La inaceptable acción directa

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aleardo f. laría aleardolaria@rionegro.com.ar

Tenemos que terminar con la cultura de las medidas de acción directa en Río Negro. No puede ser que no nos gusta algo y cortamos calles, cortamos rutas, cortamos el acceso al puerto. Basta de acción directa”. Esta opinión fue vertida recientemente por el senador nacional Miguel Pichetto en relación con el conflicto que mantuvo paralizada la estación marítima rionegrina de San Antonio Este. Puede ser reveladora de un cambio en la errónea caracterización que del conflicto social venía haciendo el gobierno nacional. Desde sus inicios el gobierno kirchnerista ha venido jactándose de su vocación por evitar “la criminalización del conflicto social”. Bajo ese amplio paraguas se refugiaban todo tipo de prácticas de acción directa, si entendemos por tales las que rehúsan la utilización de los canales institucionales para alcanzar determinados objetivos políticos y sociales: cortes de ruta, piquetes que impiden el acceso a los puertos, puentes internacionales o empresas, tomas de tierra, huelgas salvajes y todo tipo de presión extorsiva que pueda servir para obtener los fines propuestos. Una nutrida corriente de pensamiento de izquierda justifica estas prácticas considerando que a lo largo de la historia la acción directa ha jugado un importante papel en las estrategias de emancipación social. La acción directa sería el resultado de una incapacidad del orden institucional por dar respuesta eficaz a reclamos justos y urgentes. Revelaría una tensión entre legalidad y legitimidad, es decir entre los normado jurídicamente y las aspiraciones legítimas a obtener una mayor igualación social. Desde esta perspectiva se da preeminencia a la justicia y universalidad de los fines, sin reparar en los medios empleados. Esta visión ideológica está construida con algunos retazos que provienen del siglo XIX. En la tradición anarquista la acción directa era considerada como un recurso espontáneo y legítimo de todos aquellos que se sentían oprimidos. Para el marxismo leninismo, el desborde de la lucha sindical permitía poner en jaque al sistema capitalista, de modo que fue valorada como un método útil para tomar el poder y acabar con la burguesía. Esta concepción, que permea luego a toda la izquierda latinoamericana, era meramente instrumental, lo que explica que una vez alcanzado el objetivo, como en la URSS y Cuba, las huelgas y manifestaciones de protesta fueran severamente castigadas. En el fascismo la acción directa fue profusamente utilizada como peculiar método de difusión de las ideas. En el fondo, se trataba de atemorizar a los que pensaban distinto. Benito Mussolini afirmaba estar dispuesto a golpear, “más o menos delicadamente, en el cráneo de nuestros adversarios, mientras sea necesario, hasta que la verdad encuentre el camino en sus cerebros”. Frente a estas concepciones autoritarias, otra visión filosófica más acorde con la democracia ha destacado que la acción directa está motivada por el “particularismo”, es decir el impulso de un grupo o colectivo a actuar sin tener en cuenta a los demás para imponer su voluntad sin mediación de la legalidad. De este modo se ignora o se quiere ignorar el rol que juegan las normas jurídicas como instancia racional de conjugación de los diversos intereses sociales. En una democracia las leyes son aprobadas por los representantes del pueblo y se supone que los legisladores sopesan en frío los distintos intereses en juego y obtienen un resultado que, al menos provisionalmente, se considera el óptimo. Por consiguiente la violación del procedimiento institucionalmente normado para canalizar determinados objetivos lleva implícita la voluntad de imponer una visión parcial y particular sobre la del resto de la sociedad. Predomina el interés del grupo con descuido de los costos y sufrimientos que se infieren al resto de la población. Estamos ante comportamientos anómicos, egoístas e insolidarios. En ocasiones, esto es tan evidente que debilitan la solidaridad o comprensión que podrían emerger de otros sectores sociales afectados por problemas semejantes. Todo esto ha quedado evidenciado en la reciente huelga de portuarios en San Antonio Este, donde el interés de un minúsculo grupo de trabajadores ha provocado la pérdida de miles de kilos de fruta conseguida con el esfuerzo conjunto de productores y trabajadores del campo, causando graves daños a la economía regional. Esta enorme desproporción entre los intereses que se defienden con las medidas de acción directa y los daños que se provocan revela el riesgo implícito de toda acción que no es mediada institucionalmente. La falta de racionalidad de este tipo de acciones queda claramente significada en cuanto hacemos un ejercicio de ficción e imaginamos una sociedad donde todos y cada uno de los grupos de interés se esforzaran por imponer su visión parcial utilizando esta metodología. Si cada grupo social se considerara legitimado a cortar rutas y puentes, nuestra sociedad sería inviable y en poco tiempo reinaría el caos productivo más absoluto. Terminaría así toda forma de vida civilizada. Desde una perspectiva ética, estamos instalados frente al conflicto tantas veces analizado del fin y los medios. Aquí siguen siendo de actualidad las consideraciones que Aldous Huxley (“El fin y los medios”, Editorial Hermes) formulara en el año 1931: “Los medios por los cuales tratamos de realizar una cosa tienen por lo menos tanta importancia como los mismos fines que tratamos de lograr. En rigor, son en verdad más importantes todavía. Puesto que los medios de que nos valemos determinan inevitablemente la índole de los resultados que se logran; ya que por bueno que sea el bien a que aspiremos, su bondad no basta para contrarrestar los efectos de los medios perniciosos de que nos valgamos para alcanzarlo”. Métodos que pudieron ser considerados legítimos en el contexto de una dictadura ilegítima son inaceptables en una sociedad democrática. La prueba más evidente es que este tipo de comportamientos extorsivos no se registran en las sociedades democráticas avanzadas. En estos países las instituciones funcionan, las leyes se aplican y los responsables de los ilícitos son sometidos al juicio de los tribunales. Si las autoridades no actúan, las prácticas extorsivas se retroalimentan. En cambio, cuando todo el mundo sabe a qué atenerse, los comportamientos anómicos se desvanecen.