La “justicia” del proceso a Dilma

El día 1/6 el profesor Gutiérrez Colantuono publicó en este diario una nota donde intenta demostrar la injusticia del juicio político iniciado contra Dilma Rousseff. Creo que el artículo se equivoca en dos cuestiones fundamentales. Una, la de que “decisiones en materia presupuestaria no constituyen motivos de juicio político”. Esta afirmación es, además de muy vaga, jurídicamente incorrecta. La responsabilidad del Ejecutivo es ejecutar fielmente el presupuesto aprobado por el Legislativo, de modo que cualquier apartamiento de esta obligación constituye una falta a sus deberes, que entraña alguna forma de responsabilidad pasible de reproche. Dependiendo de cuál sea ese apartamiento, puede ser objeto no sólo de juicio político sino hasta de juicios penales, como el caso de malversación de fondos públicos.

Se acusa a Dilma (ignoro si es cierto) de alterar las cuentas públicas. “Maquillarlas”, según la forma en la que se expresa en Brasil. Si eso es cierto, no hay dudas de que se trata de un acto indebido, pasible de juzgamiento. Cuando menos se está infringiendo un deber básico en un orden republicano, como es el de publicitar verazmente los actos de gobierno.

Pero, en segundo lugar, la acusación de “injusto” por presuntamente no haberse respetado derechos de la acusada es totalmente infundada, simplemente porque el juicio todavía no se efectuó. Por ahora sólo se decidió elevar la causa a juicio y es obvio que procesar y juzgar a alguien no implica desconocer el principio de inocencia ni supone la violación de garantía procesal alguna. Se verá durante el juicio, y sobre todo en los fundamentos de la decisión que se tome, si sucede algo de lo que el artículo denuncia prematuramente.

Creo que el articulista hace aquello que denuncia: ocultar una opinión política, en su caso de simpatía, bajo la apariencia de un examen jurídico. Pero no es esto lo más importante. Con su artículo, el profesor Gutiérrez Colantuono se suma a un muy nutrido grupo de voces que, en una típica deformación hiperpresidencialista, deslegitiman una facultad constitucional del Poder Legislativo que es esencial al sistema de contrapesos del modelo de división de poderes, en tanto expresa la supremacía final de los representantes del pueblo, el poder democrático por excelencia, por sobre el Ejecutivo. La verdadera cuestión en este debate es como entendemos, o no entendemos, el sistema de gobierno dividido que establecen nuestras constituciones inspiradas en la norteamericana.

Ricardo Gamba

Ricardo Gamba

Roca