, en la mayoría de los casos, depende de ellos para no hacerse cierta.

Un claro ejemplo es la causa en la que se encuentran procesados los abogados Juan José Zalesky y Francisco Rubens Sánchez. Hace un año y siete meses fue elevada a juicio y aún no es posible conformar el Tribunal que estará a cargo de juzgarlos.

Esta causa investiga el pago superior a los dos millones de pesos además de lo que correspondía. La Fiscalía de Estado autorizó a pagar esas sumas indebidas al estudio de Zalesky. El tema tuvo una gran repercusión provincial, generó dos expedientes y puso en tela de juicio la función de quienes han jurado defender los bienes de la provincia.

Los dos abogados fueron procesados por «peculado», delito que tiene una sanción de dos a diez años de prisión. Además, a Sánchez se le sumó incumplimiento de los deberes de funcionario público por su calidad de asesor letrado de la Policía de Río Negro. Luego la Cámara, al hacer lugar a la apelación planteada por la defensa de Zalesky, anuló la acusación por peculado y le dejó complicidad en «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Esta modificación fue cuestionada porque el letrado no prestaba funciones en el Estado.

Así fue elevado a juicio el 22 de marzo de 2007. No fue fácil la constitución del Tribunal por una serie de excusaciones de magistrados por amistad o patrocinio que los había unido y los une con Zalesky. Finalmente, y previa participación de jueces ad hoc, quedó integrado el Tribunal con los camaristas Eduardo Giménez, Susana Milicich de Videla y Gustavo Azpeitía, quien interpuso una nueva excusación que desde hace meses está a consideración del Superior Tribunal de Justicia.

Lo preocupante es que los tiempos corren y las prescripciones también que, para el caso del incumplimiento de los deberes de funcionario público, es de sólo dos años.

La causa

Al abogado Francisco Sánchez se le imputan los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber gestionado el mandato de unos 1.200 policías para iniciarle juicio al Estado en favor de Zalesky, quien tramitó las acciones que finalmente resultaron favorables para los uniformados y para el estudio patrocinante.

A Zalesky se lo consideró cómplice necesario del incumplimiento de los deberes, ya que en su carácter de abogado particular habría aceptado que Sánchez gestionara poderes judiciales de policías a su favor para iniciar juicios contra el Estado, sabiendo que Sánchez estaba imposibilitado de hacerlo. Esta conducta posibilitó que Zalesky cobrara honorarios y Sánchez algún lucro, sostuvo el juez penal subrogante Alejandro Moldes en la resolución de elevación a juicio de esta causa.