La enseñanza religiosa en escuelas

Además de las PASO, el precio del dólar y los cotilleos de la farándula, en nuestro país ocurren cosas importantes. Una de ellas es el planteo de inconstitucionalidad de la enseñanza religiosa obligatoria en la provincia de Salta, que se tramita en la Suprema Corte de Justicia, formulado por un grupo de padres y la Asociación por los Derechos Civiles, para lo cual se ha convocado a cuatro audiencias donde las partes expondrán sus argumentos.

La pretensión de imponer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas es de vieja data y atraviesa varias etapas que arrancan con la sanción de la ley 1420 en 1884 que, con la oposición de la Iglesia, establece la enseñanza pública con carácter obligatorio, gratuito y laico. En 1943 el gobierno de facto del general Pablo Ramírez dicta el decreto 18411 que deroga la ley 1420 y establece la enseñanza religiosa, en sintonía con la jerarquía católica que en su pastoral del 15/11/45 “prohibía a los fieles votar por los partidos que incluyeran en sus programas la enseñanza laica”. Durante el gobierno de Juan Perón en 1947 el Congreso ratificó ese decreto sosteniendo que la religión en la escuela “serviría para la formación de mejores ciudadanos”. Además se impulsaron otras acciones de fuerte simbolismo: entronizar a la Virgen de Luján como “patrona de las escuelas”, el festejo de fiestas religiosas y misas en los colegios, etc. A ello se sumaban las demostraciones de ferviente catolicismo de personajes del gobierno como el ministro Oscar Ivanissevich para quien la educación debía “inspirarse en el ideal de Dios” y comparaba a los maestros con “héroes de la cruz y el libro”. Esta situación se mantuvo hasta 1954 cuando el peronismo entra en conflicto con la Iglesia católica y se deja de lado la enseñanza religiosa.

Pero durante todos estos años la Iglesia no ha cejado en su propósito de lograr transformar la educación pública y laica en educación pública y religiosa con la enseñanza de los dogmas y principios de la religión católica, alentada por funcionarios como el actual ministro Bullrich o la vicepresidenta de la Legislatura porteña Carmen Polledo, quienes han expresado su ferviente apoyo a la enseñanza religiosa en las escuelas estatales.

Por eso, la decisión que tome la Corte Suprema en esta cuestión trasciende a la provincia de Salta y hace al futuro de todos los argentinos, ya que de ello dependerá que avance la postura del fundamentalismo religioso o se mantenga el paradigma laico de la valiosa ley 1420, pilar de la educación argentina. En otras palabras, una educación imbuida del dogmatismo creacionista, mágico y milagrero, propios del medioevo, o una educación basada en conocimientos científicos serios y fundados en todos los adelantos que registran estos extraordinarios tiempos modernos.

Carlos Segovia

DNI 7.304.065

Carlos Segovia

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