La Justicia y la memoria

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tendrá otra vez cinco miembros. Así lo ha dispuesto una mayoría de legisladores, once de los cuales hace siete meses votaron por la negativa. El debate parlamentario no despejó la razón del cambio de opiniones. Tampoco el porqué se interpreta que ampliar el número de jueces conllevará un mejor servicio de justicia, salvo la obviedad de que habrá más votos sobre un tema, si es que no se integran salas por fueros. Quedaron también sin respuesta las críticas formuladas desde el Superior Tribunal de Justicia –por la ampliación indeseada de plazos procesales–, de Sitrajur –que objetó las mayores erogaciones– y de Colegios de Abogados, que señalaron otras prioridades en el sector. En voz baja se admite que el argumento central en favor de la ampliación es la necesidad del gobernador Alberto Weretilneck de cumplir con compromisos que excedían el número actual de jueces. En el oficialismo afirman que el gobernador prometió en Cipolletti un lugar en el STJ a un representante de la Cuarta Circunscripción. Y a sectores de Viedma que el reemplazante de Sodero Nievas sería de la capital provincial. Y como además es necesario que haya al menos una mujer en el tribunal, la verdad se hace evidente: la motivación es claramente política. Y lo será aunque se busquen excusas adornadas con términos jurídicos. Así será, entonces. Ante el hecho consumado, sería ideal aprovechar la ampliación del tribunal para sumar a tres juristas de prestigio y probada calidad profesional y ética. De allí que se hayan puesto en debate las virtudes y deméritos intelectuales y éticos de quienes –se presume hasta ahora– estarían entre los propuestos a ocupar los dos nuevos cargos y la vacante ya creada por la jubilación de Víctor Sodero Nievas. Se menciona que la actual procuradora general del Poder Judicial, Liliana Piccinini, integraría la propuesta que el gobernador Alberto Weretilneck formule al Consejo “grande” de la Magistratura, conforme al artículo 204 de la Constitución provincial. También se promueven avales al camarista Jorge Bustamante y a la fiscal de Cámara Adriana Zaratiegui, entre otros. Siendo la memoria un ejercicio dilecto del periodismo, corresponde hacer un repaso de algunas de las acciones de los nombrados en causas de relevancia pública, en especial en aquellas vinculadas con delitos de corrupción u otras de especial interés para el poder político en las últimas décadas. La procuradora Liliana Piccinini ingresó al Poder Judicial en los 80. Se desempeñaba como fiscal en Viedma cuando, en 1991, pidió al entonces juez de Instrucción, Pablo Estrabou, que dictara el sobreseimiento de todos los funcionarios y empresarios imputados en la causa que investigaba abusos e irregularidades en la asistencia crediticia que el Banco Provincia de Río Negro había brindado a un puñado de empresas “amigas”, insolventes y morosas. Estrabou accedió a su pedido. El último día hábil de 1991, el juez sobreseyó a Edgar Massaccesi –expresidente de la desaparecida entidad estatal–, a Francisco Ricciardulli y a Daniel López, entre otros. Si la causa por el vaciamiento del ex-BPRN siguió adelante –y permitió más de diez años después la condena de varios exfuncionarios– no fue por la acción de la ahora procuradora sino consecuencia de una decisión de quien entonces ocupaba su cargo: a principios de 1991, atendiendo a la complejidad de la causa, José Lorenzo Tevez había designado a César Gutiérrez Elcaras como cofiscal y le había conferido facultades plenas para actuar en forma individual o conjunta con Piccinini. Gutiérrez Elcaras apeló el sobreseimiento pedido por la hoy procuradora y –ante el conflicto planteado por la divergencia de criterios entre ambos– recibió el aval de Hugo Mántaras, quien acababa de ser designado al frente del Ministerio Público. Dos años más tarde, en noviembre de 1993, Liliana Piccinini fue elegida jueza Correccional, durante una sesión del Consejo de la Magistratura que estuvo envuelta en controversia. Su designación –al igual que otras seis aprobadas ese día– fue convalidada por el voto de los tres legisladores y el del presidente del Superior Tribunal de Justicia. Quien ocupaba ese cargo, Jorge García Osella, debió hacer uso de su facultad de doble voto en caso de empate para neutralizar la encendida oposición de los tres representantes del Colegio de Abogados de Viedma y de la camarista Penal Susana Milicich. Ese mismo día, el oficialismo impuso como fiscal a Juan Bernardi, también con la oposición de los legisladores y del titular del Ministerio Público, Hugo Mántaras. Tras la polémica sesión, el Colegio de Abogados –presidido entonces por Jorge Bustamante– cuestionó el “lamentable precedente del peligroso avance del poder político sobre la Justicia”. La presión que el radicalismo entonces gobernante ejercía para condicionar la elección de jueces y fiscales era tal que en la Legislatura había desplazado al consejero por el peronismo –Miguel Pichetto– e impuesto en su lugar a Juana Soulé, una justicialista a quien la defección le generó el desprecio de su bancada. Tiempo después, el radicalismo volvió a beneficiarla nombrándola defensora del Pueblo adjunta y, al dejar ese cargo, siguió percibiendo salarios sin contraprestación laboral hasta su jubilación. Como jueza Correccional, Piccinini sobreseyó al extitular del BPRN Federico Polak por la denuncia que gerentes del Banco y el fiscal de Investigaciones Administrativas Pedro Funes habían formulado tras la compra y venta simultánea de bonos sin seguir los pasos internos y con un presunto resultado negativo de 500.000 pesos para la entidad. Pese a que varios ejecutivos testificaron en su contra, Piccinini entendió que tenía facultades suficientes para hacer la operación y que no se había probado que dos notas internas habían sido confeccionadas con posterioridad. Este relato encierra otras paradojas: • Miguel Pichetto, quien en su momento fue desplazado del Consejo de la Magistratura por el radicalismo para que no entorpeciera la designación –entre otros– de Piccinini, es quien hoy la impulsa hacia el Superior Tribunal de Justicia como candidata del gobierno del Frente para la Victoria. • Además, aquel abogado Jorge Bustamante que objetaba tal designación amañada por el oficialismo fue luego defensor particular de exfuncionarios sospechados de corrupción. Y, algo más tarde, accedió al cargo de juez y luego de camarista Penal con el voto del oficialismo radical. Siendo juez de la causa que investigó coimas en Lotería –todavía en trámite en el STJ–, se le objetó que participara de una velada musical y cena en el canal de televisión propiedad de Miguel Irigoyen, presidente de la entidad. Y, como camarista, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el hoy jefe del bloque del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, por la causa de los alimentos Flavors. Se sabe que cambiar de opinión es, en ocasiones, sinónimo de sabiduría. Aunque, en otras, los barquinazos no pueden menos que provocar asombro. Es de esperar que la justicia –y su brazo institucional: la Justicia– no sufran con todo esto un menoscabo mayor al que ya presentan.

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