La compleja situación de las escuelas técnicas

El complejo presente y futuro que enfrentan.

Editorial

La reciente protesta de la comunidad educativa del CET Nº 1 de Roca actualizó el debate sobre el complejo presente y futuro que enfrentan los establecimientos de educación técnica en el país y nuestra región, en medio de la transición entre dos gestiones con visiones contrapuestas sobre el sistema educativo.

Padres, alumnos y docentes del establecimiento realizaron hace unos días un “abrazo simbólico” al establecimiento, como forma de protestar por la crónica escasez de materiales para realizar los talleres y prácticas y la falta de envío de las partidas provinciales necesarias para su funcionamiento. También presentaron un recurso de amparo contra las máximas autoridades de Educación de Río Negro, para exigir la entrega de los fondos, pendientes desde el año pasado.

El gobierno rionegrino rechaza las acusaciones y presume de haber mejorado con fuerza la enseñanza técnica. Como muestra, señala que la educación técnica creció un 48,4% en los últimos cuatro años, con la creación de 7 nuevos establecimientos y 267 cargos para atender a 13.112 alumnos, 4.276 más que a finales del 2011.

Sin embargo, el encuentro de escuelas técnicas organizado por el gremio docente, Unter, el 16 de junio, matizó tanto entusiasmo por el progreso de esta área educativa.

Los docentes del sector denunciaron “la creación de escuelas sin edificios” (como el caso del CET Nº 27 de Fernández Oro), “la implementación de la homologación sin cargos ni espacios necesarios”, “el incumplimiento de Reglamento de Escuelas Técnicas que prevé la estructura funcional de las instituciones”, “la precarización laboral”, “la falta de garantías de seguridad e higiene de los edificios” y la falta de provisión de “insumos, herramientas, maquinarias, etcétera, para materias y talleres” y “laboratorios mínimamente equipados”. Además destacaron la “falta de insumos para comedores y mantenimiento de los edificios, escasa o nula conectividad que retrasa tareas administrativas y/o pedagógicas y aulas sobrepobladas”, entre otros.

A esto se suman la falta de transparencia o mal uso de fondos nacionales destinados a estos fines . Algunos se extraviaron en un limbo administrativo que ha derivado en pedidos de informes, como en el caso de Roca, y en sumarios administrativos, como en Patagones.

La compleja situación se ha traducido en un pase de facturas político. Desde el kirchnerismo se denuncia un intento del gobierno nacional de “volver a los 90”, cuando la educación técnica vivió uno de sus peores momentos con desfinanciación y cierre de establecimientos y se destaca que entre 2003 y 2010 la matrícula en escuelas técnicas se duplicó y hubo fuertes transferencias de fondos para equipamiento. Desde la administración macrista niegan que se vaya a dar marcha atrás con el sistema, y alegan que las demoras tienen que ver con el gran desorden administrativo y las sospechas de desvíos de fondos que se hallaron. Aseguran que los resultados han sido mediocres para la cantidad de fondos destinados, y que en muchos casos las orientaciones técnicas tenían poco que ver con las necesidades de las economías nacional y regionales. Como ejemplo, una encuesta del Instituto Nacional de Tecnología (INET) señala que apenas el 36% de los egresados de escuelas técnicas consultados logró una salida laboral acorde a lo que estudiaron. De allí la necesidad de repensar las currículas y perfiles de los egresados.

Más allá de lo saludable del debate, sería interesante que, mientras se realiza, los alumnos que ya están en el sistema no tuvieran que estudiar en edificios prestados, en talleres sin elementos mínimos y en malas condiciones, ni tener que vender desperdicios de chatarra y otros trabajos para comprar materiales para sus clases, como se denunció en Roca.


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