La Corte Suprema se defiende

De ser otras las circunstancias, a pocos les preocuparía que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sintiera sumamente molesta por la negativa de ciertos fiscales y jueces a avalar todas sus iniciativas, ya que hasta en los países más acostumbrados a la democracia es habitual que los encargados del Poder Ejecutivo se quejen, por lo común en privado, de lo difícil que les resulta cumplir todas las exigencias legales. Sin embargo, nadie ignora que, en su caso particular, se trata de algo más que la impaciencia lógica de una política convencida de que miembros del Poder Judicial se dedican a poner “palos en la rueda” de la maquinaria gubernamental por motivos ideológicos. Lo que más inquieta a Cristina es la voluntad de algunos magistrados, entre ellos el juez federal Claudio Bonadio, de investigar su propia situación patrimonial que, es innecesario decirlo, parece muy complicada. Con toda seguridad la denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman, seguida por su sorpresiva muerte, le resultó muy desagradable, pero por ser cuestión de un tema que, de acuerdo con muchos especialistas, es más político que jurídico, el gobierno ha podido defender el pacto frustrado con Irán atribuyéndolo a las consabidas “razones de Estado”. Con todo, al impulsar una ofensiva furibunda contra lo que llama “el partido judicial”, descalificando así a los magistrados y fiscales que se niegan a olvidar que, como señaló el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, “los jueces deben poner límites a los otros poderes”, Cristina asumió una postura incompatible no sólo con la Constitución nacional sino también con la democracia. Así lo entendieron los centenares de miles de personas que participaron de las multitudinarias manifestaciones del 18F. Por poco confiable que a veces parezca el funcionamiento de la Justicia en nuestro país, es en última instancia la única línea de defensa contra las arbitrariedades de los poderosos que tiene el pueblo. Si los jueces se dejaran intimidar por las presiones políticas, todos los habitantes del país estarían a merced de quienes cuentan con el apoyo del gobierno de turno. ¿Es lo que quisiera Cristina? El que sea legítimo plantear tal pregunta es de por sí motivo de alarma. A Lorenzetti no le gusta para nada la idea de que haya un “conflicto de poderes”; sabe que sería tremendamente negativo para el país en su conjunto. Quiere que, “como ocurre en todos los países” –los democráticos, se entiende–, los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, se respeten mutuamente, ya que de otro modo sería imposible conservar las libertades recuperadas en diciembre de 1983 o, dicho sea de paso, impedir que los derechos humanos sean sistemáticamente violados. Sin embargo, la presidenta, con el apoyo de sus colaboradores, ha declarado la guerra contra la división de poderes en nombre de una versión supuestamente revolucionaria de la democracia según la cual el Poder Judicial existente es “elitista” y por lo tanto mafioso y, según parece, debería verse reemplazado por otro más “popular” protagonizado por militantes de su propia bandería política. En esta empresa dudosa, Cristina cuenta con el respaldo activo de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Cuando el entonces presidente Néstor Kirchner cambió drásticamente, con métodos prepotentes, la conformación de la Corte Suprema, la mayoría lo festejó por entender que el nuevo tribunal era muy superior, ética y profesionalmente, que el que había acompañado al presidente Carlos Menem. Sin embargo, andando el tiempo el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, reconocería que el gobierno había cometido un error, ya que “nosotros los pusimos para otra cosa”, o sea, para cohonestar todas las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo. Es que, para desazón de Zannini y, desde luego, de Cristina, por lo menos algunos integrantes de la Corte tomarían muy en serio su trabajo y subordinarían sus eventuales lealtades políticas a su deber como juristas independientes. Es por este motivo que, de los tres poderes del Estado, el Judicial es el más respetado gracias en buena medida a los ataques constantes de la presidenta de la República y a pesar de todas las muchas dificultades ocasionadas por la falta de recursos.

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