La Corte K

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Si bien los partidarios incondicionales del presidente Néstor Kirchner que militan en ciertas fracciones peronistas e izquierdistas quisieran convencer al país de que la demolición de la Corte Suprema “menemista” para que sea reemplazada por otra muy distinta tiene más que ver con sus deficiencias evidentes que con la voluntad hegemónica del nuevo mandatario, a juicio de muchos lo que estamos presenciando no es sino una manifestación más de la tradicional “vocación de poder” peronista. Por cierto, la defenestración de Julio Nazareno luego de que el presidente arengó al país en un discurso televisivo, la incorporación casi automática a la Corte de Eugenio Zaffaroni a pesar de la abundancia de motivos para cuestionar su honestidad personal, la campaña virulenta que se ha emprendido contra Eduardo Moliné O’Connor y, sin solución de continuidad, la renuncia de Guillermo López que es de suponer se verá seguida muy pronto por otras, no han contribuido del todo a tranquilizar a quienes se creen frente a una “renovación” tan dudosa como la concretada en su momento por Carlos Menem. Por el contrario, el que los grupos sectarios que se sienten representados por Kirchner hayan aplaudido cada episodio en su opinión positivo de este proceso como si se tratara de un triunfo deportivo sólo ha servido para confirmar las sospechas de que por enésima vez un presidente de instintos autoritarios está aprovechando una oportunidad para ahorrarse problemas jurídicos en el futuro. Puede que quienes piensan así se hayan equivocado y que, para sorpresa de muchos, los miembros de la nueva Corte Suprema elijan anteponer el respeto por la ley y la Constitución a sus hipotéticos deberes políticos, pero por ahora el escepticismo en cuanto a los resultados de lo que está sucediendo se ve plenamente justificado.   

De todos modos, aunque como resultado de las embestidas presidenciales la “Corte menemista” sea sustituida por una conformada por juristas que, conscientes de que sus puestos en el tribunal son en términos prácticos casi vitalicios, entienden muy bien que no les convendría en absoluto ser tomados por representantes de ningún gobierno, los métodos empleados por Kirchner y sus allegados ya han asegurado que tendrán que transcurrir varios años antes de que la ciudadanía se deje convencer de que esta reforma será la definitiva. Es más: puede que a la larga los más beneficiados por la torpeza oficial y por la irresponsabilidad crasa que fue exhibida por aquellos senadores que para dar su aval a Zaffaroni hicieron caso omiso de sus propios reparos por sentirse obligados por sus “referentes” a apoyar al compañero presidente sean precisamente los menemistas. Después de todo, en adelante, los simpatizantes del ex presidente tendrán derecho a señalar que en el fondo no hubo una diferencia significante entre su forma descarada de manipular la Justicia y aquella de los kirchneristas.  Irónicamente, para que sus planteos en tal sentido parezcan absurdamente exagerados sería necesario que la nueva Corte resultara aún menos dispuesta a refrendar los actos del gobierno de Kirchner de lo que hubiera estado una todavía dominada por sus adversarios políticos.

Es que la autoridad moral de una Corte Suprema, lo mismo que la reputación financiera internacional de un país, no es fruto de un par de medidas saludables o de algunas declaraciones tajantes formuladas por los voceros oficiales de turno.  Tiene que descansar en años, cuando no en decenios, de trabajo sobrio caracterizado por el equilibrio ideológico, la plena autonomía política y, desde luego, dosis constantes de sentido común. Es factible que la destrucción de la Corte “menemista” haya posibilitado que se inicie la recuperación de su prestigio y por lo tanto de aquella de la Justicia misma en un país que se ha hecho célebre por la propensión de sus dirigentes a mofarse de la ley, de ahí no sólo la corrupción rampante sino también el default festivo, pero fueron tantas las maniobras cuestionables y tan ostentosa la prepotencia de los vinculados de algún modo con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que tendremos que esperar mucho tiempo más para que la “seguridad jurídica” deje de ser un ideal presuntamente inalcanzable en estas latitudes para transformarse en una realidad.