La hora de la participación

DE DOMINGO A domingo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La abrumadora mayoría que logró en el Concejo Deliberante de Bariloche el proyecto de revocatoria del mandato del intendente Omar Goye dota de legitimidad a la resolución y refleja el particular consenso negativo que el jefe comunal cosechó en la clase política de su ciudad durante su año de gestión. Más allá de lo indebidas que resultaron para la autonomía municipal la “orden” de la presidenta de la Nación y las notorias presiones ejercidas por el gobernador Alberto Weretilneck y el senador Miguel Pichetto, los argumentos esgrimidos durante la sesión del viernes describieron la fatiga, la decepción y el enojo de los concejales con quien –a su juicio– estuvo muy por debajo aun de los laxos estándares de calidad que rigen para los funcionarios electivos en el país. La desprolijidad en el manejo de fondos, la ampliación excesiva de la planta política municipal, la designación de su hija en un cargo sin sede ni función, el desdén por mejorar los ingresos del municipio, las restricciones al acceso a información pública y, sobre todo, sus errores en la gestión del desarrollo social y la asistencia a los sectores más pobres de la población fueron colmando la paciencia de los concejales, los funcionarios del Ejecutivo local y los integrantes del gobierno rionegrino. Lo lamentable, en todo caso, es que el proceso de revocatoria no se haya iniciado por la expresión espontánea de la dirigencia o de la ciudadanía de Bariloche sino por la particular combinación de órdenes verticalistas de la presidenta y la ferviente sumisión partidaria de dirigentes provinciales. Por fortuna, la aprobación del proyecto de revocatoria del intendente y su suspensión en el cargo no son –como podría suponerse– el punto final del proceso político de crisis institucional que durante el último año ha vivido la mayor ciudad de la Provincia de Río Negro. Son sólo la expresión de lo que podríamos llamar “la clase política”. Como es habitual, los políticos en el Deliberante, en el gobierno provincial y en las fuerzas partidarias han invocado ser los representantes de la voluntad del “pueblo”, de “la gente”. Es probable que, en este tema, efectivamente reflejaran la opinión de gran cantidad de barilochenses. Pero ¿cómo afirmarlo? O, más aún, ¿qué mejor que conocer en forma directa qué piensa la “opinión pública”, sin mediadores ni voceros? Si, como lo ha expresado, Goye insiste en no renunciar a su cargo, podría iniciarse ahora una etapa riquísima de participación ciudadana que tendría su culminación en el referéndum que la Carta Orgánica de Bariloche dispone para resolver finalmente la permanencia o no del intendente electo en octubre del 2011. La concejal de Sur Irma Haneck puso el tema justo en el centro al hablar el viernes ante el Deliberante: aludió a la soledad del intendente al no haber dirigentes con deseos de integrar un gabinete signado por su debilidad política y de gestión. Y planteó su voto a favor de iniciar el camino hacia el referéndum como una oportunidad legítima que Goye tiene para fortalecerse si el voto de la gente convalida su mandato. Es que el referéndum es un voto en medio del período, una ampliación de la democracia directa que se acerca más a los cambios de rumbo que permite el sistema parlamentario europeo. Implica aumentar el poder del ciudadano, limitado hoy a una expresión electoral cada cuatro años condicionada a las opciones que le presentan los partidos políticos. Bariloche tiene una ciudadanía activa, y dejar fluir el proceso de participación no podrá ser menos que positivo. Paradójicamente, no es de esperar que la “clase política” aliente la definición ciudadana de la crisis. No casualmente el gobernador, el senador Pichetto y varios de sus allegados exhortaron prontamente a Goye a presentar la renuncia, en lo que –a juicio de ellos– sería “un acto de grandeza” para con la ciudad. En realidad, permitir que la gente de Bariloche se exprese con sus firmas y con su voto sería el modo más democrático y esclarecedor de saldar la etapa, sin heridas abiertas ni dobles interpretaciones. Pero es probable que los políticos se sientan preocupados por la eventualidad de que se generalice la convicción de que “la gente” –a la que tanto nombran– haga un control de gestión efectivo. Y que la ciudadanía comprenda que en sus manos está la oportunidad concreta de vetar a un gobernante si no desempeña su cargo con la calidad y la honestidad que exigen las normas. En el caso particular de Goye, su gestión fue tan deficiente que es probable que le resulte difícil llevar a la práctica su aspiración de trabajar políticamente para que el referéndum lo ratifique en su cargo. Y que, en lugar de eso, optara por renunciar si interpretara que el resultado en las urnas podría serle adverso por un margen considerable. Para los barilochenses, es deseable que la vida de la ciudad recupere algo de la normalidad perdida hace ya demasiado tiempo y que la conducción que en forma interina asumió el viernes consiga dotar de funcionalidad y dinamismo a las áreas de la gestión municipal. El que la intendenta María Eugenia Martini provenga, por formación y experiencia, del área social, permite albergar la esperanza de que trabaje hacia el desarrollo humano, algo que ni Goye ni su antecesor radical pudieron o quisieron hacer. Como saldo negativo quedará la sensación generalizada de que lo que triunfó en todo este proceso no fue la democracia real sino la política de “aprietes”. • Apriete aplicaron las organizaciones cooperativas alentadas y sostenidas desde la política que, convertidas en entes más ligados al concepto marxista del lumpen que al de expresiones espontáneas del desarrollo social, conocen y usan a su favor las reglas usuales para el financiamiento y la acción de los partidos políticos. Es así en Bariloche y en el resto del país, sin necesidad de suponer la existencia de una “red” organizada que las comunique y organice. • Apriete usó Goye con los supermercadistas al exigirles módulos alimentarios por importantes sumas antes de Navidad, sin obligación ni transparencia. Pareció un “impuesto” extra lege, al estilo del confiscatorio gravamen que exigía Juan Sin Tierra a los señores feudales, cuya rebelión generó la recordada “carta magna”, primer antecedente de autolimitación al poder de un gobernante. • Apriete fue el de la presidenta al gobernador y al senador que, por el momento, ha tenido el saludable efecto de unirlos en un proyecto común luego de medio año de una lucha que a todos perjudicó. • Apriete, también, el que ambos ejercieron sobre Goye primero y sobre los concejales después. La democracia no es una condición estática ni permanente sino una construcción social en constante desarrollo. De las acciones de la dirigencia política, los jueces y los ciudadanos depende que evolucione para mejor o que, por el contrario, se atrofie en una serie inútil de formalidades y ritos vanos. La lección de Bariloche todavía no ha sido escrita. Es una hoja borroneada y opaca, que espera que la participación hable con voz clara.