La nacionalización de una metalúrgica genera dudas en Bolivia
La nacionalización de un complejo metalúrgico, administrado por una filial de la multinacional suiza Glencore, levanta dudas de diversa índole en Bolivia, un día después de que el presidente izquierdista Evo Morales recuperara el control pleno de la fundidora en favor del Estado.
Morales nacionalizó el viernes, apoyado por fuerzas militares, una fundidora de minerales gerenciada por 'Sinchi Wayra', filial de la suiza Glencore, en el marco de su política de estatización de los recursos naturales que alienta desde que asumió en enero de 2006.
Con la reversión al dominio del Estado del complejo metalúrgico Vinto, el gobernante socialista dio inicio además a una nueva era de industrialización de las materias primas bolivianas.
Una primera reacción fue expresada por el encargado del departamento de cooperación económica Suiza (SECO), Thomas Henstchel, quien dijo que Bolivia es libre de tomar decisiones soberanas y recordó que está en vigor un acuerdo binacional de seguridad jurídica para las inversiones. Este tratado, vigente desde 1990, señala específicamente que en casos como éste «por motivos de utilidad pública e interés nacional» corresponde «una justa compensación a las partes», destacó el funcionario suizo. «No podemos hablar si vamos o no a pedir indemnización. Hemos visto los procesos de nacionalización (de los hidrocarburos) que se han dado y no tienen nada que ver con expropiación», según Henstchel.
Las «irregularidades» en el proceso de transferencia de la fundidora de estaño y antimonio a la transnacional Glencore, cuando la planta «fue entregada a precio de gallina muerta (a precio de ganga)», hacen que «no corresponda indemnizar a nadie», señaló el ministro de Minería, Guillermo Dalence.
La planta, valuada en 90 millones de dólares, fue transferida en 1997 por el Estado a la inglesa Allied Deals, en diez millones de dólares, y tras su quiebra la vendió el año 2000 a la empresa Compañía Minera del Sur (Comsur), de propiedad del ex presidente ultraliberal y poderoso empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, en apenas 6 millones de dólares, según el gobierno. Tras haber sido derrocado por una insurrección popular en octubre de 2003, Sánchez de Lozada se exilió en Estados Unidos y, paralelamente, transfirió el 61% del paquete accionario de Comsur a 'Sinchi Wayra', filial de la suiza Glencore, por un precio no divulgado.
Por el momento, los nuevos ejecutivos iniciarán auditorías de índole técnica, jurídica y económica de Vinto, anunció Dalence. (AFP)
