La Justicia sobreseyó a Aguiar por los incidentes en la Legislatura

Casi dos años después, la causa penal por los disturbios frente a la Legislatura concluyó con un acuerdo económico en favor de los policías heridos y los dirigentes gremiales acusados fueron liberados de los cargos.

Todo finalizó esta semana, cuando el juez Favio Corvalán firmó el sobreseimiento pleno del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, detenido luego los hechos y acusado por “coacción agravada” contra el poder público.

Esos incidentes se generaron el 24 de mayo del 2017 en oportunidad de una manifestación gremial en rechazo a la aprobación legislativa del Plan Castello. La causa fue investigada por el fiscal Pedro Puntel, entonces con un fuerte impulso gubernamental. Se cumplieron incluso detenciones, entre ellas, la del Adjunto, Aldo Capretti y, luego, ocurrió lo mismo con Aguiar. Días después, el juez Carlos Mussi los procesó por “coacción agravada” al “poder público”, atentado “a la autoridad”, y “lesiones leves y graves”.

Eran otros momentos políticos en la provincia. La furia marcaba la relación de la administración provincial y la conducción de ATE.

A fines del año pasado, Capretti y otros dos imputados (Miguel Báez y Ariel Leguizamón) ya fueron liberados penalmente al aceptarse un criterio de oportunidad, justificado en que las cuatro víctimas -entre ellas, el comisario mayor Antonio Jesús Mandagaray- lograron un acuerdo de resarcimiento previo con la organización gremial.

Puntel se opuso a que Aguiar tuviese igual tratamiento, argumentando que el dirigente ya tenía concesiones similares por aplicación de estas herramientas conciliadoras en causas en el Alto Valle.

El fiscal se valió, además, de una resolución de la Procuración que imposibilita doble criterio de oportunidad para un imputado.

La defensa, a cargo de Diego Sacchetti, entendió que esa limitación se circunscribía a las causas de violencia de género y cuestionó la violación del principio de igualdad ante la ley.

Aún el rechazo de Puntel, su jefe Hernan Trejo dictaminó en línea con la defensa, planteando que el fiscal del caso aceptó a Aguiar como “parte del acuerdo económico con las partes pero siguió luego con la persecución penal y “es vulneratorio del principio de igualdad”. El criterio de oportunidad -agregó- es “la solución más adecuada y reparadora del daño”.

La querella de una policía, incorporada como nueva víctima, rechazó esa liberación penal y otro fiscal -Guillermo González Sacco- mantuvo el argumento favorable a Aguiar, entendiendo que “la reparación solicitada” por la uniformada no era “razonable” y que lo ocurrido “está dentro de los riesgos de la función policial”.

Al final, la fiscal Maricel Viotti Zilli convalidó lo dicho por sus pares y, ademas, consideró que “no existe posibilidad razonable para incorporar nuevos elementos de pruebas ni fundamentos”.
Por eso pidió considerar extinguida la acción penal y, consecuentemente, el sobreseimiento, que finalmente otorgó el juez Corvalán.

“Ahora queda claro que no debimos haber pasado un minuto en una celda. Este fallo muestra que en Río Negro son varios los jueces y fiscales que siguen obedeciendo órdenes de la política. Yo ahora quiero que el fiscal Puntel y el juez Mussi nos den explicaciones. Meten presos a trabajadores y pobres, y son cobardes para encarcelar a los verdaderos delincuentes”, aquellos de “guante blanco”, contraatacó ayer Aguiar.

Su abogado Sacchetti resaltó que “el legítimo ejercicio de un derecho constitucional no puede constituir la comisión de un delito. Peticionar ante las autoridades no puede ser lo que justifique la intervención del Estado en su vocación represiva”.

Ser y parecer independiente

Por Hugo Alonso

“Este fallo muestra que en Río Negro son varios los jueces y fiscales que siguen obedeciendo órdenes de la política”, dice Rodolfo Aguiar en su interpretación sobre el devenir de la causa penal más compleja que enfrentó desde que decidió ser protagonista de la vida política de la provincia.

Y si bien es claro que intenta reflejar que resultó perjudicado, la frase bien podría aplicarse en sentido inverso.

Después de las elecciones que marcaron un contundente triunfo del oficialismo provincial, con la paz entre ATE y el gobierno más sellada que nunca, cuesta no interpretar el final de esta causa como una actitud sumisa de la Justicia.

Las severas contradicciones dentro del mismo Ministerio Público, que empezó pidiendo una detención y terminó impulsando un sobreseimiento, alimentan esa imagen.

Y si no existe obediencia explícita al poder político, asombra la falta de timing.

Firmar una decisión de este calibre el día posterior a los comicios condiciona mucho a los que intentan promover desde su trabajo la independencia de la Justicia.