La Justicia Federal ordena suspender las clases presenciales al gobierno de CABA

Un magistrado en lo Contencioso Administrativo argumentó que la justicia porteña no tiene competencia y debe definir la situación la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno de la Ciudad insiste en que se dicten igual.

Ahora la Corte Suprema tiene la última palabra por las clases presenciales.

Ahora la Corte Suprema tiene la última palabra por las clases presenciales.

El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la incompetencia de la justicia porteña y envió el expediente a la Corte Suprema, medida que deja sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU de suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, se informó hoy.

El fallo deja sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos de la ciudad de Buenos Aires a favor de la presencialidad y que había sido avalada el domingo en una resolución por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña.

De todas maneras, el Gobierno de CABA desconoce el fallo y se mantiene firme en su postura de seguir con las clases en las aulas "hasta que la Corte se expida". Lo dejo sentado mediante un comunicado publicado pasas las 10 de la noche.

Ayer, la Procuración del Tesoro de la Nación había pedido la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial que suspendía las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires para mitigar la posibilidad de contagios de coronavirus ante un escenario de crecimiento exponencial de los casos.

Con el fallo de Furnari quedan suspendidas las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno nacional en su DNU, hasta que la Corte Suprema de Justicia se exprese al respecto.

Al reconocer al Estado Nacional como parte, el juez Furnari entendió que la causa es de competencia federal. Sin desconocer que existió una demanda de padres contra el Gobierno de la Ciudad, por lo que dijo que la única manera de resolver este asunto era enviando la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene competencia originaria en los casos en que se dirimen confictos entre la Ciudad y el Estado nacional.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia originaria en el caso ante la acción declarativa de certeza presentada por el gobierno porteño y le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas.

El fallo fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia porque considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal.


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