La educación es lo de menos
De imponerse la lógica de los gremios docentes, los colegios de buena parte de la Argentina permanecerán cerrados por varios años hasta que, por fin, la economía nacional esté en condiciones de satisfacer sus pretensiones. No es que éstas sean desmedidas, es que para conseguir el dinero necesario el Estado tendría que reducir drásticamente otros gastos, además de aumentar mucho más la presión impositiva que ya está entre las más onerosas del mundo. Es tan grande la brecha entre lo que piden los gremios y lo que el gobierno kirchnerista dice estar dispuesto a permitir, que alcanzar un eventual acuerdo parece una misión imposible. Aun cuando el gobierno mejore su oferta inicial del 22%, no podrá acercarla al 61% exigido por cuatro sindicatos oficialistas sin resignarse a que los demás estatales, acompañados por muchos trabajadores del sector privado, reclamen un trato igualmente generoso. En tal caso, el país sufriría un estallido inflacionario equiparable con los que pusieron fin a tantos modelos populistas. Pero si ceden los sindicalistas luego de haber adoptado una postura intransigente, les sería difícil conservar el apoyo y, tal vez, el respeto de las bases. Es probable, pues, que el año lectivo que está por comenzar se vea interrumpido una y otra vez por paros que perjudicarán enormemente a los alumnos, a los docentes, los que a cambio de una hipotética mejora de sus ingresos se desprestigiarán ante la sociedad, y al país en su conjunto. Los más afectados serán los jóvenes de familias pobres sin recursos culturales; a menos que reciban una educación adecuada, pocos conseguirán un empleo digno que les permita abrirse camino en la vida porque carecerán de las aptitudes y los conocimientos necesarios. También perderían los docentes. La militancia laboral de “los trabajadores de la educación” los priva de la autoridad personal y moral sin la cual no podrán educar a jóvenes que son producto de una sociedad en que pocos valoran el esfuerzo y demasiados están más interesados en lo que suponen son sus derechos que en aportar al bienestar común. Aunque parecería que todos coinciden en que la educación es fundamental para el futuro del país y que su lugar en el mundo de mañana se verá determinado por el nivel alcanzado por sus habitantes, el presunto compromiso así manifestado es meramente teórico. Como nos advierten los resultados de las pruebas internacionales, el desempeño de la mayoría de nuestros jóvenes es llamativamente inferior a aquel de sus coetáneos en Europa, Asia Oriental, Australia, Estados Unidos, además de países vecinos como Uruguay y Chile. Puede que haya una minoría que logre ponerse a la altura de los alumnos de otros países, pero la mayoría abrumadora se ha atrasado tanto que no será capaz de contribuir en nada positivo al desarrollo; dependerá de por vida ya de trabajos ocasionales, de empleos públicos superfluos o del asistencialismo politizado. Sería de suponer, pues, que un gobierno nacionalista y popular hubiera hecho un esfuerzo denodado por mejorar el sistema educativo público, exhortando a los maestros y a los alumnos a emular a los chinos, surcoreanos y otros que sí han hecho de la educación una prioridad estratégica, pero por un rato, a través del ministro de Educación Alberto Sileoni, optó por privilegiar “la militancia” de jóvenes revoltosos, llegando al extremo de festejar la toma de colegios. ¿Comparten la irresponsabilidad oficialista los demás dirigentes políticos? Es de suponer que no, pero pocos, si es que hay algunos, parecen conscientes de las consecuencias que con toda seguridad tendría para el país la decadencia educativa. Hasta hace apenas un par de décadas el sistema educativo argentino motivaba la envidia de los países vecinos y era equiparable, por su calidad, con los de muchas partes de Europa, pero desde entonces se ha deteriorado hasta tal punto que apenas funciona. Para revertir las tendencias negativas, la sociedad entera tendría que movilizarse, pero no lo hará mientras que, a juicio de la mayoría, sean más urgentes los problemas planteados por la inflación y una caótica lucha política para decidir quiénes se encargarán del gobierno del país cuando llegue el momento de reemplazar el “proyecto” kirchnerista por otro que, esperemos, resulte ser un tanto más “progresista” en el sentido recto de la palabra.
