La ¿real? baja de casos que viene





La economía tiene clara preponderancia en las medidas sanitarias adoptadas en Río Negro desde fines del 2020.

De manera que, en el escenario actual de menor cantidad de casos graves de coronavirus, no debería sorprender a nadie que las decisiones continúen surgiendo con ese sesgo.

La semana pasada se eliminó la obligación de autoaislamiento a los contactos estrechos de casos positivos que tienen esquema completo de vacunación o se enfermaron dentro de los 90 días previos. Y una de las razones fundamentales de esa pauta es precisamente atenuar el impacto de la nueva ola de contagios en el ámbito laboral.

El gobierno provincial acompañó rápido la estrategia planteada por el gobierno nacional y calmó los reclamos que aumentaban, principalmente desde los sectores que dependen de una cadena productiva, donde la caída de un eslabón conduce directamente a pérdidas significativas.

Y no parece ilógica la postura, teniendo en cuenta que la experiencia que se registra con la mayoría de los contagiados vacunados permite estimar que la continuidad laboral representa un riesgo bajo para la salud de esos trabajadores.

Ahora bien, lo que sí resulta llamativo de las nuevas pautas anunciadas la semana pasada en la provincia es el radical cambio de trato con los pacientes al momento de los testeos.

Antes que la mayoría de las provincias, Río Negro adoptó la sugerencia de hisopar sólo a mayores de 60 años, personas en grupos de riesgo y cuadros con síntomas moderados o graves de covid-19.

Para el resto de las personas, la nueva indicación es el aislamiento domiciliario y -en el caso de tener síntomas- el autoreporte en la app Cuidar.

Hay un detalle importante en esta nueva etapa: formalmente, el Ministerio de Salud no dice a los vecinos “no consulten al médico”, sino que les avisa que no habrá hisopado si el caso es leve.

El problema es la potencia del mensaje. Anticipar que no habrá testeo probablemente lleve a muchos a cancelar también el contacto con los médicos. Y en ese terreno los riesgos crecen, porque se traslada a la ciudadanía la responsabilidad de evaluar si su cuadro es leve, moderado o grave, cuando el porcentaje de personas capacitadas para elaborar un autodiagnóstico correcto es muy bajo.

Depositar en el vecino de a pie, de un día para otro y sin una mínima campaña de difusión previa, la obligación de reportar en una aplicación móvil la existencia de síntomas, para ingresar al registro oficial de positivos del Estado, tampoco parece una idea basada en estándares rigurosos y efectivos.

En consecuencia, sacando a buena parte de las personas con cuadros sospechosos de los centros de testeo y con la liviana instrucción de autoreportar el caso personal, lo que probablemente ocurrirá dentro de pocos días es una caída del número oficial de contagios diarios.

Una realidad que tampoco debería sorprender. Y menos en una provincia que tiene en las estadísticas uno de los puntos más débiles de la gestión de la pandemia.

La disociación entre números y avance real del virus será otra vez tema de debate, a dos años de empezar la crisis sanitaria.


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