La crisis policial
No cabe duda de que en términos políticos la violencia que se desató en puente Pueyrredón resultó ser un triunfo para los piqueteros y una derrota sin atenuantes para la Policía. Por perverso que parezca, cuando de conseguir el apoyo de la opinión pública se trata, las bajas propias siempre suponen ventajas. Toda vez que un agente muere asesinado por un delincuente, aumenta la cantidad de ciudadanos que están dispuestos a minimizar la importancia de las deficiencias evidentes de la Policía, mientras que las muertes atribuibles al gatillo fácil o a la brutalidad policial siempre sirven para desprestigiar no sólo a los directamente responsables de cometer los asesinatos así supuestos, sino también a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad. Puesto que la eficiencia de la Policía depende en gran medida de la colaboración del resto de la sociedad, los más perjudicados por los «excesos» son los agentes mismos.
Al conocerse los detalles de lo que sucedió en el curso de lo que algunos ya han tildado «la masacre de Avellaneda», el gobierno bonaerense de Felipe Solá se vio obligado a tomar las medidas disciplinarias correspondientes ordenando la suspensión de un centenar de policías. Además, tanto el jefe como el subjefe de la Policía Bonaerense optaron por renunciar a sus cargos, lo cual, es de temer, dará pie a nuevas convulsiones en una repartición que desde hace muchos años es un foco de corrupción y violencia. Por su parte, el presidente Eduardo Duhalde -un asesino, según los resueltos a aprovechar este episodio- ha intentado mitigar los ataques en su contra desvinculándose de lo que en su época de gobernador bonaerense llamaba «la mejor policía del mundo» afirmando que «quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería».
Tales reacciones eran legítimas y, dadas las circunstancias, comprensibles, pero ocurre que al país le convendría que las autoridades se manifestaran con prudencia, esforzándose mucho más por distinguir entre los individuos responsables de «la masacre» de la Policía como tal. Es posible que muchos agentes sí sean tan brutales como dicen sus críticos más vehementes, pero les guste o no a los habituados a despreciar a los uniformados, el país sencillamente no está en condiciones de darse el lujo de permitir que la guerra de declaraciones que está en marcha termine destruyendo la moral de los responsables de proteger a la ciudadanía de los acostumbrados a pisotear la ley. Por el contrario, es fundamental que todos los policías sepan que si bien no les será permitido actuar con impunidad, la sociedad es plenamente consciente de las tremendas dificultades que enfrentan a diario y que, siempre y cuando respeten las reglas, les brindará su apoyo.
De difundirse la idea que es impulsada rutinariamente por grupos extremistas y que en cierto modo ha sido ratificada últimamente por muchos políticos y funcionarios supuestamente moderados, entre ellos ciertos integrantes del gobierno duhaldista, de que la policía sea la enemiga jurada de los ciudadanos decentes y en consecuencia de la democracia, el país podría precipitarse en una catástrofe aún más grave que la causada por la ineptitud de los encargados de manejar la economía. A través de los años, han sido frecuentes los motines policiales y los autoacuartelamientos. Asimismo, no es ningún secreto que muchos policías se sientan más afines a militares ultraderechistas y dirigentes políticos de actitudes fascistas, que a los auténticamente comprometidos con la democracia y con el imperio de la ley. Por ser tan graves los riesgos, pues, el gobierno -mejor dicho, la sociedad misma- cometería un error gravísimo si ante algunos hechos sin duda lamentables, pero así y todo puntuales, eligiera ensañarse con la Policía. Obvio es decir que la Policía, lo mismo que todas las demás instituciones del país, es sumamente deficiente y resulta necesario reformarla para que se aproxime más a los modelos primermundistas, pero mientras tanto tendremos que convivir con ella porque la alternativa, la de provocar una rebelión policial o una huelga prolongada, tendría secuelas incomparablemente más sanguinarias que las ocasionadas hace poco por el accionar de algunos uniformados en un momento de gran tensión.
No cabe duda de que en términos políticos la violencia que se desató en puente Pueyrredón resultó ser un triunfo para los piqueteros y una derrota sin atenuantes para la Policía. Por perverso que parezca, cuando de conseguir el apoyo de la opinión pública se trata, las bajas propias siempre suponen ventajas. Toda vez que un agente muere asesinado por un delincuente, aumenta la cantidad de ciudadanos que están dispuestos a minimizar la importancia de las deficiencias evidentes de la Policía, mientras que las muertes atribuibles al gatillo fácil o a la brutalidad policial siempre sirven para desprestigiar no sólo a los directamente responsables de cometer los asesinatos así supuestos, sino también a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad. Puesto que la eficiencia de la Policía depende en gran medida de la colaboración del resto de la sociedad, los más perjudicados por los "excesos" son los agentes mismos.
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