La guerra contra la Corte
El presidente Eduardo Duhalde tiene derecho a insistir en que los conflictos constantes que se dan entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestro país son asuntos puramente internos, pero es natural que tanto el Fondo Monetario Internacional como distintos gobiernos extranjeros hayan intentado incidir en su evolución porque saben muy bien que a menos que sean superados muy pronto la Argentina seguirá hundiéndose, calamidad que no es del interés de nadie salvo, es de suponer, de aquellos políticos que se creen en condiciones de aprovechar en beneficio propio las desgracias ajenas. Así las cosas, es preocupante que justo cuando el gobierno, con el respaldo de la mayor parte del bloque parlamentario y de un sector de la UCR, parecía estar a punto de arreglar una tregua con la Corte Suprema, un grupo de legisladores de varios partidos encabezado por la diputada chaqueña Elisa Carrió ha optado por formular nada menos que 120 nuevas acusaciones contra ella con el propósito evidente de prolongar una batalla política que ya nos ha ocasionado muchísimos perjuicios. Si bien sorprendería que los nuevos cargos prosperaran -al fin y al cabo, si fueran tan contundentes como supondrán los impulsores los hubieran presentado hace mucho-, así y todo significarán que será aún más difícil poner fin al enfrentamiento de la Corte con la franja política relativamente amplia que está dispuesta a continuar atacándola pase lo que pasare.
Ahora bien: no cabe duda alguna de que algunos integrantes de la Corte carecen de las cualidades personales y de los antecedentes profesionales que deberían considerarse imprescindibles. No son «idóneos». Además, está ampliamente difundida la sospecha de que desde hace mucho tiempo los fallos clave de la Corte, como los relacionados con el corralito y la rebaja de los sueldos estatales, no se inspiran en factores jurídicos sino en cálculos tácticos, o sea, que los jueces no vacilan en perjudicar al gobierno o al país si de esta manera logran fortalecer su propia posición. Por lo tanto, el país se beneficiaría enormemente si fuera posible renovarla, reemplazando a los ministros más cuestionados por otros de perfil menos controvertido. Sin embargo, lo que quieren los enemigos más vehementes de la Corte no es forzar las renuncias de dos o tres jueces sino provocar la caída ignominiosa del conjunto a pesar de que debería serles evidente que es intrínsecamente perversa la idea de que convenga echar a los nueve miembros sin intentar discriminar entre ellos. Huelga decir que tal actitud intransigente se basa en motivos políticos o ideológicos, no en el deseo de permitir que el Poder Judicial recupere el prestigio que ha perdido. En efecto, el cargo más frecuente que se ha dirigido contra la Corte Suprema no es que algunos de los jueces no estén a la altura de sus responsabilidades sino que es «menemista», calificación que hace pensar que los resueltos a desmantelarla se sentirían más que satisfechos si en su lugar pudieran ubicar otra que fuera «duhaldista», «radical» o «arista», según sus preferencias particulares.
A comienzos de su gestión, Duhalde procuró liderar la campaña contra la Corte por entender que se trataría de una empresa que podría resultarle políticamente rentable -en aquel entonces los cacerolistas que manifestaban en las calles de la Capital Federal y otras ciudades creían que los jueces estaban en su contra-, pero pronto descubrió que no le sería dado eliminarla sin pisotear la Constitución. Sin embargo, aunque el presidente mismo ha comprendido finalmente que le convendría más convivir con la Corte «menemista» que continuar arriesgándose tratando de defenestrarla, otros políticos, sobre todo Carrió, suponen que embestir contra los nueve jueces servirá para mejorar sus posibilidades electorales. Es probable que se hayan equivocado -si bien a «la gente» no le gusta la Corte actual, la mayoría ya parece haber perdido interés en el conflicto que se ha desatado- y que, al hacerse cada vez más patente que las víctimas de las hostilidades no son ni los jueces ni los políticos sino los millones de ciudadanos que dependen por completo del estado de la economía nacional, la obsesión de someter al máximo tribunal del país a un juicio político les resulte contraproducente.
