La encrucijada de conformar a las víctimas o asumir culpas
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El caso del juez Axel López demuestra la encerrona en la que se encuentra el sistema penal argentino: su continuidad como magistrado indigna a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, pero destituirlo hubiera demostrado la hipocresía de un Estado que no hace nada para vigilar a los presos que libera.
Los responsables de todos los poderes del Estado deberían prestar atención al caso de este juez, porque no se trata de una discusión absurda entre garantismo o mano dura o de una mirada relajada de las teorías de Michel Foucault sobre la utilidad de las cárceles.
Se trata de que hay dos violadores que llegaron a ser detenidos (ya es algo notable), luego procesados, juzgados y condenados; que fueron encarcelados y consiguieron salir de prisión al cumplir las dos terceras partes de su sentencia, como la ley habilita y que apenas cruzaron los barrotes volvieron a atacar y matar a dos jóvenes en ataques sexuales: Soledad Bargna y Tatiana Kolodziez.
Es que el sistema que debía vigilarlos en libertad nunca funcionó. Y López es hoy la cara visible de ese sistema en donde los certificados de buena conducta del sistema penitenciario están sospechados de ser comprados y no hay personal para cumplir con la vigilancia de esos condenados en proceso de resocialización.
¿Porqué López es un nombre repetido? Porque hay sólo cinco juzgados del área de ejecución penal para controlar a los miles de presos federales de todo el país y hasta hace poco únicamente había dos magistrados -uno de ellos López- para llevar adelante la tarea.
Soledad tenía 19 años, vivía en Caballito y fue asesinada el 22 de mayo del 2009 en su casa por un hombre que vivía en el mismo edificio y que, condenado por violación, estaba en ese momento gozando de una salida transitoria. El juez López nunca llegó a un jury por este caso, porque el Consejo de la Magistratura cerró antes las denuncias en su contra.
Pero luego sucedió la muerte de Tatiana a manos de un hombre sentenciado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, que había recuperado su libertad al cumplir las dos terceras partes de su condena, tal como lo habilita la ley, pero que había incumplido las condiciones de libertad que, como juez de ejecución penal, debía controlar López.
El peor problema, en este caso, es que un médico psiquiatra había advertido que ese hombre iba a reincidir si obtenía la libertad. Y aun así López la firmó.
Con escraches y movilizaciones, las agrupaciones de las víctimas lograron que finalmente se consiguieran los votos para llevar a López a un jury. Pero de manera insólita, en comparación con otros casos de jueces llevados a juicio, López no fue separado en su cargo y siguió en su puesto.
El exministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, un referente indiscutible del mundo académico en materia penal, se puso sobre sus hombros la representación legal de López en un jury que, según las Madres del Dolor, estuvo signado por la absolución desde un principio.
“Quieren que López termine como Túpac Amaru”, dijo durante su alegato el exjuez de la Corte, criticando a los medios de comunicación.
Nadie quería sangre. Sólo buscaban explicaciones, sanciones, responsabilidades. Algo así como justicia. Y eso, a estas alturas, parece muy difícil.
Patricia Blanco Fernández
Patricia Blanco Fernández
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