La libertad bajo ataque

Que un funcionario gubernamental se haya sentido enojado por una nota periodística que no le gustó puede considerarse normal, sobre todo si se cree blanco de acusaciones injustas. También lo sería que lo manifestara en público, siempre y cuando reconociera que se trató de un caso puntual. Sin embargo, en la conferencia de prensa que se organizó el martes pasado a fin de difundir los resultados definitivos de las elecciones primarias del 14 de agosto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aprovechó la oportunidad para acusar a dos matutinos porteños, “Clarín” y “La Nación”, de atentar “contra la calidad institucional” y contra “la democracia” por haber informado que, según diversos dirigentes opositores –y algunos jueces–, se habían cometido irregularidades en la redacción de los telegramas enviados luego del escrutinio provisional. Dicho de otro modo, no era cuestión de información falsa o de opiniones a su entender injustas sino de hechos concretos de innegable interés público. Parecería, pues, que lo que querría Randazzo es que los medios se autocensuraran antes de difundir las declaraciones de miembros de agrupaciones opositoras a la espera de que el gobierno les permitiera hacerlo, lo que sí sería atentar contra la democracia. Más grave aún fue la advertencia previa formulada por Randazzo de que durante la reunión con los periodistas se proponía “masacrar” a los dos diarios. No es ningún secreto que el gobierno nacional está decidido a hacer cuanto resulte necesario para debilitar el Grupo Clarín, obligándolo a desmantelarse, y que a juicio de muchos militantes kirchneristas “La Nación” es vocero de “la oligarquía” –la de antes, no la actual–, pero así y todo sorprendió la crudeza con la que habló Randazzo. Parecería que están en lo cierto quienes temen que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se haya propuesto emprender, luego de ser reelegida en octubre, lo que se ha llegado a calificar de la “batalla final” contra aquellas empresas mediáticas cuya mera existencia le molesta pero que, para indignación de los partidarios del gobierno, siguen contando con muchos más lectores, radioescuchas y televidentes que las oficialistas. Por fortuna, en nuestro país el periodismo es pluralista. Como en todos los países democráticos, refleja una multitud de puntos de vista distintos, algunos muy favorables al gobierno kirchnerista, otros muy críticos y muchos, por decirlo así, neutrales. Que los comprometidos con el “proyecto” de Cristina, lo mismo que los integrantes del enjambre de partidos que constituyen la oposición, prefirieran que más medios los apoyaran es legítimo, pero no lo es en absoluto que para lograr sus objetivos un gobierno democráticamente elegido eche mano a métodos propios de regímenes dictatoriales, aprovechando el manejo del dinero aportado por los contribuyentes para premiar a los medios amigos y castigar a los considerados hostiles, como en efecto han hecho de manera sistemática los sucesivos gobiernos kirchneristas a partir de mayo del 2003. Tanto los dichos de Randazzo como la agresividad de agrupaciones afines al gobierno hacen temer que la Argentina corra el riesgo de experimentar un nuevo período de retroceso signado por campañas intimidatorias destinadas a dañar o silenciar a quienes no comulgan con el gobierno nacional, presiones económicas de todo tipo y legislación o decretos que sirvan para limitar cada vez más a la prensa libre. Por desgracia, el gobierno no ha sido en absoluto explícito en asegurar que está firmemente empeñado en defender la libertad de expresión. Por el contrario, ha hecho suya la idea de que está librando una especie de guerra cultural contra los reacios a apoyarlo con el fervor que cree apropiado y hay muchos oficialistas que creen que, por constituir los medios de difusión independientes la auténtica oposición, tienen derecho a ir a virtualmente cualquier extremo para contrarrestar su influencia. Es de esperar que quienes ocupan los puestos más importantes en el equipo de Cristina, entre ellos Randazzo, se nieguen a prestar atención al canto de sirena de las minorías que quieren devolver el país a los años cuarenta o los setenta del siglo pasado cuando gobiernos peronistas, apoyados electoralmente por una mayoría holgada, además de una dictadura militar de ideas no muy distintas cuando de la libertad de expresión se trataba, se las arreglaron para empobrecer intelectualmente el país reprimiendo a los disidentes.