La Justicia apretada
Convencida como según parece está de que casi todos los problemas nacionales se deben a la malevolencia insoportable de periodistas manipulados por el Grupo Clarín, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner espera que el “7-D” –la forma bélica que ha elegido el oficialismo para referirse al 7 de diciembre– logre liberar el país de la dictadura mediática así supuesta, pero teme que los abogados del “monopolio” se las ingenien para frustrar sus planes, razón por la que ordenó al ministro de Justicia, Julio Alak, asegurar que el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, que entenderá en el caso protagonizado por Clarín, esté en manos de un juez de actitudes oficialistas. Pudo apartar, aplicándole los aprietes que ya son rutinarios en estas ocasiones, a Raúl Tettamanti, juez que en opinión de los militantes cristinistas no es confiable, pero aún no ha conseguido obligar al Consejo de la Magistratura a cohonestar la designación de la debidamente adicta Mariana Lorena Gagliardi, una funcionaria de origen rionegrino que en la actualidad responde del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Así las cosas, entre las víctimas de la campaña del gobierno en contra de los medios no oficiales se encuentra la Justicia, detalle éste que, obvio es decirlo, no preocupa en absoluto a quienes no disimulan su voluntad de “ir por todo”. Sin embargo, por motivos comprensibles, la ofensiva del gobierno que, al acercarse el “7-D”, está haciéndose cada vez más furibunda sí alarma sobremanera a muchos miembros de la llamada familia judicial, incluyendo a aquellos integrantes de la Corte Suprema que son reacios a permitir que todo se subordine a las ambiciones de la presidenta y sus acompañantes menos escrupulosos. Los magistrados saben que está en juego mucho más que el destino de un grupo mediático determinado, ya que están en cuestión la autonomía, siempre precaria, de la Justicia y también el respeto que debería sentir el Poder Ejecutivo por la independencia formal de las instituciones propias de una democracia pluralista. So pretexto de querer desguazar a una corporación periodística que a su entender es demasiado influyente, Cristina no vacila en pisotear los derechos ajenos. ¿Está resuelta a privar de garantías mínimas a quienes se resisten a adularla por suponer que forman parte de una inmensa conspiración destituyente? A juzgar por sus afirmaciones públicas, la presidenta cree que, en la batalla que está librando contra el Grupo Clarín, virtualmente todo vale. Parecería que, a juicio de los kirchneristas más fervorosos, importan más las apariencias que la realidad, razón por la que imaginan que, si logran amordazar a quienes no comulgan con su “proyecto”, muchos problemas concretos se solucionarían en seguida. Se trata de una fantasía. Como la inflación que, a pesar de los esfuerzos del Indec por negarlo, continúa provocando estragos en el país que efectivamente existe, las dificultades seguirían agravándose aun cuando, por miedo o por dar prioridad a sus intereses comerciales, los medios periodísticos optaran por pasarlas por alto. El punto débil de la teoría del “relato” oficialista consiste en que exagera groseramente la influencia de los medios de difusión, en especial de los vinculados con el Grupo Clarín que durante años militaron a favor del desarrollismo sin que los políticos así privilegiados consiguieran más que un puñado de votos. Dijo una vez el general Juan Domingo Perón: “Con toda la prensa en contra, ganamos y, con toda la prensa a favor, nos derrocaron”. Aunque es escaso el riesgo de que Cristina sea “derrocada” o, como dirían sus simpatizantes, “destituida”, de conseguir el gobierno el monopolio propagandístico que claramente desea, el resultado no sería muy distinto. Por lo demás, si los contrarios al gobierno no pueden expresarse libremente a través del periodismo como suelen hacer en todas las democracias, protestas espontáneas como el cacerolazo multitudinario del 13 de septiembre no tardarían en cobrar dimensiones llamativamente mayores. Si la experiencia de los años últimos, tanto de la Argentina como de Europa oriental y el mundo árabe, nos ha enseñado algo, esto es que a la larga es contraproducente, y muy peligroso, procurar silenciar las voces opositoras, aferrándose a una versión claramente ficticia de la realidad.
Convencida como según parece está de que casi todos los problemas nacionales se deben a la malevolencia insoportable de periodistas manipulados por el Grupo Clarín, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner espera que el “7-D” –la forma bélica que ha elegido el oficialismo para referirse al 7 de diciembre– logre liberar el país de la dictadura mediática así supuesta, pero teme que los abogados del “monopolio” se las ingenien para frustrar sus planes, razón por la que ordenó al ministro de Justicia, Julio Alak, asegurar que el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, que entenderá en el caso protagonizado por Clarín, esté en manos de un juez de actitudes oficialistas. Pudo apartar, aplicándole los aprietes que ya son rutinarios en estas ocasiones, a Raúl Tettamanti, juez que en opinión de los militantes cristinistas no es confiable, pero aún no ha conseguido obligar al Consejo de la Magistratura a cohonestar la designación de la debidamente adicta Mariana Lorena Gagliardi, una funcionaria de origen rionegrino que en la actualidad responde del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Así las cosas, entre las víctimas de la campaña del gobierno en contra de los medios no oficiales se encuentra la Justicia, detalle éste que, obvio es decirlo, no preocupa en absoluto a quienes no disimulan su voluntad de “ir por todo”. Sin embargo, por motivos comprensibles, la ofensiva del gobierno que, al acercarse el “7-D”, está haciéndose cada vez más furibunda sí alarma sobremanera a muchos miembros de la llamada familia judicial, incluyendo a aquellos integrantes de la Corte Suprema que son reacios a permitir que todo se subordine a las ambiciones de la presidenta y sus acompañantes menos escrupulosos. Los magistrados saben que está en juego mucho más que el destino de un grupo mediático determinado, ya que están en cuestión la autonomía, siempre precaria, de la Justicia y también el respeto que debería sentir el Poder Ejecutivo por la independencia formal de las instituciones propias de una democracia pluralista. So pretexto de querer desguazar a una corporación periodística que a su entender es demasiado influyente, Cristina no vacila en pisotear los derechos ajenos. ¿Está resuelta a privar de garantías mínimas a quienes se resisten a adularla por suponer que forman parte de una inmensa conspiración destituyente? A juzgar por sus afirmaciones públicas, la presidenta cree que, en la batalla que está librando contra el Grupo Clarín, virtualmente todo vale. Parecería que, a juicio de los kirchneristas más fervorosos, importan más las apariencias que la realidad, razón por la que imaginan que, si logran amordazar a quienes no comulgan con su “proyecto”, muchos problemas concretos se solucionarían en seguida. Se trata de una fantasía. Como la inflación que, a pesar de los esfuerzos del Indec por negarlo, continúa provocando estragos en el país que efectivamente existe, las dificultades seguirían agravándose aun cuando, por miedo o por dar prioridad a sus intereses comerciales, los medios periodísticos optaran por pasarlas por alto. El punto débil de la teoría del “relato” oficialista consiste en que exagera groseramente la influencia de los medios de difusión, en especial de los vinculados con el Grupo Clarín que durante años militaron a favor del desarrollismo sin que los políticos así privilegiados consiguieran más que un puñado de votos. Dijo una vez el general Juan Domingo Perón: “Con toda la prensa en contra, ganamos y, con toda la prensa a favor, nos derrocaron”. Aunque es escaso el riesgo de que Cristina sea “derrocada” o, como dirían sus simpatizantes, “destituida”, de conseguir el gobierno el monopolio propagandístico que claramente desea, el resultado no sería muy distinto. Por lo demás, si los contrarios al gobierno no pueden expresarse libremente a través del periodismo como suelen hacer en todas las democracias, protestas espontáneas como el cacerolazo multitudinario del 13 de septiembre no tardarían en cobrar dimensiones llamativamente mayores. Si la experiencia de los años últimos, tanto de la Argentina como de Europa oriental y el mundo árabe, nos ha enseñado algo, esto es que a la larga es contraproducente, y muy peligroso, procurar silenciar las voces opositoras, aferrándose a una versión claramente ficticia de la realidad.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
