La Justicia politizada
Puesto que en nuestro país absolutamente todo se politiza, a nadie se le ocurriría atribuir a eventuales dificultades jurídicas las alternativas del caso rocambolesco que está protagonizando el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime que, luego de casi una semana como prófugo, pudo mostrarse nuevamente en público gracias al trabajo de sus abogados. Por el contrario, mientras que la decisión del juez federal Claudio Bonadío de ordenar su captura fue interpretada por la mayoría como una señal de que, por fin, el Poder Judicial estaba movilizándose para hacer frente a la amenaza oficial de “democratizarlo”, los fallos de la Cámara Federal porteña y del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba que lo eximieron de prisión preventiva fueron achacados a la voluntad del gobierno de darle cierta protección por miedo a lo que podría decir si se sintiera abandonado a su suerte. Dicho de otro modo, virtualmente todos dan por descontado que el destino de Jaime, que es acusado de una multitud de delitos, ya que se ve involucrado en más de veinte causas, entre ellas algunas derivadas del terrible accidente ferroviario en que murieron más de medio centenar de personas y fueron heridas 700, dependerá de la evolución de la política nacional. Se supone que si el “ciclo” kirchnerista termina tan mal como el menemista, a Jaime le aguardarán años entre rejas o, tal vez, como fugitivo de la Justicia obligado a buscar refugio en algún país extranjero, pero si los kirchneristas conservan el poder necesario para defender a sus prohombres, no tendría demasiados motivos para preocuparse. ¿Exageran los que piensan así? De ningún modo. Aunque es tradicional que funcionarios en apuros y muchos otros afirmen tener fe en la Justicia, la verdad es que muy pocos, si es que hay algunos, la creen inmune a las presiones políticas. Antes bien, el consenso de que está subordinada a los intereses de los poderosos de turno no se modificará hasta que un político popular sea encarcelado por un delito sin que sus compañeros o correligionarios se sientan constreñidos a intervenir a fin de salvarlo. En algunos países, la ciudadanía está acostumbrada a ver condenados a políticos eminentes por infracciones que en otras partes del mundo pasarían desapercibidas y por lo tanto no vacilaría en castigar con sus votos a quienes procuraran defenderlos por medios ilegítimos, pero aquí se da por descontado que, si un funcionario cae en desgracia, se tratará forzosamente de un “emblemático” que ha sido sacrificado por motivos políticos, no porque haya cometido delitos más graves que los perpetrados por otros que también han aprovechado las oportunidades para enriquecerse que suelen brindar los cargos considerados más lucrativos. El cinismo así manifestado se justifica; desde hace muchos años, la Argentina figura entre los países más corruptos de la Tierra, de suerte que es razonable suponer que se cuentan por miles los culpables de mofarse de la ley, pero sucede que los únicos condenados por ilícitos han sido aquellos individuos que no disfrutaban de la solidaridad coyuntural de un movimiento político fuerte. Irónicamente, en la actualidad, los más resueltos a sacar provecho de las deficiencias flagrantes del Poder Judicial son precisamente los kirchneristas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha propuesto “reformarlo” drásticamente porque sabe muy bien que buena parte de la ciudadanía desconfía de jueces que presuntamente deben sus cargos a sus vínculos con distintos padrinos políticos y quisiera poner fin a la situación indignante así supuesta. Si bien los cambios que tiene en mente la mandataria sólo servirían para politizar la Justicia todavía más, el desprestigio de la “corporación” existente le ha brindado los pretextos que necesita para continuar atacándolo. Aunque a esta altura parecería que los esfuerzos en tal sentido de Cristina están destinados a fracasar, no sería porque la mayoría encuentre satisfactorio el desempeño de las instituciones judiciales sino porque no contaría con el poder político suficiente como para permitirle alcanzar sus objetivos que, claro está, tienen menos que ver con su hipotética voluntad de mejorar el sistema que con la de asegurar que en los años próximos la Justicia respete todas las conquistas de los vinculados con “el proyecto” kirchnerista.
