La Justicia provincial otorgó nueve excarcelaciones en Neuquén

Es la cifra oficial del Tribunal Superior de Justicia. Hubo más casos, pero por razones ajenas al coronavirus.

En las unidades de detención provinciales de Neuquén hay 516 personas privadas de su libertad, de las cuales 42 integran el grupo de riesgo por la pandemia de coronavirus y de ese universo sólo 9, que tienen condena firme, obtuvieron la prisión domiciliaria. No hay una política institucional para abordar el tema y eso se trasluce en la diversidad de fallos judiciales que se produjeron hasta el momento.

Del grupo de nueve, siete son de Neuquén capital: a tres les concedió el beneficio la jueza de Ejecución, a tres el Tribunal de Impugnación, y al restante el Tribunal de Revisión. Los dos restantes condenados son de Cutral Co y de Junín de los Andes.

El recuento arroja 16 internos menos desde que empezó la cuarentena. Los otros siete, según un informe oficial en poder del Tribunal Superior de Justicia, están con prisión domiciliaria por razones ajenas a la pandemia: agotamiento de la pena o libertad anticipada. Hay seis más que estaban en comisarías con preventiva y salieron porque su régimen cambió.

El gobierno provincial no fijó públicamente ninguna línea a seguir; sólo habló de la situación carcelaria al principio de la cuarentena. Anunció que había dispuesto todos los medios para que las unidades sean higiénicas y seguras, canceló las visitas -en acuerdo con los detenidos-, distribuyó lavandina y barbijos, dispuso guardias médicas y de enfermería, vacunó a los internos contra la gripe y estableció protocolos para el personal penitenciario, que es el que entra y sale y, potencialmente, puede traer el virus a la cárcel.

Hubo dos incidentes hasta ahora, de los que trascendió bien poco como suele ocurrir. Uno ocurrió el fin de semana pasado en la comisaría de Valentina, porque quisieron alojar a dos personas nuevas y los detenidos se opusieron por temor al contagio. El otro ocurrió en la Unidad 11 en reclamo de más elementos de limpieza.

El Tribunal Superior de Justicia no emitió, ni emitirá, ninguna directiva sobre el tratamiento que debe darse a los pedidos de prisión domiciliaria. “No podemos anticipar opinión con el dictado de una medida general ni decirles a los jueces ‘hagan esto, hagan lo otro’”, dijo el vocal Germán Busamia.

Tampoco la defensa pública tiene una directiva expresa de pedir la prisión domiciliaria para las personas en riesgo, según dijo la defensora de Ejecución Luciana Petraglia. Lo viene haciendo porque es su trabajo. Hay una disposición general para todos los defensores del país.

El Tribunal de Impugnación siempre votó a favor del permiso. “Nunca nos reunimos para ponernos de acuerdo y fijar una posición institucional”, dijo el juez Richard Trincheri. “Analizamos caso por caso y tenemos en cuenta el riesgo para la salud. En la última audiencia en la que intervine, por ejemplo, el imputado de 57 años tiene una EPOC, compartía el baño con cuatro personas, el pabellón con otras 19. Obviamente va a estar mejor en la casa, sin contacto con nadie”.

Quien sí tiene una posición institucional es el Ministerio Público Fiscal. “Nosotros nos oponemos a la prisión domiciliaria siempre y cuando estén dadas las condiciones de alojamiento en la Unidad 11”, dijo el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. Sobre el caso del preso con EPOC, afirmó que “se trata de un condenado por abuso sexual. Es más probable que reincida ahora con la domiciliaria, a que se contagie de coronavirus en la cárcel”. Anticipó que presentará un recurso para que intervenga el Tribunal Superior de Justicia.


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