La Corte se resiste
Tiene razón el jefe de Gabinete y máximo portavoz oficial Jorge Capitanich cuando dice que al gobierno le corresponde proponer un candidato para ocupar el lugar en la Corte Suprema que está por dejar vacante Eugenio Zaffaroni. En circunstancias normales, los dirigentes opositores no se afirmarían decididos a votar en contra de un candidato avalado por el Poder Ejecutivo aun cuando se tratara de uno que nadie pensaría en acusar de simpatizar con el oficialismo. Sin embargo, como el chaqueño entenderá muy bien, quienes no comulgan con el kirchnerismo desconfían tanto de sus intenciones que rechazarían a virtualmente cualquier jurista que mereciera la aprobación de la presidenta. Todas las agrupaciones opositoras coinciden en que, como señaló el senador radical Ernesto Sanz, lo que busca el gobierno es impunidad, razón por la que ciertos oficialistas dicen que sería bueno que la Corte contara con siete o incluso nueve miembros. De habérseles ocurrido plantear dicha posibilidad cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún estaba en condiciones de anotarse triunfos electorales abrumadores, los oficialistas pudieron haberla ampliado así, llenándola de soldados fieles a la causa, pero desaprovecharon la oportunidad y ya es demasiado tarde para hacer mucho más que acusar a sus adversarios de prestarse a maniobras oscuras. Para conseguir su propósito inmediato el gobierno tendría que asegurarse los votos de al menos 48 senadores, lo que no le sería nada fácil aun cuando designara a una persona célebre por su independencia de criterio. Lo más probable, pues, es que hasta nuevo aviso la Corte Suprema funcione con cuatro integrantes o incluso menos, ya que el según parece incombustible juez Carlos Fayt tiene 96 años, una eventualidad que claramente no preocupa al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Cuando el entonces presidente Néstor Kirchner libró a la Corte Suprema de la “mayoría automática” menemista muchos pasaron por alto el método empleado para elogiarlo por su sabiduría y amplitud de miras, pero andando el tiempo tuvo motivos para lamentar el reemplazo de jueces dispuestos a acompañar al poder por otros menos previsibles. Como dijo en una oportunidad el secretario legal y técnico Carlos Zannini luego de manifestarse decepcionado por el desempeño de los miembros de la Corte, “los pusimos para otra cosa”. Por suerte, Lorenzetti y los demás jueces, sin excluir al oficialista Zaffaroni, han sido reacios a dejarse llevar por sus propias preferencias políticas cuando chocaban contra los principios jurídicos imperantes, lo que ha motivado la indignación de los muchos funcionarios que no creen en la división de poderes, para ellos un concepto exótico y antidemocrático, de ahí la breve campaña que emprendió Cristina a favor de “la democratización” de la Justicia. La Corte Suprema es una de las escasas instituciones del país que, a pesar de todo lo ocurrido en los últimos años, han logrado mantener intacta su autoridad moral. Es lógico, pues, que al aproximarse a su fin la etapa kirchnerista la mayoría de sus miembros se resista a permitir que el Poder Ejecutivo la desprestigie cambiando su conformación para que se parezca más al Legislativo, el que se ha visto viciado por la falta de independencia de integrantes del bloque oficialista que aprueban todos los proyectos de ley que reciben sin animarse a cambiar una sola coma, para no hablar de los distintos organismos públicos colonizados por “militantes” de La Cámpora. La Corte podrá defenderse de los intentos del gobierno de socavar su autoridad merced a la Constitución “liberal” que muchos kirchneristas quisieran desmantelar para aumentar todavía más el poder presidencial. Con el apoyo de todas las agrupaciones opositoras, en especial de las vinculadas con la UCR, le será suficiente mantenerse en sus trece por algunos meses más hasta que se haya difundido tanto la sensación de fin de ciclo que al gobierno de Cristina no le quede más alternativa que resignarse a lo que, para el oficialismo, será una derrota dolorosa, ya que sin la colaboración de una Corte Suprema adicta no le será dado lograr lo que, según Sanz, más quiere, o sea, “garantizar un final y un comienzo de la nueva etapa con impunidad”.
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