La Corte en el banquillo
Si bien su gestión está aún en sus inicios, el presidente Néstor Kirchner ya se las ha arreglado para desmantelar las cúpulas militares, poner en marcha una reforma drástica de la Policía Federal y reclamar la renuncia de dos directores del PAMI, uno duhaldista y otro allegado al sindicalista Luis Barrionuevo. Como si todo esto ya no le fuera suficiente, el presidente acaba de abrir un nuevo frente de batalla al pedir al Congreso someter a juicio político a aquellos integrantes de la Corte Suprema que en su opinión no están a la altura de sus responsabilidades. Aunque todas estas iniciativas parecen contar con el respaldo de una proporción elevada de la ciudadanía, la ofensiva general que emprendió Kirchner motivó muchas dudas. Mientras que el presidente y sus colaboradores insisten en que su propósito es sanear instituciones desplazando a personajes que a su entender distan de ser idóneos, otros creen que lo que está haciendo es aprovechar el buen clima imperante y la voluntad mayoritaria de ayudarlo para «construir poder» ubicando a simpatizantes en puestos clave. De estar en lo cierto los convencidos de que a Kirchner sólo le interesa la salud institucional de la República, sus objetivos no pueden sino merecer la aprobación de todos salvo, claro está, de los directamente perjudicados. En cambio, si se trata de nada más que un intento típico de un caudillo tradicional por ocupar «espacios de poder», reeditando así en escala nacional el proceso que tantos beneficios le reportó en Santa Cruz, el resto de la sociedad no tardará en reaccionar recordándole que en abril pasado la mayoría abrumadora del electorado votó en su contra.
De los blancos elegidos por Kirchner, el supuesto por la Corte Suprema de Justicia es con toda seguridad el más importante. Bien que mal, es la cabeza de uno de los tres poderes y sus integrantes más cuestionados parecen estar plenamente dispuestos a resistirse a las presiones presidenciales hasta el extremo de utilizar sus fallos, como el relacionado con la redolarización, como armas, costumbre ésta que ha permitido a Kirchner denunciar su presunta pretensión de «tomar de rehén a la gobernabilidad para la obtención de ventajas o garantías personales». Con todo, aunque es innegable que a partir de la «reforma» instrumentada por el presidente Carlos Menem la calidad de la Corte Suprema resultó lamentable, esto no fue óbice para que los motivos de sus críticos más vehementes hayan sido más políticos, cuando no ideológicos, que profesionales. En efecto, al aludir en un breve discurso al país que fue transmitido por la cadena nacional a «la triste y célebre mayoría automática» -menemista, se entiende-, el propio Kirchner se dio el lujo de subrayar el trasfondo político de su actitud. No debió haberlo hecho: el problema planteado por la Corte no consiste en que algunos integrantes sean «menemistas», sino en que demasiados son individuos que por su falta evidente de idoneidad nunca habrían tenido la menor posibilidad de llegar a ser integrantes del máximo tribunal nacional de un «país normal» un tanto menos politizado que el nuestro.
Asegura Kirchner que «no es nuestro deseo contar con una Corte adicta», pero, como sabrá muy bien, las preferencias políticas de los jueces suelen reflejar las coyunturalmente dominantes en el momento de su elección, de suerte que de producirse una renovación masiva cuando el país esté pasando por una etapa «kirchnerista» sería más que probable que los nuevos miembros del tribunal se sintieran ideológicamente afines al presidente. Es por eso que en países de instituciones similares es habitual que los cambios se produzcan de manera pausada, lo que sirve para impedir que la Corte Suprema constituya una especie de rama judicial de la fracción política dominante de turno. Así, pues, mucho dependerá del perfil de los eventualmente nombrados para sustituir a quienes militan en aquella «mayoría automática»: si resulta que sus ideas coinciden con las reivindicadas por Kirchner, estaremos ante una maniobra virtualmente idéntica a la efectuada por Menem, lo cual supondría que a su vez el próximo presidente también podría sentirse tentado a exigir la remoción de otra «mayoría automática» propia de una etapa a su juicio superada.
