La fiesta llega a su fin

Redacción

Por Redacción

Cuando el radical Raúl Alfonsín empezó su gestión, en diciembre de 1983, estaba convencido de que los problemas económicos del país se debían a la mezquindad inhumana y la falta de patriotismo del régimen militar “neoliberal”, de suerte que le correspondería atenuar el déficit social resultante impulsando el consumo por los medios que fueran sin preocuparse por detalles como la inflación. La actitud de los presidentes Néstor Kirchner primero y, después, Cristina Fernández de Kirchner ha sido virtualmente idéntica a la del presidente Alfonsín, aunque para ellos los “neoliberales” culpables de las desgracias económicas nacionales no eran sólo los miembros del equipo económico que acompañó a los militares sino también los menemistas –a los que habían apoyado– y, desde luego, los técnicos a su juicio congénitamente malévolos del Fondo Monetario Internacional. Gracias a una coyuntura internacional llamativamente más favorable que la enfrentada por los radicales en los años ochenta, la versión del “modelo” populista que reivindica el gobierno kirchnerista ha durado mucho más tiempo que la de la fase inicial de la gestión de Alfonsín, pero parecería que ha llegado su fecha de vencimiento, de ahí la “sintonía fina” –es decir, el ajuste– que se ha puesto en marcha y que está provocando conflictos en buena parte del interior, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, donde el gobernador Daniel Peralta dice que a menos que el gobierno nacional le envíe dinero no podrán pagarse los salarios de enero, y que muy pronto golpeará con dureza a los habitantes de la Capital Federal. Para mandatarios como Cristina –y, en su momento, Alfonsín– que están acostumbrados a manejar la economía según criterios que podrían calificarse de éticos, razón por la que se resisten a tomar medidas que cualquier economista serio juzgaría necesarias, ajustar equivale a confesarse derrotados por enemigos siniestros, razón por la que suelen demorar la “sintonía fina” hasta que no les quede más alternativa. Huelga decir que la miopía principista así supuesta sólo sirve para hacer todavía más dolorosa la reducción del poder adquisitivo de los perjudicados, en especial de aquellos que en el mejor de los casos viven al borde de la indigencia y que, en nuestro país, se cuentan por millones. Lo entiendan o no los populistas, a la larga los gobiernos que permiten que el gasto público aumente demasiado suelen provocar más estragos que los comprometidos con el rigor fiscal. Por cierto, de haber aprovechado los kirchneristas los ingresos fiscales insólitamente altos que fueron posibilitados por el aumento sostenido de los precios de los commodities agrícolas para impulsar medidas destinadas a hacer más competitiva la economía nacional, el ajuste que está comenzando a hacerse sentir resultaría ser mucho menos penoso de lo que es legítimo prever. Además de pedir “moderación” a los sindicatos para que se conformen con aumentos salariales inferiores al 18%, aunque la tasa de inflación anual supera el 20%, “redireccionar” los subsidios energéticos que tanto han beneficiado a los usuarios de las zonas más prósperas del país y “revisar” los sueldos de centenares de miles de empleados públicos que, según parece, se han habituado a recibir bonificaciones presuntamente no justificables, el gobierno de Cristina querrá defenderse contra sus críticos atribuyendo el ajuste a las maniobras de los enemigos del “modelo” nacional y popular. Puesto que ya han transcurrido más de ocho años y medio desde que Néstor Kirchner se instaló en la Casa Rosada, los voceros oficiales no podrán seguir culpando a los “neoliberales” de los años noventa del siglo pasado o al FMI por las desgracias actuales, de suerte que elegirán concentrarse en el impacto de la crisis protagonizada por los países de la Unión Europea y, en menor medida, Estados Unidos y también, por supuesto, en la sequía que amenaza con costarnos varios miles de millones de dólares, como sucedió tres años atrás cuando, en combinación con la crisis financiera mundial que siguió al colapso del banco de inversión Lehman Brothers, una sequía prolongada provocó una recesión que no fue registrada por el Indec pero que así y todo tuvo repercusiones muy fuertes en el escenario político nacional.


Cuando el radical Raúl Alfonsín empezó su gestión, en diciembre de 1983, estaba convencido de que los problemas económicos del país se debían a la mezquindad inhumana y la falta de patriotismo del régimen militar “neoliberal”, de suerte que le correspondería atenuar el déficit social resultante impulsando el consumo por los medios que fueran sin preocuparse por detalles como la inflación. La actitud de los presidentes Néstor Kirchner primero y, después, Cristina Fernández de Kirchner ha sido virtualmente idéntica a la del presidente Alfonsín, aunque para ellos los “neoliberales” culpables de las desgracias económicas nacionales no eran sólo los miembros del equipo económico que acompañó a los militares sino también los menemistas –a los que habían apoyado– y, desde luego, los técnicos a su juicio congénitamente malévolos del Fondo Monetario Internacional. Gracias a una coyuntura internacional llamativamente más favorable que la enfrentada por los radicales en los años ochenta, la versión del “modelo” populista que reivindica el gobierno kirchnerista ha durado mucho más tiempo que la de la fase inicial de la gestión de Alfonsín, pero parecería que ha llegado su fecha de vencimiento, de ahí la “sintonía fina” –es decir, el ajuste– que se ha puesto en marcha y que está provocando conflictos en buena parte del interior, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, donde el gobernador Daniel Peralta dice que a menos que el gobierno nacional le envíe dinero no podrán pagarse los salarios de enero, y que muy pronto golpeará con dureza a los habitantes de la Capital Federal. Para mandatarios como Cristina –y, en su momento, Alfonsín– que están acostumbrados a manejar la economía según criterios que podrían calificarse de éticos, razón por la que se resisten a tomar medidas que cualquier economista serio juzgaría necesarias, ajustar equivale a confesarse derrotados por enemigos siniestros, razón por la que suelen demorar la “sintonía fina” hasta que no les quede más alternativa. Huelga decir que la miopía principista así supuesta sólo sirve para hacer todavía más dolorosa la reducción del poder adquisitivo de los perjudicados, en especial de aquellos que en el mejor de los casos viven al borde de la indigencia y que, en nuestro país, se cuentan por millones. Lo entiendan o no los populistas, a la larga los gobiernos que permiten que el gasto público aumente demasiado suelen provocar más estragos que los comprometidos con el rigor fiscal. Por cierto, de haber aprovechado los kirchneristas los ingresos fiscales insólitamente altos que fueron posibilitados por el aumento sostenido de los precios de los commodities agrícolas para impulsar medidas destinadas a hacer más competitiva la economía nacional, el ajuste que está comenzando a hacerse sentir resultaría ser mucho menos penoso de lo que es legítimo prever. Además de pedir “moderación” a los sindicatos para que se conformen con aumentos salariales inferiores al 18%, aunque la tasa de inflación anual supera el 20%, “redireccionar” los subsidios energéticos que tanto han beneficiado a los usuarios de las zonas más prósperas del país y “revisar” los sueldos de centenares de miles de empleados públicos que, según parece, se han habituado a recibir bonificaciones presuntamente no justificables, el gobierno de Cristina querrá defenderse contra sus críticos atribuyendo el ajuste a las maniobras de los enemigos del “modelo” nacional y popular. Puesto que ya han transcurrido más de ocho años y medio desde que Néstor Kirchner se instaló en la Casa Rosada, los voceros oficiales no podrán seguir culpando a los “neoliberales” de los años noventa del siglo pasado o al FMI por las desgracias actuales, de suerte que elegirán concentrarse en el impacto de la crisis protagonizada por los países de la Unión Europea y, en menor medida, Estados Unidos y también, por supuesto, en la sequía que amenaza con costarnos varios miles de millones de dólares, como sucedió tres años atrás cuando, en combinación con la crisis financiera mundial que siguió al colapso del banco de inversión Lehman Brothers, una sequía prolongada provocó una recesión que no fue registrada por el Indec pero que así y todo tuvo repercusiones muy fuertes en el escenario político nacional.

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